La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un presunto delito de terrorismo, al considerar que los hechos investigados quedan amparados por la ley de amnistía al ‘procés’, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado julio.
Los magistrados de la Sala de lo Penal acuerdan el sobreseimiento libre de las actuaciones contra los doce procesados por la extinción de su responsabilidad penal. Tanto la Fiscalía como las defensas habían solicitado el archivo de la causa a raíz del pronunciamiento del tribunal europeo.
Los magistrados consideran que, a la luz de los argumentos jurídicos de la sentencia del TJUE, la ley de amnistía no contradice las directivas europeas relativas a la lucha contra el terrorismo y, por tanto, debe aplicarse a los hechos objeto de este procedimiento.
La Sala sostiene además que los hechos, pese a haber sido calificados provisionalmente como un posible delito de terrorismo, no constituyen graves violaciones intencionadas de derechos humanos.
Por ello, entiende que no comprometen los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y no discriminación, ni los de primacía y cooperación leal, por lo que procede el archivo libre de las actuaciones.
La Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial al TJUE
La decisión llega después de que la propia Audiencia Nacional planteara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si la aplicación de la ley de amnistía a los procesados era compatible con el derecho comunitario.
El tribunal español había expresado sus dudas sobre esa posibilidad, al considerar que podía contravenir la normativa europea y garantizar la impunidad de los delitos investigados.
En noviembre de 2023, la Sala de lo Penal confirmó la conclusión del sumario acordada por el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, y abrió juicio oral contra los doce miembros de los CDR por su presunta pertenencia a organización terrorista.
La investigación atribuía a los procesados su supuesta integración en el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula formada por un núcleo radicalizado de personas procedentes de distintos CDR a la que se achacaba la intención de recurrir presuntamente a la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
Antes de solicitar la aplicación de la amnistía, la Fiscalía había pedido que los doce procesados fueran juzgados por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito o fabricación de explosivos y estragos en grado de tentativa.
