Los jueces siguen luchando por la paridad en su profesión.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) han firmado un comunicado conjunto dirigido a la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresando su preocupación por el grado de cumplimiento del II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, vigente desde 2020.
Según estas asociaciones judiciales, el desarrollo de este Plan está siendo claramente «insuficiente» pese a algunos avances puntuales.
Esta valoración se produce tras la última reunión de la Comisión d Seguimiento del Plan, celebrada el pasado 9 de marzo, en la que participaron los representantes de las asociaciones y de la Comisión de Igualdad del CGPJ.
Un plan ambicioso con resultados ilimitados
El II Plan de Igualdad se estructura en 20 ejes y 103 medidas orientadas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la carrera judicial.
Sin embargo, seis años después de su aprobación, las asociaciones consideran que su ejecución dista de los objetivos inicialmente previstos.
Aunque reconocen el trabajo técnico desarrollado por el personal de la Comisión de Igualdad, subrayan que el balance global «no puede calificarse como satisfactorio».
Entre los progresos identificados, destacan una mayor participación equilibrada en actividades formativas y el impulso de iniciativas como la elaboración de un prontuario sobre derechos de conciliación o la introducción de medidas de lenguaje inclusivo.
También se ha puesto en marcha la Red de Especialistas de Igualdad, encargada de implementar determinadas medidas del Plan, así como el desarrollo de un protocolo de protección para miembros de la carrera judicial víctimas de violencia de género o familiar, actualmente en fase avanzada.
Falta de impacto en los ámbitos clave
Sin embargo, mayor peso del comunicado conjunto reciben los aspectos estructurales del sistema judicial.
Las asociaciones denuncian la escasa incorporación de los principios de igualdad en normas clave, especialmente en el Reglamento de nombramientos discrecionales.
Resulta especialmente significativo que, pese a la ausencia de una ratio de representatividad adecuada (mínimo 60%–40%) en los puestos judiciales y gubernativos de máxima responsabilidad, se haya aprobado el Reglamento de Nombramiento de Cargos Discrecionales sin observar el sistema de ponderación o baremación objetiva de méritos previsto en el artículo 326.2 de la LOPJ.
Se sigue, además, sin reconocer el valor curricular de las labores de cuidado y atención a la familia y a personas dependientes, ni la exigencia de ternas paritarias (Eje II, medidas 2, 3 y 6).
Además, lamentan que la Comisión de Igualdad informara favorablemente el texto sin incorporar estas previsiones.
Persisten los desequilibrios en los puestos de poder
Uno de los indicadores más relevantes, la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad, sigue mostrando cifras alejadas de los objetivos de paridad.
Actualmente, ningún órgano de máxima responsabilidad judicial alcanza el 40% de representación femenina.
La situación actual de presencia de mujeres es la siguiente: Presidencia de Salas del Tribunal Supremo, 20% de mujeres; Sala Civil, 33%; Sala Penal, 21%; Sala Contencioso-Administrativo, 33%; Sala Social, 20%; Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, 23,5%; Presidencias de Audiencias Provinciales,
32%. En la Audiencia Nacional, solo una mujer preside la Sala de Apelación, estando las cuatro Salas restantes ocupadas por hombres.
Para las asociaciones, estos datos evidencian una desconexión entre los compromisos normativos y su aplicación práctica.
Un momento clave ante reformas pendientes
El contexto actual se considera especialmente relevante, dado que están en tramitación el futuro Reglamento de la Carrera Judicial, el Reglamento de Aspectos Accesorios, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Personal, el Reglamento de reutilización de resoluciones judiciales, así como otras regulaciones en materia de prevención de riesgos, unificación de módulos de dedicación y retribución variable, entre otras.
Las asociaciones reclaman que estos textos incorporen de forma efectiva los principios del II Plan de Igualdad y que se garantice su participación en el proceso normativo.
Cabe destacar que las cuatro asociaciones han reiterado su compromiso con la aplicación del Plan de Igualdad y han instado al CGPJ a implicarse de forma más activa.
