El miércoles, Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a 117 personas que intentaban alcanzar Ceuta a nado. No en una semana: en un día.
El CETI de la ciudad, diseñado para 512 plazas, hace tiempo que dejó de ser una cifra para convertirse en una metáfora.
Y España entera, fiel a una costumbre nacional que consiste en buscar culpables antes que causas, ha encontrado al suyo: un tribunal.
El Supremo tiene la culpa, se repite en tertulias y titulares, porque una sentencia de finales de junio habría abierto la puerta del Estrecho.
Conviene decirlo pronto y sin anestesia: no. El Tribunal Supremo ha hecho lo único que un tribunal puede hacer en un Estado de Derecho, que es leer la ley y aplicarla.
La culpa —si queremos seguir usando esa palabra tan penal para un problema tan político— es de quienes han permitido que la ley sea lo único que nos queda.
Porque lo que la crisis de Ceuta revela no es un exceso judicial, sino un vacío de poder. Y ese vacío no lo ha creado la Sala Tercera: lo han creado décadas de decisiones europeas y españolas que nos han dejado con toda la soberanía formal del mundo y sin la capacidad material de ejercerla.
Disparar al mensajero togado
Veamos primero qué dijo exactamente el tribunal, porque en el ruido se ha perdido lo esencial.
La sentencia, dictada el 29 de junio por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, resolvía el caso de un ciudadano argelino interceptado en el mar cuando intentaba llegar a nado a Ceuta y entregado de inmediato a Marruecos.
El Supremo no ha declarado ilegal el rechazo en frontera, la figura que el legislador introdujo en 2015 en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.
Ha delimitado su ámbito: el rechazo inmediato presupone un elemento físico de contención fronteriza —la valla— que quien entra intenta franquear.
Quien llega por mar no franquea nada. Los drones, las cámaras térmicas y los sensores, dice la sentencia con una precisión que cualquier jurista reconocerá como impecable, «no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta». Detectan, pero no retienen.
Y donde no hay contención física, no hay rechazo en frontera posible: hay procedimiento ordinario de devolución, con identificación, expediente y garantías.
Quien haya seguido la jurisprudencia europea sabrá que esta lectura no es un capricho garantista, sino el reverso exacto de la doctrina que salvó las devoluciones en la valla.
Cuando la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo avaló en 2020 las devoluciones inmediatas en el asunto N.D. y N.T. contra España, lo hizo precisamente porque los recurrentes habían asaltado un dispositivo físico de contención pudiendo acudir a vías legales de entrada.
La contención física era la clave de bóveda de aquella doctrina. El Supremo no ha hecho más que extraer la consecuencia lógica: donde la valla no existe, el régimen excepcional que la valla justifica tampoco.
Quien ha pasado casi cuatro décadas aplicando leyes que otros escribieron sabe distinguir entre dos reproches que la conversación pública confunde sin cesar: el reproche a la sentencia y el reproche al resultado.
La sentencia es técnicamente sólida. El resultado es socialmente insostenible. Pero la distancia entre ambas cosas no la cubre el juez: la cubre el legislador. Y la propia resolución se lo dice al poder político con una franqueza inusual, al apuntar que la Administración podría establecer elementos físicos de contención en el mar que delimitaran de forma efectiva la frontera marítima.
Es decir: el tribunal ha señalado la puerta y ha entregado la llave. Nadie ha ido a abrirla. Disparar al mensajero togado tiene, además, un coste que los francotiradores de tertulia no computan: cada vez que se traslada al juez la responsabilidad del legislador, se erosiona un poco más la separación de poderes que esos mismos críticos dicen defender cuando les conviene.
La nuda propiedad de la soberanía
Pero si el Supremo no tiene la culpa, ¿quién la tiene?
Aquí es donde la discusión española se queda corta, porque busca al responsable dentro de las fronteras cuando el problema está en que las fronteras ya no delimitan lo que creemos.
Formalmente, España conserva íntegra su competencia sobre extranjería, y la Unión Europea acaba de estrenar, el pasado 12 de junio, su Pacto sobre Migración y Asilo: nueve reglamentos y una directiva, controles obligatorios, procedimientos acelerados, mecanismo de solidaridad.
