La Abogacía Española, a través de su presidente, Salvador González, pide suspender plazos y actividad judicial en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón debido a los incendios forestales.

La Abogacía Española pide al CGPJ y a Bolaños suspender los plazos procesales en las zonas afectadas por los incendios

27 / 07 / 2026 05:45

Actualizado el 27 / 07 / 2026 06:35

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha solicitado formalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la suspensión de los plazos procesales y administrativos en los partidos judiciales de los territorios afectados por los incendios forestales que desde hace una semana golpean la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

La petición incluye también la paralización de la actividad ordinaria en esos órganos judiciales y la suspensión automática de las actuaciones para los profesionales de la abogacía que ejercen en las zonas siniestradas.

Según González, se trata de «una medida imprescindible para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa».

Una petición que ya han formulado el ICAM y los procuradores

La solicitud de la Abogacía Española no es la primera de este tipo desde que se declaró la emergencia por los incendios.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) activó el pasado 25 de julio una atención prioritaria para los colegiados afectados, con guardias telefónicas, apoyo emocional y amparo ante suspensiones de plazos.

Los procuradores, por su parte, han trasladado peticiones equivalentes reclamando la paralización de señalamientos y plazos en las demarcaciones más golpeadas por el fuego.

El precedente del protocolo de emergencia del CGPJ

La petición de González llega después de que el Pleno del CGPJ aprobara el pasado 22 de julio un protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe, con fundamento en el artículo 24 de la Constitución y el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ese protocolo prevé, entre otras medidas, la suspensión de plazos procesales en las circunscripciones afectadas, la habilitación de sedes alternativas, la protección de archivos y la reprogramación de vistas orales.

La Comisión Permanente del Consejo ha mantenido contactos con las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y Madrid para valorar su activación, a la espera de la evolución de los incendios.

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