Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’, ha aceptado que Foro Judicial Independiente (FJI), una de las cuatro asociaciones de jueces, se persone en la causa como acusación popular.
FJI es la asociación de Beatriz Biedma, la magistrada de Badajoz que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El magistrado materializó su decisión el jueves pasado a través de una providencia.
La causa investiga una presunta trama para torpedear los procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. La habría dirigido el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.
Pedraz, sin embargo, no ha aceptado que la asociación actúe como parte separada, por lo que deberá inegrarse en la acusación popular unificada que lidera el PP una vez deposite la fianza de 10.000 euros. Porque el magistrado les ha denegado su petición de quedar exenta de pagarla.
Recurso para evitar “cualquier imagen de afinidad” política
Roberto García Ceniceros, presidente de la Comisión Gestoria de FJI, lamenta las dos decisiones. «Consideramos que no es adecuado que formemos parte de una acusación popular de perfil tan político como el que representa el PP. Nuestro objetivo en este caso es el de actuar como asociación profesional en defensa de su asociada y de toda la carrera judicial”, explica.
«En consecuencia, vamos a recurrir ambas decisiones, la de integrarnos en la acusación popular del PP y en lo que se refiere a la fianza de 10.000 euros. Si ejercemos la acusación popular debemos hacerlo “libre de cualquier imagen de afinidad con partidos políticos, sean del signo que sean”, ha avanzado.
Si no lo logran, podrían plantearse la retirada de la causa, aunque el presidente de FJI confía en no llegar a ese punto. El PP fue la primera persona jurídica o física que se personó en la causa. La norma que se suele seguir es que, por ello, ejerce el liderazgo en los interrogatorios y en las decisiones que se deben tomar.
Biedma ya está personada como perjudicada. Denunció haber sido objeto de maniobras para obtener información sobre ella y su entorno, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas en su contra y apartarla de determinados procedimientos.
Además, acusa al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, imputado en la causa, de poner en peligro “su integridad física”.
Críticas al CGPJ
FJI ha reprochado al Consejo General del Poder Judicial su “indolencia” por no haber condenado de forma unánime los hechos denunciados.
A juicio de la asociación, si consta que una jueza ha sufrido “sufrimiento y zozobra” solo por hacer su trabajo, el órgano de gobierno de los jueces debería mostrar “un apoyo sin fisuras”, al margen de que los investigados sean inocentes o culpables.
La asamblea de FJI cerró su XXII Congreso, celebrado la semana pasada, reiterando su “apoyo y solidaridad” a Biedma frente a las “actuaciones de presión y persecución”. También ratificó que le dará asesoramiento y asistencia jurídica y que se personará en la causa como acusación popular.
