El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un nuevo paso en la investigación del caso Plus Ultra. Ha pedido a 13 entidades bancarias que entreguen toda la información sobre 57 cuentas relacionadas con la causa desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.
De esas 57 cuentas, 25 pertenecen a personas físicas. Entre ellas están el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz; sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa; su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar Jiménez; y el empresario Julio –Julito– Martínez Martínez.
Las otras 32 cuentas son de sociedades. En total, el juez investiga trece empresas distintas: Affita, Affita Capital, ASP Rentas, Caletón Consultores, Iot Domotic Europe, Inteligencia Prospectiva, Mérida Capital, Nez Asesores, Nez Capital, Pickashop, Softgestor, Zenitram Partners y Zenzap.
Con este requerimiento, el instructor busca reconstruir el movimiento del dinero entre las personas y las sociedades investigadas, un paso más dentro de la causa que ya analiza compras de vivienda y otras operaciones patrimoniales del entorno del expresidente.
En su auto Calama advierte, y esto es relevante, que la mayor parte de la información financiera manejada hasta ahora procede de datos tributarios declarados por los propios interesados, pendientes de verificación mediante acceso directo a las entidades bancarias.
Es precisamente esa verificación la que justifica las 57 cuentas ahora reclamadas.
Luz verde a la UDEF
La resolución, firmada ayer 29 de julio por titular de la plaza 4 del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción (antes Juzgado Central de Instrucción 4), admite las diligencias de investigación solicitadas por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) y abre además una pieza reservada para depurar de la causa los datos irrelevantes o que afecten a la intimidad de los implicados antes de su incorporación a las actuaciones principales.
El magistrado considera indispensable establecer el «origen, trazabilidad y destino final» de los fondos que han circulado por el entramado societario y las cuentas personales de los investigados.
Busca confirmar la existencia de una «estructura organizada y estable», presuntamente dirigida por Zapatero, que se dedicaría al ejercicio de influencias ilícitas a favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Softgestor.
También quiere verificar si los cuantiosos pagos recibidos por el expresidente y la sociedad de sus hijas (Whathefav) corresponden a servicios reales o si se trata de «contratos de asesoría simulados» (como conferencias, mediación o análisis geopolítico) utilizados para justificar y ocultar el destino real de los fondos.
Y aclarar, por ultimo, la operativa de al menos 27 sociedades controladas por Julio Martínez Martínez, las cuales presentan flujos internos intensos que carecen de «justificación económica» o lógica, dificultando el rastreo del dinero.
El mapa de las 57 cuentas
El reparto por titular, según el propio auto, es el siguiente:
José Luis Rodríguez Zapatero: 6 cuentas (2 en Banco Santander, 3 en CaixaBank —una de ellas como autorizado en una cuenta titulada por su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz— y 1 en BBVA).
Alba Rodríguez Espinosa (hija): 4 cuentas (Santander, CaixaBank y Openbank).
Laura Rodríguez Espinosa (hija): 4 cuentas (Santander y CaixaBank).
María Gertrudis Alcázar Jiménez (secretaria de Zapatero): 9 cuentas, la cifra más alta entre las personas físicas, repartidas entre Santander, CaixaBank, ING, Deutsche Bank y EVO Banco.
Julio Martínez Martínez: 2 cuentas (CaixaBank y Bankinter).
Trece sociedades del entramado: 32 cuentas en total, con Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Affita, Affita Capital, Pickashop, Zenzap y Mérida Capital entre las que concentran más productos bancarios requeridos.
Las entidades bancarias afectadas son Banco Santander, CaixaBank, Openbank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, ING Bank, Deutsche Bank, ABANCA, Caja Rural de Jaén-Barcelona-Madrid y CACEIS Bank Spain.
Los indicios recogidos en el auto
Según expone la resolución, la investigación sitúa en el centro de una presunta estructura organizada a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se atribuye el ejercicio de influencias ilícitas en favor de tres clientes: Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
Esos clientes habrían retribuido los servicios mediante contratos de asesoría que el auto califica de simulados, con un destino final de los fondos que señalaría al propio Zapatero y a Whathefav, sociedad administrada por sus hijas.
El auto describe a Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador de un entramado de al menos 27 sociedades con indicios de control unitario —domicilios coincidentes, objetos sociales amplios, modificaciones simultáneas—, y a María Gertrudis Alcázar Jiménez como interviniente habitual en comunicaciones, documentación y agenda de Zapatero, lo que justifica —según el instructor— el análisis de sus 9 cuentas pese a que no se han detectado ingresos directos desde el entramado hacia ella.
