La Comisión Europea ha llevado por segunda vez a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber corregido la legislación que dificulta que los ciudadanos puedan reclamar al Estado una indemnización por los daños causados por leyes nacionales contrarias al Derecho de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario considera que España continúa sin aplicar plenamente la sentencia dictada por el TJUE en junio de 2022, que concluyó que la normativa española imponía condiciones y limitaciones que hacían «excesivamente difícil» que los particulares pudieran obtener una compensación por los perjuicios derivados de una vulneración del Derecho de la UE por parte del legislador.
El procedimiento se inició en 2015, cuando la Comisión recibió varias denuncias sobre la compatibilidad con el Derecho europeo de determinados aspectos de las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Bruselas abrió un expediente de infracción contra España en junio de 2017 y, ante la ausencia de modificaciones legislativas, decidió llevar el asunto por primera vez ante el TJUE en 2019.
La sentencia dictada por el tribunal europeo en junio de 2022 dio la razón a la Comisión y determinó que las normas españolas dificultaban en exceso el acceso de los ciudadanos a una indemnización por los daños ocasionados por una vulneración del Derecho de la Unión.
El TJUE podría sancionar a España
Cuatro años después de aquel fallo, la Comisión considera que España todavía no ha incorporado plenamente sus exigencias al ordenamiento jurídico nacional.
En diciembre de 2025, Bruselas envió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Tras los posteriores intercambios, el Ejecutivo comunitario entiende que el incumplimiento persiste.
La Comisión señala que el proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación en el Parlamento español, por lo que ha decidido remitir nuevamente el caso al TJUE.
En caso de que los jueces europeos concluyan que España ha incumplido la sentencia de 2022, el tribunal podrá imponer al Estado una multa a tanto alzado y una sanción económica diaria hasta que se produzca el cumplimiento del fallo.
