Foro Judicial Independiente (FJI) cerró ayer su XXII Congreso, en Jaén, con un respaldo expreso a Beatriz Biedma. Ella es asociada de FJI y magistrada destinada en Badajoz; fue quien instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La asamblea dedica tres de sus 22 conclusiones, fechadas el 6 de noviembre, a la magistrada. En ellas denuncia lo que llama “actuaciones de presión y persecución” contra ella “y las personas de su entorno personal y familiar”.
El texto incluye la salvedad de la presunción de inocencia, pero fija un principio: “ningún juez ha de ser perturbado en el ejercicio normal de su trabajo, para la indagación y enjuiciamiento de los hechos objeto del proceso”.
FJI no se queda en la declaración. La asamblea ratifica dos decisiones que ya había tomado su dirección: dar asesoramiento y asistencia jurídica a Biedma y personarse en la causa como acusación popular.
“Evidencia el alto grado de politización”
La conclusión vigésima es la más dura contra el órgano de gobierno de los jueces. FJI “lamenta que desde el CGPJ no se haya dado apoyo expreso a su compañera con motivo de estos hechos”.
Según la asociación, eso “no hace sino evidenciar el alto grado de politización de este órgano y la necesidad de modificar el sistema de elección de sus vocales, conforme a los requerimientos que se vienen haciendo desde Europa”.
El reproche se suma a otros anteriores. El 16 de octubre, los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid mostraron su apoyo a Biedma ante la “falta de pronunciamiento” del Consejo General del Poder Judicial sobre los seguimientos y presiones que la magistrada ha denunciado.
El caso en la Audiencia Nacional
Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional, en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Pedraz aceptó a Biedma como acusación particular al considerar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada “al menos por el delito de calumnia”.
El 8 de octubre la magistrada declaró como perjudicada. Aseguró que se sintió perseguida, angustiada e incómoda.
En el centro de la investigación está Luis José Sáenz de Tejada, exmiembro de la carrera judicial. Según la prensa, está imputado por calumnias y coacciones contra ella. Además, la jueza ha pedido a la Audiencia Nacional que lo cite a declarar como investigado.
Políticos que señalan a jueces
Las conclusiones sobre Biedma van precedidas de otras dos, de alcance general, sobre los ataques políticos a los jueces. FJI admite que las resoluciones “son susceptibles de crítica”.
Sin embargo, sostiene que nada justifica atacar “a la persona del juez que la dictó”, porque eso supone “un grave atentado contra los principios de separación de poderes y de independencia judicial”.
La asociación también rechaza que algunos políticos pidan al CGPJ, “de manera directa o indirecta”, medidas disciplinarias contra jueces concretos. Lo considera “especialmente grave” en un sistema “en el que los veinte vocales son elegidos por los políticos”.
En el apartado europeo, FJI exige que se cumpla el Informe sobre el Estado de Derecho 2026 de la Comisión Europea. Reclama la elección directa de los vocales judiciales por la propia carrera, como ya defendió la Comisión de Venecia en su informe de 13 de octubre de 2025.
La Asociación no descarta una nueva huelga de jueces
Más allá del respaldo a Biedma, el XXII Congreso ha dejado abierta la puerta a una nueva movilización de la carrera judicial.
FJI manifiesta su «rotunda oposición» al sistema de protección de la salud judicial derivado del acuerdo aprobado por el Pleno del CGPJ el 25 de marzo de 2026.
Considera que ese modelo perjudica gravemente el derecho a la salud de los jueces y vulnera la legislación de prevención de riesgos laborales.
Por ello, la asamblea ha autorizado a su Gestora a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluida la posibilidad de convocar una huelga, en coordinación con las restantes asociaciones judiciales.
El objetivo inmediato es impedir que el sistema cuestionado se incorpore al nuevo Reglamento de la Carrera Judicial.
La asociación exige además que el CGPJ cumpla la sentencia 581/2023, de 22 de septiembre, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa a la protección de la salud laboral de los jueces.
En concreto, reclama la aprobación definitiva de módulos de cargas de trabajo que determinen cuánto puede asumir razonablemente un juez sin poner en riesgo su salud.
Y plantea una condición fundamental: esos parámetros deben establecerse mediante estudios realizados por especialistas en prevención de riesgos laborales.
