La Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado el recurso presentado por unos clientes de Ibercaja, después de ser víctimas de un fraude que les hizo perder más de 6.000 euros. Decisión con la que el tribunal acata la nueva doctrina europea, y obliga a la entidad bancaria a devolver el dinero a sus clientes.
Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta casi indispensable para el día a día. No sólo en cuanto al entorno profesional, sino también en las tareas más cotidianas.
Y es que, actualmente, trámites como realizar una transferencia, pagar los impuestos o hacer la compra, se han convertido en procedimientos que gran parte de la población española realiza por Internet.
Algo que, sin embargo, conlleva un importante riesgo que no todo el mundo tiene asumido: el convertirse en una posible víctima de una estafa digital. Especialmente, en víctima de un proceso de “phising” (engaño por correo electrónico), “smishing” (por SMS), “vishing” (llamada telefónica) o “spoofing” (falsificación de una identidad del remitente por una web o número de teléfono).
Una cuestión ante la que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciaba, señalando como responsables de ese engaño a las entidades bancarias, que deben cuidar de sus usuarios, pese a las posibles acciones imprudentes de los mismos.
Doctrina del tribunal europeo que, ahora, ha aplicado la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia 522/2026.
Así pues, todo comenzaba cuando Fabio y Zaida (nombres ficticios), clientes de Ibercaja, caían en una estafa de smishing.
Una cuestión ante la que el banco se negaba a devolver el dinero a sus clientes, debido a que la estafa se había producido debido a una «reiterada negligencia grave» por parte de la pareja.
Ello, «al haberle revelado sus claves de seguridad, clave de firma y clave de ratificación, y sus datos bancarios, al tercero que le llamó por teléfono, el estafador, y con quien estuvo conversando por WhatsApp haciéndose pasar por el gestor de la banca digital de la entidad».
Un engaño en el que Ibercaja tendrá responsabilidad
Cuestión que llegaba ante los tribunales; en concreto, ante la sección civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza, plaza nº3 que, en su sentencia de 30 de julio de 2024, desestimaba las pretensiones de los clientes de Ibercaja afectados.
Un caso que la pareja llevaba, en recurso de apelación, ante la AP de Zaragoza. En concreto, ante los magistrados María Jesús de Gracia Muñoz (presidenta), Antonio Angós Ullate (ponente) y María Olga González Viejo.
Magistrados que, en su sentencia 522/2026, estimaban las pretensiones de los clientes bancarios, aplicando la reciente doctrina del TJUE de 15 de octubre de 2026.
«El TJUE mantiene una especie de «solve et repete» invertido. Es decir, a favor del consumidor reclamante y en contra del banco», explica la sentencia.
Ello, implicando «la obligación de devolución inmediata por parte del proveedor de la cantidad defraudada en el caso de que no se alegue fraude, sino negligencia grave». Ello, pudiendo reclamar posteriormente el banco, en este caso Ibercaja, «la devolución del dinero defraudado alegando que ha incurrido en una negligencia grave».
«De esta manera, el reembolso no es definitivo, pero la iniciativa procesal y la carga de probar la negligencia grave corresponden a la entidad, no al consumidor», expone la AP.
Así pues, valora el tribunal que la doctrina del TJUE «determina que no debamos analizar si el actor incurrió o no en negligencia grave, dado que se impone la obligación de pago inmediato».
Algo que supone, en este caso, la estimación del recurso de apelación, condenando a Ibercaja a devolver a sus clientes 6.147 euros, más los intereses legales.
Con imposición de costas.
