La controversia gira en torno a la utilización del DNI digital en las mesas electorales y las condiciones técnicas necesarias para verificar su autenticidad. Foto: EP

El Supremo pone bajo examen la seguridad del DNI digital a doce días de las elecciones generales

17 / 11 / 2026 18:16

Actualizado el 17 / 11 / 2026 18:18

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de dos días al Ministerio del Interior para que certifique si los 61.603 dispositivos contratados para verificar la identidad de los ciudadanos que voten con el DNI digital en las elecciones generales del 29 de noviembre han superado los controles de seguridad exigidos por la legislación.

La decisión figura en una providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada en el marco del procedimiento judicial relacionado con la suspensión cautelar del voto de determinados españoles nacionalizados al amparo de la denominada «ley de nietos».

El alto tribunal quiere comprobar si, después de formalizarse el contrato de suministro en régimen de alquiler de los dispositivos, el Ministerio del Interior ha realizado las verificaciones de seguridad legalmente exigibles.

No basta con una respuesta afirmativa. Si Interior confirma que los controles se han efectuado, deberá aportar también la documentación técnica que justifique su realización y resultados.

La resolución se produce cuando faltan doce días para la celebración de las elecciones generales.

El Supremo quiere garantías técnicas antes de resolver

La Sala ha acordado requerir esta información antes de pronunciarse sobre la petición formulada por el partido Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo, en relación con el uso de la aplicación MiDNI para la identificación de los votantes.

La controversia gira en torno a la utilización del DNI digital en las mesas electorales y las condiciones técnicas necesarias para verificar su autenticidad.

La formación había planteado el levantamiento de la suspensión del portal MiDNI sobre la base de que el Ministerio del Interior confirmara que las mesas electorales dispondrían de dispositivos con cámara y navegador capaces de utilizar el verificador oficial.

Ahora, el Supremo añade una comprobación: determinar si esos equipos han sido sometidos a los controles de seguridad exigidos por la normativa.

La petición de documentación técnica permitirá al tribunal examinar si se han cumplido las garantías de seguridad previstas para su utilización durante la jornada electoral.

La providencia no supone, por sí misma, la suspensión del uso del DNI digital, sino un requerimiento de información antes de adoptar una decisión sobre la cuestión planteada.

La Junta Electoral Central ya había levantado la suspensión

El origen de esta controversia se encuentra en el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 5 de noviembre, mediante el cual levantó la suspensión del uso del DNI digital como medio de identificación de los electores.

Iustitia Europa presentó un escrito contra aquella decisión ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó ese escrito, pero acordó comunicar a la JEC las medidas cautelares solicitadas por Luis María Pardo para que pudiera formular alegaciones.

El tribunal concedió entonces al organismo electoral un plazo de tres días para pronunciarse sobre esas peticiones.

La nueva providencia incorpora un elemento adicional al examen judicial: la necesidad de acreditar que los dispositivos contratados para verificar las identidades cumplen los controles de seguridad.

El requerimiento judicial obliga ahora a Interior a aclarar si las comprobaciones se realizaron después de la contratación de los 61.603 equipos destinados a las elecciones a Cortes Generales.

En caso afirmativo, deberá acompañar la certificación con los documentos técnicos correspondientes.

El Supremo mantiene así pendiente su decisión sobre las medidas solicitadas, mientras recaba información sobre las garantías de identificación mediante el DNI digital.

La cuestión deberá resolverse en un calendario especialmente ajustado, dada la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre.

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