El juicio de la ‘Operación Kitchen’ entra esta semana en su fase final. Tras más de tres meses de vista oral en la Audiencia Nacional, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios escuchará a partir de este lunes los informes finales de las defensas que aún no han intervenido, previsiblemente hasta el miércoles, y el jueves los ocho acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra antes de que la causa quede vista para sentencia.
El proceso indaga en el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior —entonces bajo la dirección de Mariano Rajoy— para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas y, presuntamente, obstaculizar así las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido.
El lunes corresponde el turno a Antonio García Cabrera, abogado defensor del comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que seguirán las defensas del comisario Andrés Gómez Gordo y del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Petición de pena: 19 años para Villarejo
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Villarejo la pena más alta del procedimiento: 19 años de prisión, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
Según el relato del fiscal César de Rivas, Villarejo captó como confidente al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para localizar «información y documentación del ‘caso Gürtel’ que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad», según la formulación textual del escrito de acusación.
Esa información, sostiene la Fiscalía, era trasladada por Villarejo al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quienes a su vez informaban al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Los tres figuran también como acusados.
En la semana precedente, las defensas de Fernández Díaz, Martínez y Pino solicitaron la absolución de sus clientes.
Su tesis —que constituye la versión de la defensa, no un hecho probado— es que se trató de un operativo de inteligencia legal orientado a indagar en el patrimonio de Bárcenas y a determinar si ocultaba dinero en el extranjero.
Las agendas de Villarejo, prueba central
El fiscal situó en su informe final las agendas y grabaciones de Villarejo como el soporte probatorio de la acusación.
Sostuvo que Villarejo, cuando hablaba con terceros, «podía incluso fanfarronear o exagerar», pero que en sus anotaciones privadas «no se engaña a sí mismo» y redactaba «exactamente lo que estaba viviendo».
Añadió que lo relevante de esas anotaciones «no es tanto el hecho en sí de la captación como que plasma la participación de todos y cada uno de los encausados» —cita literal atribuida al fiscal en su informe final—.
Frente a esta lectura, las defensas consideran que se trata de indicios «subjetivos» y cuestionan la fiabilidad de su contenido. Ambas posiciones se recogen aquí con el mismo espacio, sin que ello prejuzgue su validez probatoria, que corresponde valorar al tribunal.
El resto de peticiones
La Fiscalía pide 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo por los mismos tipos penales (encubrimiento, malversación y contra la intimidad).
Para Sergio Ríos solicita 12 años y medio, además de la nulidad de su nombramiento como funcionario de Policía, cargo que presuntamente obtuvo por su colaboración en la trama.
a petición más baja recae sobre el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas: dos años y medio por un presunto delito de encubrimiento.
La familia Bárcenas, como acusación particular, y PSOE y Podemos, como acusación popular, mantienen su acusación contra el comisario José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), pese a que Anticorrupción solicitó el archivo de la causa en lo que a él respecta.
