El Tribunal Supremo (TS) ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen que 163.355 personas nacionalizadas a través de la conocida como «ley de nietos» no puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo que acrediten documentalmente que son descendientes de españoles exiliados.
Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo mediante una providencia dictada este viernes, 20 de noviembre, en la que insiste en que deben cumplirse las medidas cautelares adoptadas anteriormente por el alto tribunal.
La resolución afecta tanto a los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), correspondiente a quienes viven en el extranjero, como a aquellos que actualmente residen en España.
No obstante, el Supremo establece una excepción para las 901 personas que ya han presentado una certificación consular acreditativa del exilio de sus ascendientes, así como para quienes consigan aportar ese documento antes de la jornada electoral.
De esta forma, y atendiendo a las cifras facilitadas hasta ahora, 162.454 personas mantienen suspendido cautelarmente su derecho al voto, aunque el número podría reducirse si se presentan nuevas certificaciones.
El Supremo cuestiona los informes remitidos por la Abogacía del Estado
La decisión llega después de que la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), comunicara al Supremo una reducción considerable del número de afectados.
Según los datos trasladados esta semana, cuando se cerró el censo electoral el pasado 1 de agosto había 163.355 personas incluidas en el colectivo afectado por las medidas cautelares.
Sin embargo, tras realizar distintas comprobaciones, la Administración situó esa cifra en 113.326 personas.
Una reducción que no ha convencido al alto tribunal.
Los magistrados expresan en su providencia la «difícil comprensión» de los informes presentados por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral, una apreciación que también había manifestado el Ministerio Fiscal.
Por ello, la Sala recuerda a ambos organismos que deben cumplir lo acordado en sus resoluciones anteriores.
En concreto, establece que ninguna de las 163.355 personas afectadas puede figurar como electora en los censos correspondientes, salvo que haya aportado la certificación consular exigida.
La medida implica que el cambio de residencia del extranjero a España no permite eludir la suspensión cautelar del voto.
El origen del conflicto: la Ley de Nietos
El procedimiento judicial tiene su origen en los recursos promovidos por Vox e Iustitia Europa, que cuestionaron determinadas incorporaciones al censo electoral de ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad española a través de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Esta norma, conocida popularmente como «ley de nietos», permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que tuvieron que abandonar España por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual.
El conflicto jurídico se centra especialmente en la interpretación y aplicación de una instrucción aprobada por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022, que estableció una presunción de exilio para determinados supuestos.
El Supremo acordó en septiembre suspender cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados afectados, salvo que acreditaran mediante certificación consular el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Esta suspensión no supone la retirada de la nacionalidad española ni constituye una resolución definitiva sobre el fondo del procedimiento.
Se trata de una medida cautelar adoptada mientras continúa la tramitación del recurso contencioso-administrativo.
Los hijos de los nacionalizados sí podrán votar
La decisión del Supremo no se extiende, sin embargo, a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la citada disposición.
Los recurrentes, Vox e Iustitia Europa, habían solicitado ampliar la suspensión a este segundo colectivo, pero el alto tribunal rechazó la petición.
Los magistrados consideraron que la solicitud se había presentado en una fase demasiado avanzada del calendario electoral.
A su juicio, incorporar entonces nuevas restricciones podía afectar a los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral, especialmente por la proximidad de las elecciones.
Por tanto, se mantiene la diferencia entre los nacionalizados directamente afectados por las medidas cautelares y sus descendientes, cuyo derecho al voto no ha sido suspendido.
Dos días para presentar alegaciones sobre el voto con DNI digital
En paralelo, el Supremo también ha adoptado otra decisión relacionada con las garantías de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Mediante una segunda providencia, la Sala ha concedido a las partes un plazo de dos días, hasta el próximo lunes 23 de noviembre, para presentar alegaciones sobre la documentación remitida por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior.
Estos documentos están relacionados con los controles de seguridad de los dispositivos que permitirán comprobar la identidad de los votantes mediante el DNI digital.
El tribunal deberá continuar examinando las garantías técnicas aportadas por la Administración antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas en este procedimiento.
Asimismo, el Supremo ha dado cuenta de la petición del Partido Popular (PP) para personarse en las actuaciones.
Los magistrados han requerido a la formación que aclare en qué condición pretende intervenir, puesto que, según precisa la Sala, únicamente podrá hacerlo como codemandada.
Ambos procedimientos continúan así su tramitación cuando faltan apenas nueve días para las elecciones generales, con el cumplimiento de las medidas cautelares sobre el censo y las garantías de identificación de los electores entre las cuestiones pendientes de resolución.