La llamó “la máquina del fango” en abril de 2024.
Lo escribió el propio presidente del Gobierno en aquella carta dirigida a la ciudadanía con la que intentó convertir una crisis política y personal en una especie de plebiscito emocional sobre su figura.
No hablaba entonces de jueces. Ni de fiscales. Ni de unidades policiales.
Hablaba —según dijo— de una maquinaria de intoxicación, bulos, pseudomedios y destrucción personal.
Pero la política española tiene una extraña costumbre: las frases solemnes envejecen muy deprisa.
Y algunas terminan regresando como un boomerang.
Porque hoy la imagen que ocupa portadas, tertulias y conversaciones no es precisamente la de una “máquina del fango” mediática.
Es la de una entrada y registro judicial en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz.
Una diligencia acordada por un juez.
Practicada conforme a la ley.
Con presencia policial.
Dentro de la más estricta normalidad judicial.
Y precisamente por eso, políticamente devastadora.
Hay fotografías que resumen una época.
Y luego existen imágenes que la desmontan.
«Una democracia sólida debería comprender algo elemental: una entrada y registro judicial no es fango. Fango es intentar convencer a los ciudadanos de que la ley sólo es legítima cuando favorece al poder».
La democracia española ha sobrevivido a escándalos políticos de todos los colores.
Filesa.
GAL.
Gürtel.
ERE.
Y ha sobrevivido precisamente porque los jueces investigaron.
No a pesar de ello.
Y por eso resulta tan preocupante la tendencia actual a presentar toda investigación judicial incómoda como una operación política.
El relato construido
Durante años, el PSOE intentó construir un relato muy concreto: toda sospecha era persecución; toda investigación, una operación política; toda crítica, una conspiración de la derecha mediática, judicial o empresarial.
La corrupción ya no era corrupción.
Era “lawfare”.
Era “fango”.
Era “acoso”.
Era una ofensiva contra un Gobierno progresista.
«Cuando un Gobierno desacredita de forma sistemática cualquier investigación judicial que le afecte, acaba erosionando algo mucho más grave que la oposición política: erosiona la propia legitimidad institucional del sistema».
El problema aparece cuando las diligencias judiciales dejan de ser una hipótesis periodística y se convierten en resoluciones, informes, registros y procedimientos penales.
Porque entonces el relato empieza a resquebrajarse bajo el peso incómodo de los hechos.
Y los hechos tienen una desagradable costumbre: no entienden de propaganda.
Tampoco de consignas.
La entrada y registro en una sede política posee siempre una enorme carga simbólica.
La tuvo en el caso Filesa en los años noventa.
La tuvo en Génova durante la investigación de la financiación irregular del Partido Popular.
Y la tiene hoy en Ferraz.
No porque equivalga automáticamente a culpabilidad alguna.
Una cosa es la investigación y otra la culpabilidad
Porque una cosa es la investigación y otra muy distinta la culpabilidad.
Porque en un Estado de Derecho las diligencias no sustituyen a las sentencias.
Pero tampoco pueden ser despachadas como simples campañas de intoxicación cuando emanan de órganos jurisdiccionales y se practican con control judicial.
Ahí es donde la retórica del “fango” empieza a volverse peligrosamente autodestructiva.
Porque si todo es fango, entonces la Justicia termina convirtiéndose en una sospecha más.
Y cuando un Gobierno desacredita de forma sistemática cualquier investigación judicial que le afecte, acaba erosionando algo mucho más grave que la oposición política: erosiona la propia legitimidad institucional del sistema.
Porque los jueces pueden equivocarse.
Los fiscales también.
Incluso las resoluciones judiciales pueden ser revocadas.
Lo que una democracia no puede permitirse es instalar la sospecha permanente de que toda actuación jurisdiccional resulta ilegítima cuando afecta al poder.
Ese es el camino que conduce a la desconfianza institucional.
Y las democracias no suelen morir por exceso de controles.
Suelen deteriorarse cuando los controles empiezan a considerarse intolerables.
Ese quizá sea el verdadero problema de fondo de la política española contemporánea.
La incapacidad de aceptar la normalidad democrática de la investigación judicial.
Como si el poder otorgara una especie de presunción reforzada de inocencia política.
Como si determinadas estructuras del Estado debieran quedar inmunizadas frente al control jurisdiccional por el mero hecho de representar una causa ideológica supuestamente superior.
Porque la Justicia puede absolver.
Puede archivar.
Puede incluso concluir que no existió delito alguno.
Lo que no puede hacer nunca es dejar de investigar cuando existen indicios para hacerlo.
Y una democracia sólida debería comprender algo elemental: una entrada y registro judicial no es fango.
Fango es intentar convencer a los ciudadanos de que la ley sólo es legítima cuando favorece al poder.
Todo lo demás tiene otro nombre.
Se llama Estado de Derecho.
Y ninguna democracia ha salido fortalecida cuando decidió combatir a los jueces en lugar de respetar sus decisiones.
Nunca.