«En su auto Calama advierte, y esto es relevante, que la mayor parte de la información financiera manejada hasta ahora procede de datos tributarios declarados por los propios interesados, pendientes de verificación mediante acceso directo a las entidades bancarias».
En cifras, el auto recoge que Zapatero habría recibido 490.780 euros de la consultora Análisis Relevante entre 2020 y 2025, además de transferencias muy superiores procedentes de sociedades como Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552 euros), Gate Center (352.980 euros), Focus Social Research (200.000 euros) u once entidades más, justificadas —según los investigadores— mediante conferencias, mediación o asesoramiento estratégico.
Whathefav aparece como segunda gran receptora de fondos, con ingresos procedentes de Inteligencia Prospectiva (561.440 euros), Análisis Relevante (242.423 euros) y otras sociedades, y con salidas de 247.191 y 199.904 euros hacia Laura y Alba Rodríguez Espinosa respectivamente; el auto señala a Zapatero como autorizado en ambas cuentas de sus hijas.
Llama la atención que Whathefav, pese a ser descrita como pieza central del presunto entramado, no figura entre las 32 cuentas mercantiles cuya información se requiere directamente en este auto.
En total, entre 2020 y 2025 Zapatero y la empresa de sus hijas, Whatthefav, habrían recibido más de 4,1 millones de euros, según el auto del magistrado Calama.
Operaciones inmobiliarias bajo sospecha
El ladrillo, por otra parte, se ha convertido en la nueva pieza del rompecabezas judicial que instruye el magistrado instructor de la Audiencia Nacional.
En este auto pone la lupa sobre un conjunto de operaciones inmobiliarias que no se corresponden con la capacidad económica declarada por los implicados en la investigación sobre la presunta red de influencias encabezada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El episodio que más atención concentra es la compra, el 26 de febrero de 2024, de una vivienda en la calle Ramón Crespo de Madrid por parte del propio Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa.
El matrimonio pagó 580.000 euros, financiados en parte con un préstamo hipotecario de 500.000 euros concedido por el Banco Santander.
Lo singular, subraya el auto, es la rapidez de la amortización: apenas once meses más tarde, el 16 de enero de 2025, el matrimonio canceló anticipadamente el préstamo mediante una transferencia de 498.000 euros.
El magistrado quiere determinar si ese dinero procede de las cuentas donde, según su hipótesis, se recibían abonos de firmas como Kreab o Thinking Heads; pagos que la investigación sospecha que podrían retribuir influencia política bajo la apariencia de servicios de asesoría.
Junto al expresidente, el auto detalla otro caso que califica de llamativo: el de María Gertrudis Alcázar Jiménez, su secretaria personal.
Alcázar adquirió el 12 de junio de 2023 el 100% de una propiedad en Velilla de San Antonio, valorada en 132.055 euros, sin recurrir a financiación hipotecaria.
Los pagos se realizaron por transferencia o domiciliación entre 2021 y 2023. El instructor apunta que no constan herencias, ventas previas ni otras operaciones que expliquen el origen del dinero empleado en una compra íntegramente al contado.
También sobre Julio Martínez
La investigación se extiende también al entramado societario de Julio Martínez Martínez, gestor de confianza del expresidente.
Dos de sus sociedades aparecen señaladas en el auto. Zenitram Partners S.L. vendió en 2025 un local comercial en Alcorcón por 600.000 euros, sin que el tribunal haya podido esclarecer ni cómo se adquirió originalmente el inmueble ni el destino final de buena parte de los fondos de la venta, que no permanecieron en las cuentas de la mercantil.
Mérida Capital S.L., por su parte, suscribió dos contratos de opción de compra sucesivos sobre una misma parcela en Novelda (Alicante); la finca, no obstante, sigue registrada a nombre de la sociedad, y se desconoce el destino del dinero entregado en concepto de arras.
Para Calama, ninguna de estas operaciones responde a una «lógica económica» reconocible, y su dinámica resulta incompatible con el objeto social de las empresas investigadas, según recoge el propio auto.
De ahí, la investigación de las 57 cuentas bancarias, para las que ha requerido los extractos detallados desde el año 2020, en un intento de trazar si estas viviendas, locales y solares constituyen el destino final de una estructura orientada a diluir el rastro de fondos de origen presuntamente ilícito.
Así lo ha ordenado a cada una de las 13 entidades bancarias citadas a través de sus interlocutores con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
