Las bajas laborales por trastornos de ansiedad aumentaron un 120 % en España entre 2018 y 2024. Detrás de esta cifra se esconde un problema que va mucho más allá de la salud mental: determinar cuándo el trabajo es responsable de la enfermedad y, por tanto, cuándo debe reconocerse como accidente laboral.
Los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) reflejan la dimensión del fenómeno. En ese periodo, las bajas por síntomas emocionales aumentaron cerca de un 490 % y los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230 %.
Los trastornos mentales constituyen ya la segunda causa de incapacidad temporal en España. Sin embargo, sufrir ansiedad relacionada con el entorno profesional no significa que la Seguridad Social reconozca automáticamente su origen laboral.
La diferencia entre una enfermedad común y un accidente de trabajo puede desembocar en una batalla judicial entre trabajadores, empresas, mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Precisamente este 16 de noviembre se ha conocido un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo que ilustra esa controversia.
La dificultad de demostrar que la ansiedad procede del trabajo
El principal obstáculo para estos trabajadores es jurídico y probatorio. El artículo 156.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social establece que pueden considerarse accidentes laborales las enfermedades contraídas como consecuencia de la actividad profesional.
Esta exigencia resulta especialmente compleja cuando se trata de trastornos psicológicos, que pueden tener diferentes causas personales, familiares y profesionales.
Por eso, los informes médicos no siempre son suficientes. También pueden resultar determinantes los correos electrónicos, las comunicaciones empresariales, los testimonios de compañeros, las denuncias internas y las actuaciones de la Inspección de Trabajo.
El artículo 156.3 contempla, además, una presunción de laboralidad para las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo, aunque su aplicación a los trastornos psíquicos exige examinar las circunstancias concretas.
El Supremo avala la baja tras una agresión
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de Goki Erreformak SL, una empresa guipuzcoana que pretendía revertir el reconocimiento como accidente laboral de la baja por ansiedad de uno de sus empleados.
El trabajador había sufrido una agresión física de un compañero que le provocó un trastorno adaptativo con ansiedad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) reconoció, a principios de 2026, el origen profesional de su incapacidad.
Según CCOO Euskadi, resultó determinante que el afectado tuviera que seguir coincidiendo diariamente con su agresor, pese a haber solicitado a la empresa medidas para evitarlo.
La compañía recurrió alegando posibles causas personales y extralaborales. Sin embargo, el Supremo inadmitió el recurso, dejando firme el reconocimiento del accidente laboral, sin entrar a examinar el fondo del asunto.
Cantabria: ansiedad por vejaciones
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2023 reconoció como accidente laboral la enfermedad de una operaria de Obras Públicas sometida a comentarios vejatorios de sus compañeros. La llamaban «la rubia» o «la oficiala» y uno de ellos llegó a hacer ademán de atropellarla con una apisonadora.
La trabajadora desarrolló depresión mayor, ansiedad generalizada y estrés postraumático. El tribunal consideró acreditada la relación causal mediante los informes médicos, la ausencia de bajas anteriores por ansiedad y la falta de otras causas que explicaran su enfermedad.
El mismo Tribunal Superior de Justicia de Cantabria llegó a una conclusión diferente en otro procedimiento.
Su sentencia 893/2023, de 22 de diciembre, confirmó que la incapacidad temporal de una directora comercial de Los Reginas SL debía calificarse como enfermedad común, pese a que la afectada aseguraba sufrir acoso laboral.
La trabajadora había experimentado una crisis de ansiedad durante su jornada de trabajo, después de un enfrentamiento con una compañera. Sin embargo, su historial clínico recogía episodios de ansiedad desde 2009 y tratamiento psicológico anterior a su incorporación a la empresa.
El tribunal entendió que no se había acreditado que el trabajo fuera la causa exclusiva de la incapacidad, considerando los antecedentes médicos y las circunstancias en las que se produjo la crisis.
El caso tenía una particularidad: el despido posterior de la trabajadora había sido declarado nulo en otro procedimiento. Pero esa circunstancia no determinó la calificación profesional de su enfermedad.
Galicia: no hace falta acoso
Otro ejemplo reciente es la sentencia 175/2026, de 16 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
La Sala de lo Social confirmó que la incapacidad temporal por ansiedad de una trabajadora del Ayuntamiento de Melón, en Ourense, derivaba de accidente laboral, rechazando los recursos presentados por la entidad municipal y MC Mutual.
El INSS había calificado inicialmente como enfermedad común la baja iniciada en agosto de 2023. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense reconoció su origen profesional.
El tribunal gallego valoró la existencia de una situación objetiva de conflictividad laboral, documentada mediante comunicaciones, cambios de funciones y discrepancias profesionales.
También tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes psicopatológicos que hubieran provocado bajas anteriores y de factores ajenos al empleo que explicaran el cuadro clínico.
La resolución confirma que no es imprescindible acreditar acoso laboral para reconocer el origen profesional de la ansiedad. Sin embargo, cada caso exige demostrar la relación causal.
Prestaciones y responsabilidad
La calificación tiene consecuencias económicas. En una enfermedad común, la prestación ordinaria alcanza el 60% de la base reguladora entre los días cuarto y vigésimo y el 75 % desde el vigesimoprimero.
En un accidente laboral, el trabajador percibe el 75 % desde el día siguiente a la baja, sin perjuicio de las mejoras del convenio colectivo.
Además, si se acredita un incumplimiento empresarial de las obligaciones preventivas relacionado con el daño, pueden exigirse indemnizaciones y un recargo de prestaciones del 30 % al 50 %. Este recargo no es automático: requiere acreditar la responsabilidad empresarial.