Ana Martín, decana del Colegio de Zamora; Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; Salvador González, presidente de la Abogacía Española durante su intervención; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del Consejo de Castilla y León; y Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora.

«La calidad de una democracia se mide por cómo cuida a quien más lo necesita»: el presidente del CGAE reivindica a los olvidados de la justicia

28 / 05 / 2026 05:43

Zamora acogió ayer la inauguración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que durará hasta mañana viernes. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, aprovechó el escenario para decir en voz alta lo que lleva tiempo pensando.

No fue un discurso de cortesía.

Una reforma judicial que existe sobre el papel

González fue directo con la reforma judicial. Exigió que los cambios legislativos en materia de justicia se construyan con «escucha activa, consenso y recursos suficientes».

Y lanzó un dato que resulta difícil de defender: un año después de la entrada en vigor de la ley que la creaba, la Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia —el órgano diseñado para coordinar toda la reforma— sigue sin constituirse.

«Incomprensible», la calificó. Sin más adornos.

Los abogados que defienden a quien no puede pagarse uno

El núcleo emocional del discurso llegó cuando González habló del turno de oficio. Son los abogados que asumen la defensa de quienes no tienen medios para costeársela. Los más necesarios y, con frecuencia, los peor pagados del sistema.

Reclamó una nueva ley de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas.

Y dejó la frase que define el tono de toda su intervención: «La calidad de una democracia se mide por cómo cuida a quienes defienden a quien más lo necesita».

Sobre otro frente abierto desde hace años —las pensiones de los abogados mutualistas— González fue más optimista.

El Congreso de los Diputados ha dado «un paso de gigante». Aunque la Abogacía, advirtió, seguirá presionando para mejorar el texto hasta el último momento.

Diego Bernardo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora; Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del Consejo de Castilla y León; Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española; y Ana Martín, vicepresidenta primera del CACYL y decana del Colegio de Abogados de Zamora.

«El algoritmo ni es abogado ni lleva toga»

González también habló de inteligencia artificial. Reivindicó el liderazgo de la institución en la adaptación tecnológica —el programa de formación digital Upro ya llega a más de 25.000 profesionales, 1.200 en Castilla y León— pero fue tajante sobre los límites: «El algoritmo ni es abogado ni lleva toga». La IA, subrayó, solo será una herramienta válida si se usa «de forma ética, responsable y con criterio profesional».

Añadió la necesidad de combatir la publicidad engañosa y el intrusismo de plataformas de servicios legales que operan en zonas grises del mercado.

Balance de legislatura

González cerró con un inventario de logros conseguidos gracias, según defendió, a la unidad institucional: la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, mejoras en conciliación laboral, el Reglamento de Amparo Colegial, la recuperación de representación española en la dirección de la abogacía europea y la implantación de protocolos contra el acoso en la profesión.

Una Abogacía que, en sus palabras, se presenta «unida, fuerte y cercana». Aunque con batallas abiertas que, a juzgar por el tono del día, no tiene ninguna intención de abandonar.

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