No deben calcularse a partir de las estadísticas de asuntos efectivamente resueltos.
La explicación es que tomar como referencia la productividad actual de juzgados sobrecargados podría terminar convirtiendo situaciones extraordinarias de exceso de trabajo en obligaciones ordinarias para toda la carrera judicial.
Mientras se aprueban los módulos definitivos, FJI exige que se establezcan otros provisionales.
Reclamaciones salariales pendientes desde 2023
La situación retributiva constituye otro frente de conflicto con el Ministerio de Justicia.
La asociación denuncia la «patente falta de voluntad» del departamento para cumplir los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales en mayo de 2023, que permitieron entonces desconvocar una huelga de jueces y fiscales.
Ante esta situación, la asamblea ha autorizado a su dirección a acudir a los tribunales y promover nuevas medidas de conflicto colectivo.
Entre las reclamaciones destaca el pago de los atrasos pendientes de las pagas extraordinarias desde enero de 2023.
También exige revisar la remuneración de las guardias judiciales, de manera que refleje la carga real de trabajo y la responsabilidad asumida por los jueces.
La organización plantea, asimismo, modificar el cálculo de los trienios y reconocer un complemento de carrera profesional.
En relación con las guardias, FJI reclama que se tenga en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de octubre de 2025, asunto C-373/24, sobre las condiciones de trabajo de los fiscales croatas.
La resolución europea establece criterios para determinar cuándo los periodos de guardia presencial o de disponibilidad deben calificarse como tiempo de trabajo.
La asociación considera que esta doctrina debe proyectarse sobre la carrera judicial española para mejorar las condiciones laborales y facilitar la conciliación.
Críticas a la implantación de los tribunales de instancia
El congreso también ha cuestionado la reforma organizativa de la Justicia.
FJI se ratifica en su rechazo a la forma en que se han implantado los tribunales de instancia y cuestiona el «discurso triunfalista» del Ministerio de Justicia sobre su funcionamiento.
La organización reclama reuniones periódicas entre el departamento ministerial y las asociaciones judiciales para evaluar los efectos de la nueva estructura en los diferentes territorios.
También insiste en que la creación de plazas judiciales aprobada para 2026 debe tener continuidad durante los próximos años.
Su objetivo es aproximar la proporción de jueces por habitante de España a la de los países de nuestro entorno.
Defensa del sistema de oposiciones y más medios para los nuevos jueces
En materia de acceso a la carrera judicial, FJI defiende el actual modelo de oposiciones, complementado con la formación impartida por la Escuela Judicial de Barcelona.
Considera que este procedimiento garantiza los principios de mérito, capacidad, objetividad y transparencia.
Sin embargo, reclama reforzar la formación práctica de los futuros jueces en organización de agendas, gestión del tiempo y prevención de la sobrecarga laboral.
Para la 78.ª promoción, que será especialmente numerosa, propone suprimir la fase de sustitución y refuerzo durante el periodo formativo y permitir el ingreso en la carrera en situación de expectativa de destino.
La asociación también pide medios adecuados para los jueces recién incorporados que deben asumir investigaciones especialmente complejas y mediáticas.
Menciona expresamente las causas relacionadas con la DANA de Valencia y los accidentes de Adamuz y Urda.
FJI expresa su confianza en la preparación técnica de estos profesionales, aunque advierte de que necesitan recursos suficientes para desempeñar sus funciones con garantías.
El congreso también ha mostrado su preocupación por las dificultades que atraviesa la Administración de Justicia en Ceuta y ha reclamado que las medidas de refuerzo judicial ante situaciones extraordinarias se adopten con mayor rapidez.
Roberto García Ceniceros continuará como presidente
La asamblea, concluyó después de dos días –jueves y viernes– con la renovación de los órganos de dirección de Foro Judicial Independiente.
Roberto García Ceniceros fue reelegido presidente por un año más.
También renovaron sus cargos como vocales de la Gestora, por un periodo de dos años, Alejandro Vega, María Celorrio y Aarón Andueza.
Continuarán formando parte del órgano de dirección Amparo Salom, Carmen Cano y Álvaro Vacas, que no tenían que renovar en esta Asamblea.
