El comisario jubilado José Manuel Villarejo llevaba años siendo el acusado al que todos señalaban. Este lunes, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la Operación Kitchen, devolvió el foco donde él siempre ha querido colocarlo: en Mariano Rajoy.
La tesis del comisario jubilado, para quien la Fiscalía reclama 19 años de prisión —la pena más alta de todo el proceso—, es tan sencilla como perturbadora.
Existía, según su versión, una operación policial «oficial y correcta» para localizar bienes de Luis Bárcenas en el extranjero.
Dinero escondido. Cuentas en Suiza. Nada fuera de lo ordinario en términos de inteligencia financiera. Pero alguien, en algún momento, torció ese objetivo.
Y ese alguien, afirma Villarejo, fue el expresidente del Gobierno.
«A mí me da la sensación de que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta para que, si había algo que le afectara a él, pues trincarlo», expuso el comisario a preguntas de la Fiscalía.
Y añadió, con la ironía que le caracteriza: «Tengo la impresión de que tanto el exministro Fernández Díaz, el secretario de Estado Martínez, como todos, fueron engañados por el genio de Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu».
El Cardhu es un whisky escocés.
La cadena del interés: de Cosidó a Santamaría
Villarejo no se limitó a señalar a Rajoy. Trazó una cadena de mando del interés político que, según él, gravitaba sobre la operación desde sus inicios.
El entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, le trasladó que «había interés en las altas instancias» sobre la información sensible que Bárcenas pudiera atesorar.
Cosidó, precisó el comisario, mantenía «relaciones estrechas» con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y según le comentó el propio exdirector general, «había muchísimo interés» en controlar cualquier eventual difusión de esa información por parte del extesorero.
El hilo llega hasta Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Seguridad también sentado en el banquillo. «De ahí que el secretario de Estado tuviera mucho interés en que hiciera bien mi trabajo, y por eso le informé en alguna ocasión», reconoció Villarejo.
En concreto, sobre la captación de Sergio Ríos —el entonces chófer de Bárcenas— como confidente de la Policía Nacional.
Sobre el exministro Jorge Fernández Díaz, en cambio, fue tajante: nunca le informó «jamás» de los pormenores de la operación. Una distinción que no es menor, dado que la Fiscalía solicita para él 15 años de cárcel.
El CNI también estaba «preocupado»
Más allá del Ministerio del Interior, Villarejo situó al Centro Nacional de Inteligencia en el perímetro de la operación.
El Gobierno tenía «interés» y el CNI «preocupación» —dos verbos distintos, ambos reveladores— sobre las informaciones que Bárcenas pudiera guardar relacionadas con «altas instancias del Estado».
La distinción no es semántica. Interés político y preocupación institucional son cosas distintas. Y Villarejo, hombre que conoce los matices del poder como pocos, las diferenció.
La cocina de Bárcenas
El comisario también desveló el origen del nombre que acabaría bautizando el mayor escándalo de espionaje político de la democracia reciente.
«Entendía que era llegar hasta la cocina de Luis Bárcenas, de dónde cocinaba sus informaciones. Obviamente, de cocina pasé a cocinero, y a cada una de mis fuentes le asigné un cocinero: cocinero 1, cocinero 2…».
Y añadió, consciente de la carga histórica del término: «La Kitchen es un nombre periodístico que ha encajado, porque dicen que es la mayor corrupción que ha habido en este país».
Una denominación periodística que, paradójicamente, nació de una taxonomía policial. Como tantas otras cosas en este caso: lo que empezó siendo una cosa acabó siendo otra muy distinta.
La declaración de Villarejo se produce en el mismo día en que su exsuperior jerárquico, el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, describió ante el mismo tribunal una versión mucho más aséptica de los hechos: una simple operación de seguimiento del dinero de Bárcenas, sin instrucciones políticas, sin espionaje, sin nada que no fuera trabajo policial ordinario.
Dos versiones del mismo relato. Dos acusados que, al mismo tiempo, se exculpan y se señalan mutuamente. El tribunal tendrá que decidir cuál de las dos arquitecturas narrativas se sostiene. O si ninguna lo hace del todo.
