La vista celebrada hoy en la Audiencia Nacional ante el magistrado Antonio Piña, titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia —el antiguo Juzgado Central de Instrucción número 6—, ha transcurrido sin sobresaltos procesales, pero dejó sobre la mesa dos cuestiones que pueden resultar decisivas en las próximas semanas: la petición de libertad de James Cox Chambers, conocido como Fergie Chambers, y las dudas planteadas por su defensa sobre la solidez jurídica de la reclamación formulada por Estados Unidos.
Chambers explicó al magistrado las dificultades que, está encontrando para preparar adecuadamente su defensa desde prisión.
El empresario y activista expuso que no se enfrenta a un expediente sencillo. El elevado volumen de documentación, la complejidad técnica del procedimiento y las limitaciones propias de su situación de privación de libertad estarían dificultando, según su versión, tanto el estudio del caso como la coordinación con sus abogados.
Sus letrados, Aitor Martínez y Josep Riba, defendieron además que Chambers no pretende sustraerse a la acción de la Justicia española y rechazaron que exista riesgo de fuga.
Como elementos de arraigo, destacaron su decisión previa de establecer su residencia en España y su situación familiar. Su pareja está embarazada y, según explicaron ante el tribunal, atraviesa un embarazo de alto riesgo.
Sobre esa base, los abogados defensores volvieron a solicitar su puesta en libertad. La petición podría quedar resuelta a lo largo de esta semana.
El debate que se suscitó durante la vista fue mucho más allá de las circunstancias que rodean la prisión provisional.
La defensa cuestiona la ausencia de una acusación formal en Estados Unidos
Uno de los principales frentes abiertos por los abogados de Chambers afecta directamente a la forma en que las autoridades estadounidenses han articulado la reclamación.
A la salida de la comparecencia, Martínez y Riba pusieron el foco en una circunstancia que consideran especialmente relevante: sostienen que en Estados Unidos todavía no existe contra su cliente un indictment —una acusación formal validada por un gran jurado—, sino únicamente una denuncia impulsada por la Fiscalía estadounidense.
Según la tesis de la defensa, el procedimiento no habría superado todavía el filtro de un gran jurado. Martínez calificó esta situación de “muy poco habitual”.
La diferencia no es menor desde el punto de vista jurídico.
Los abogados quieren que la Audiencia Nacional examine si la documentación remitida por Estados Unidos presenta un grado suficiente de concreción y ofrece las garantías necesarias para sustentar una reclamación de extradición.
La defensa plantea, en definitiva, si una reclamación situada en ese estadio procesal puede justificar una medida cautelar tan intensa como la prisión provisional y, llegado el momento, servir de fundamento suficiente para autorizar la entrega.
El origen del dinero, en el centro de la batalla jurídica
Otro de los ejes de la comparecencia ante Antonio Piña fue el supuesto delito de blanqueo de capitales.
Los abogados aportaron información sobre determinadas cantidades de dinero y sobre proyectos desarrollados en Palestina y Túnez, con el objetivo de contextualizar el origen, la titularidad y el destino de los fondos examinados por las autoridades estadounidenses.
La estrategia defensiva pasa por combatir la tesis de que esos movimientos financieros respondieran a una operación destinada a ocultar, transformar o introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades ilícitas y a favorecer a la organización terrorista Hamas.
Martínez y Riba sostienen precisamente lo contrario. Según explicaron, la propia documentación estadounidense reconocería que una parte de los recursos investigados pertenece al patrimonio personal de Chambers y tendría un origen legítimo.
Este extremo constituye uno de los puntos centrales de su estrategia.
Los letrados consideran que determinados aspectos de la actividad política y personal de Chambers, quien se ha estarían siendo utilizados para construir un relato penal que, a su juicio, no coincide necesariamente con los hechos concretos que se le atribuyen como delictivos.
Es en este contexto donde la defensa sitúa otra de sus principales líneas argumentales: la posible existencia de una motivación política detrás de la persecución penal del empresario y activista.
La doble incriminación, otro posible obstáculo para la extradición
La vista también abordó uno de los principios esenciales de los procedimientos de extradición: la doble incriminación.
Para que España pueda entregar a una persona reclamada por otro Estado, los hechos en los que se fundamenta la petición deben constituir delito tanto en el país requirente como conforme al ordenamiento jurídico español. No es necesario que las figuras penales tengan idéntica denominación, pero sí debe existir una correspondencia sustancial entre las conductas perseguidas.
Y ahí surge otro de los puntos de fricción.
La defensa considera que uno de los cargos planteados por Estados Unidos, relativo a una supuesta conspiración para cometer disturbios, no encuentra una equivalencia suficientemente clara en el Código Penal español.
De prosperar esta interpretación, la consecuencia podría ser relevante: la entrega de Chambers no podría autorizarse por ese concreto hecho si la Audiencia Nacional concluyera que no se cumple el requisito de la doble incriminación.
Eso no determinaría necesariamente el destino del resto de los cargos, pero obligaría al tribunal a examinar de forma individualizada cada una de las conductas por las que Estados Unidos reclama al empresario.
Chambers reivindica su elección de España
La comparecencia concluyó con una intervención de Chambers de marcado contenido político.
Ante el magistrado Antonio Piña, explicó por qué había decidido establecer su residencia en España y vinculó esa elección con la posición mantenida por el país respecto al conflicto de Gaza.
Según afirmó, eligió España porque considera que “es un país que está en el lado bueno de la historia en relación con el genocidio en Palestina”.
La Audiencia Nacional deberá resolver ahora, en primer término, sobre su petición de libertad mientras continúa analizando una reclamación estadounidense cuya solidez jurídica la defensa trata de cuestionar desde distintos ángulos: la ausencia, según sostiene, de una acusación formal aprobada por un gran jurado, la naturaleza y procedencia de los fondos investigados y la posible falta de equivalencia en España de alguno de los delitos invocados por Estados Unidos.
