El dinero salía de España, cruzaba la frontera portuguesa y, en buena parte, volvía. No para pagar a Hacienda, sino para comprar bienes a nombre de quienes, según la Audiencia Nacional, dirigían la trama.
Ese circuito, que Anticorrupción cifra en unos 78 millones de euros, es el que el magistrado Santiago Pedraz quiere ahora reconstruir pieza a pieza con la ayuda de Portugal e Irlanda.
Con ese objetivo ha expedido sendas órdenes europeas de investigación (OEI) a las autoridades de ambos países para que remitan información sobre cuentas bancarias que habrían recibido «fondos de procedencia delictiva».
El medio ha sido un auto dentro del ‘caso hidrocarburos’. La causa investiga un presunto fraude en el IVA de hidrocarburos superior a 180 millones de euros. Entre los investigados figuran Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor en el ‘caso Koldo’, y Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel.
La petición dirigida a Lisboa es la más amplia. El juez solicita datos sobre «las nuevas cuentas bancarias identificadas en Portugal» durante las pesquisas. Justifica la medida en que se han detectado «diversas operativas propias de blanqueo de capitales, asociadas al ocultamiento y a su transformación, remitiendo las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública a cuentas radicadas en terceros países, siendo uno de ellos Portugal».
El auto describe el circuito con detalle. «La organización investigada estaría transfiriendo parte de los fondos obtenidos del fraude de IVA a varias cuentas asociadas a empresas residentes en Portugal cuyos administradores se encontrarían bajo el control de los principales investigados», sostiene Pedraz.
Y añade: «La mayor parte de esos fondos serían retornados nuevamente para la adquisición de bienes por parte de los dirigentes de la organización criminal».
Una empresa lusa en el punto de mira
El requerimiento a Portugal alcanza también a otras cuentas destinatarias de fondos transferidos desde las suministradoras implicadas en la causa o desde sociedades portuguesas. El objetivo declarado es «poder determinar el destino concreto de la totalidad de los fondos transferidos a Portugal».
Pedraz reclama, además, la información bancaria de E.F Iber Combustiveis, una sociedad que la Fiscalía Anticorrupción vincula a Claudio Rivas en un escrito distinto del auto.
En ese mismo escrito, el Ministerio Público sitúa en torno a 78 millones de euros el valor de los flujos detectados desde cuentas españolas hacia cuentas portuguesas.
Irlanda y el rastro de Kraken
La segunda OEI tiene como destino Irlanda. El magistrado pide a las autoridades de ese país información financiera sobre operaciones realizadas por Kraken, una plataforma de intercambio (‘exchanger’).
De acuerdo con la Fiscalía, Kraken recibió 213.000 euros procedentes de una cuenta de inversión portuguesa, repartidos en 13 movimientos bancarios.
El dato sugiere que parte del dinero habría pasado de la banca tradicional a un intermediario de activos. Sin embargo, el auto, tal como se conoce, no precisa qué se hizo después con esos fondos.
Requerimientos a dos sociedades españolas
La resolución incluye también peticiones de documentación a dos mercantiles: Armeria Argali y Cacera Concejo.
Esta última está administrada por Luis Alberto Escolano, a quien Anticorrupción identifica como socio de Aldama.
Las órdenes europeas de investigación están reguladas por la Directiva 2014/41/UE, trasladada al ordenamiento español mediante la Ley 23/2014.
Permiten a un juez de un Estado miembro solicitar diligencias de prueba a otro con base en el principio de reconocimiento mutuo. Su emisión no supone un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los investigados.
La causa sigue en fase de instrucción, y las operaciones descritas en el auto constituyen, por ahora, la hipótesis del juzgado y de la Fiscalía, pendiente de acreditarse con la información que remitan Portugal e Irlanda.
El caso hidrocarburos
El caso hidrocarburos investiga a una presunta red de empresarios, con Víctor de Aldama y Claudio Rivas a la cabeza, que vendía combustible cobrando el IVA a sus clientes pero sin pagárselo a Hacienda. Para no dejar rastro usaba empresas pantalla que desaparecían antes de que el fisco pudiera reclamar.
El fraude supera los 180 millones de euros. Parte de ese dinero se habría sacado a otros países, como Portugal, para después traerlo de vuelta y comprar bienes.
La investigación, que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional, sostiene además que la trama habría intentado sobornar a cargos públicos para conseguir la licencia de operador de Villafuel, la empresa de Rivas. Por eso el caso está conectado con el ‘caso Koldo’.