Sobre el papel, jamás hubo tanta soberanía migratoria escrita. Y sin embargo Ceuta se desborda siete semanas después de que Bruselas proclamara que recuperaba el control.
La explicación exige una distinción que el Derecho civil conoce desde siempre y que la geopolítica redescubre cada generación: la que separa la titularidad del ejercicio.
En la escena internacional, lo decisivo no es lo que un Estado puede hacer formalmente —se da por supuesto que un soberano tiene todo el camino jurídico por delante—, sino la capacidad de hacer valer condiciones más allá de sus fronteras. Y esa capacidad no se decreta: se tiene o no se tiene.
Estados Unidos, primera potencia militar de la historia, lleva meses comprobando que ni toda su fuerza doblega a Irán, como hemos sostenido en esta misma serie.
Si eso le ocurre al hegemón frente a un adversario declarado, imagínese lo que le ocurre a la Unión Europea frente a vecinos de los que depende para casi todo: para el gas, para los fosfatos, para la contención migratoria y hasta para la información antiterrorista.
El caso de Marruecos es el espejo más incómodo. En mayo de 2021, en plena crisis diplomática por la acogida española del líder del Frente Polisario, miles de personas entraron en Ceuta en 48 horas ante la pasividad ostensible de la gendarmería marroquí.
No hace falta afirmar intenciones que nadie confesará: basta constatar que Rabat tiene incentivos objetivos para graduar el flujo migratorio como palanca de negociación —sobre el Sáhara, sobre la pesca, sobre las aduanas de Ceuta y Melilla— y que el precedente demuestra que sabe usarla.
La conclusión es tan sencilla como humillante: la frontera sur de Europa no la custodia España. España la subcontrata. Y quien subcontrata la custodia de su frontera ha convertido su soberanía en nuda propiedad: conserva el título, pero el usufructo lo ejerce otro.
La diplomacia del talonario
Se objetará que la Unión sí actúa hacia el exterior. Es cierto, y ahí está precisamente el diagnóstico. Desde 2016, la política migratoria exterior europea se resume en un solo instrumento: el cheque.
6,000 millones de euros a Turquía para que retuviera en su territorio a los refugiados sirios. Memorandos con Túnez y con Egipto dotados con miles de millones. Partidas crecientes para Rabat, para Nuakchot, para quien haga falta.
Cada uno de esos acuerdos se presentó como un éxito diplomático.
Ninguno lo es, porque cuando la única palanca exterior de que dispones es el dinero, no compras cooperación: alquilas una tregua revocable. Y el precio del alquiler lo fija el arrendador, que sabe —porque tú mismo se lo has enseñado— que cada crisis en la frontera sube la renta.
La paradoja alcanza aquí una perfección casi literaria: el propio Pacto dedica un reglamento entero a las situaciones de crisis y de instrumentalización de los migrantes, la figura que Europa acuñó tras comprobar, en la frontera bielorrusa en 2021, que un autócrata puede fabricar una crisis migratoria como quien abre una espita.
La Unión ha hecho lo que mejor sabe hacer: darle nombre jurídico al arma que le apunta. Tiene el concepto tipificado, definido y publicado en el Diario Oficial. Lo que no tiene es el medio de disuadir a quien la empuña. Legislar sobre la instrumentalización sin poder impedirla es levantar acta notarial de la propia vulnerabilidad.
El tributo es la diplomacia de quien no puede permitirse otra.
Las potencias serias combinan incentivos y costes: ofrecen inversión, acceso a mercados y seguridad, y pueden imponer consecuencias cuando el vecino incumple.
La Unión Europea ofrece lo primero con cuentagotas y carece por completo de lo segundo. ¿Qué coste ha pagado jamás un Estado vecino por instrumentalizar la migración contra Europa?
La respuesta es ninguno, y esa respuesta la conocen en Rabat, en Ankara y en Minsk mejor que en Bruselas.
Mientras tanto, la Comisión presume de que los cruces irregulares han caído un 55 por ciento en dos años. Puede que la estadística agregada sea cierta.
