El caso Leire Díez suma dos nuevos frentes de defensa ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Por un lado, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, ha pedido anular la incautación de su teléfono móvil, el clonado y volcado del dispositivo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como la destrucción de la copia obtenida.
Por otro, el abogado del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha recurrido la orden de investigar once cuentas bancarias vinculadas a su cliente, ocho a su nombre y tres a su consultora, Zaño Sociedad Consultores.
El escrito de la defensa de Serrano sostiene que la actuación policial de mayo se practicó «sin que existiera una resolución judicial que autorizara expresamente la misma».
Añade que tampoco había notificación del juez «que diera cobertura a la comunicación de la condición de investigado y a la incautación de su terminal de teléfono móvil».
Al contrario: existía un auto previo que expresamente se negaba a atribuirle esa condición.
El propio atestado de la UCO recoge que Díez y Serrano se coordinaron para «ayudar» a Sánchez durante los cinco días de reflexión de abril de 2024, y que ella llegó a hablar de «matar políticamente» a «la gente mala».
Pese a que la UCO reconoció entonces que no cabía atribuir a Serrano la condición de investigado «sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa», los agentes procedieron igualmente a intervenirle el teléfono. Para el letrado Bernardo del Rosal, eso constituye «una extralimitación de las atribuciones que la UCO tiene atribuidas».
A ese argumento suma otro de calado procesal: en el momento de la lectura de derechos y la incautación, Serrano «no estaba siendo asistido por un letrado», y el desprecintado y extracción del terminal se realizó sin su presencia ni la de su defensa, lo que a su juicio vulnera «la condición esencial» fijada en uno de los autos del instructor.
La petición es doble: la nulidad de la incautación por falta de resolución habilitante, y la nulidad del clonado por incumplimiento de esa garantía de presencia.
Como consecuencia, reclama la destrucción o inutilización definitiva de la copia Full FileSystem y la devolución del terminal original sin nuevo acceso.
Subsidiariamente, plantea que si se considerara necesario un nuevo clonado, se practique en sede judicial, con su presencia y la de su letrado, y previa audiencia sobre necesidad y proporcionalidad.
La incidencia llega semanas antes de que Serrano deba comparecer ante Pedraz, el 18 de agosto, para el clonado de su móvil.
En paralelo, la defensa de Zarrías impugna el alcance de la investigación patrimonial. El letrado califica de «prospectiva» y «absurda» la orden de rastrear las once cuentas y pide limitarla a la única empleada, según sostiene, para pagar a Díez.
«¿Por qué se van a pedir los extractos de todas estas cuentas? No lo sabemos», plantea en su escrito, en el que insiste en que a su cliente solo se le reprocha haber contratado a Díez en 2024.
La UCO, sin embargo, ha documentado que el PSOE recurrió a sociedades de Zarrías y del abogado Oliver, defensor de Koldo García, para abonar 43.225 euros a Díez: cuatro transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024 desde Zaño Sociedad Consultora, y un último pago de 27.225 euros desde Oliver Gruppe.
Según los investigadores, las nóminas abonadas desde la consultora de Zarrías «habrían sido realmente un método» para canalizar fondos con origen en el PSOE.
