El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado hoy a la creciente escalada de críticas lanzadas desde distintos ámbitos del Gobierno y del PSOE contra actuaciones judiciales concretas.
La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado una declaración institucional en la que expresa su «preocupación» por las manifestaciones realizadas por responsables de altas instituciones del Estado que ponen en cuestión la independencia judicial y el sometimiento de los jueces a la ley.
La declaración llega en un contexto de fuerte tensión política tras las recientes investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista y después de que varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Óscar López y Óscar Puente, así como otros dirigentes socialistas, hayan cuestionado públicamente determinadas actuaciones judiciales y policiales.
El órgano de gobierno de los jueces llama al respeto institucional
En su pronunciamiento, la Comisión Permanente del CGPJ sostiene que determinadas declaraciones procedentes de «cualificados responsables de altas instituciones del Estado» contribuyen a «erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho».
El órgano recuerda que la independencia judicial, el derecho de defensa y el respeto a los principios constitucionales constituyen algunos de los pilares esenciales sobre los que descansa el sistema democrático español.
Por ello, advierte de que los ataques o descalificaciones dirigidos contra actuaciones jurisdiccionales concretas pueden tener consecuencias que trascienden el debate político.
Según señala el texto aprobado, un clima de confrontación institucional de esta naturaleza «debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada» y pone en cuestión los fundamentos mismos del Estado de Derecho cuando la actividad judicial es utilizada como instrumento de confrontación política.
Una respuesta sin citar nombres, pero con destinatarios evidentes
Aunque el CGPJ evita mencionar expresamente a ningún miembro del Gobierno o dirigente político, la declaración se produce apenas horas después de que diversos responsables socialistas intensificaran sus críticas a investigaciones judiciales en curso.
En los últimos días, el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, cuestionó públicamente determinadas actuaciones judiciales.
«He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria», han declaro.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mantenido una línea especialmente crítica desde las redes sociales respecto de jueces e investigaciones que afectan al entorno del PSOE.
«Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve un gobierno que se quiere derribar con métodos nada democráticos», ha declarado.
A estas manifestaciones se han sumado declaraciones del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha denunciado lo que considera una diferente vara de medir en el tratamiento judicial de asuntos relacionados con el PSOE y con el Partido Popular.
En el Congreso de las Juventudes Socialistas también hizo referencia a los que pretenden «derribar al Gobierno con malas artes«.
La respuesta del CGPJ constituye, por tanto, una de las reacciones institucionales más contundentes producidas hasta ahora desde el ámbito judicial frente a estas críticas.
La independencia judicial, en el centro del debate
La declaración concluye con un recordatorio expreso de que el respeto a la independencia judicial resulta incompatible con la descalificación de los jueces o con la atribución a la función jurisdiccional de finalidades distintas de aquellas que le encomienda la Constitución.
Para el órgano de gobierno de los jueces, presentar determinadas decisiones judiciales como instrumentos de persecución política o atribuir a los tribunales objetivos ajenos a la aplicación de la ley supone cuestionar uno de los principios esenciales del sistema constitucional.
El pronunciamiento se produce además en un momento especialmente sensible para las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, marcado por varias investigaciones de elevada repercusión política y por un clima de creciente confrontación institucional.
Con esta declaración, el CGPJ vuelve a situarse como garante de la independencia judicial y lanza un mensaje inequívoco a los responsables públicos: la crítica legítima a las resoluciones judiciales no puede convertirse en una deslegitimación de la función jurisdiccional ni en un cuestionamiento de los fundamentos del Estado de Derecho.