Pero el poder no se mide en la media continental: se mide en el punto exacto donde el Estado se encuentra con quien nada. Y en ese punto, esta semana, el Estado consistía en una lancha de Salvamento Marítimo y un centro de acogida desbordado.
El poder se fue con la riqueza
Queda la pregunta de fondo: ¿cómo hemos llegado a esto? Y aquí hay que resistir la tentación de la coyuntura, porque la impotencia europea no nació con esta crisis ni con la anterior.
Es el sedimento de décadas de decisiones que fueron erosionando, una a una, las fuentes materiales del poder. Una política energética que encareció por elección propia el insumo básico de toda industria.
Una regulación convertida en sustituto de la innovación, que ha hecho de Europa el continente que normativiza tecnologías que ya no produce —sobre esa brecha he escrito en esta serie, y el argumento no ha hecho más que envejecer bien—.
Una demografía declinante que nadie quiso gestionar a tiempo y que convierte la inmigración, simultáneamente, en necesidad económica y en trauma político.
El resultado agregado es un continente que pesa cada año un poco menos en el producto mundial, en la tecnología de frontera y en la capacidad militar. Y el poder internacional no es más que la sombra proyectada de esas tres magnitudes.
Y en el plano interno, el cuadro se completa con un legislador que tiene la llave en la mano y ningún incentivo para usarla.
La sentencia señaló expresamente el camino —elementos físicos de contención que delimiten la frontera marítima, con las reformas normativas correspondientes—, y ese camino exige lo que un Parlamento fragmentado y un Gobierno en minoría difícilmente pueden ofrecer: una decisión impopular en algún flanco, asumida con coste propio.
Es más rentable, en términos de supervivencia política, dejar que el desgaste lo absorban una ciudad autónoma sin peso electoral y un tribunal que no se presenta a las elecciones. La impotencia exterior y la parálisis interior no son dos problemas: son el mismo, visto desde las dos orillas.
Sin riqueza relativa no hay palancas. Sin palancas no hay política exterior, y sin política exterior no hay política migratoria posible: hay, como mucho, gestión de llegadas.
Esa es la situación exacta de España y de la Unión en el verano de 2026. Podemos legislar —el Pacto lo demuestra—, podemos sentenciar —el Supremo lo demuestra—, podemos pagar —el talonario lo demuestra—.
Lo que no podemos es lo único que importa: hacer que nuestras condiciones rijan más allá de la playa. Vuelvo así sobre una idea que he defendido en columnas anteriores y que cada mes encuentra nueva confirmación: Europa no es vasalla por imposición ajena, sino por dimisión propia. Nadie nos quitó el poder.
Lo fuimos gastando en la comodidad de creer que las reglas podían sustituirlo.
Se me opondrá la réplica seria, que no es la de las tertulias sino la institucional, y merece respuesta.
Primera: que aplicar garantías incluso a quien llega a nado es exactamente lo que nos distingue de las autocracias vecinas, y que un Estado de Derecho no puede desear tribunales más dóciles. De acuerdo sin reservas: por eso este artículo defiende al Supremo.
Segunda: que la presión migratoria es estructural —la demografía africana no se negocia— y que ningún poder la detendría por completo. También es cierto, pero confunde el problema: nadie sensato aspira a detener la historia; se aspira a gestionarla en condiciones propias y no ajenas, que es justamente lo que ya no hacemos.
Tercera: que ceder soberanía a Bruselas no es perderla sino agregarla. Sería verdad si la suma se ejerciera. Pero la soberanía compartida solo multiplica el poder de quien la aporta cuando el conjunto actúa como potencia, y la Unión ha demostrado tener chequera, burocracia y estadística, pero no brazo. Las garantías sin capacidad acaban siendo la coartada de la impotencia: proclamamos principios porque ya no podemos imponer condiciones.
Hace 25 siglos, en Melos, los débiles invocaron la justicia y los fuertes invocaron el poder.
Europa ha conseguido algo que Tucídides no llegó a imaginar: invocar la justicia habiendo dejado extinguir el poder que la hacía audible.
El Supremo ha cumplido su parte: ha dicho el derecho. Lo que ya no tenemos es a nadie, del otro lado del Estrecho, obligado a escucharlo.
