Dos juzgados de la Audiencia Nacional, una misma persona investigada y una pregunta todavía sin respuesta: ¿de dónde procedía el dinero de Santos Cerdán?
El magistrado Ismael Moreno, titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que instruye el ‘caso Koldo’, ha pedido a su compañero Santiago Pedraz, plaza 5 del mismo órgano judicial, al frente del ‘caso Leire Díez’, que le remita copia de las agendas y demás documentación vinculadas al exsecretario de Organización del PSOE. Lo que ha hecho a través de una providencia.
La petición abarca dos bloques. Por un lado, el contenido de la documentación intervenida en el domicilio de Cerdán el pasado mes de mayo.
Por otro, la que entregó el propio PSOE. El juez delimita el uso que hará de ese material: lo quiere “con el fin de proceder a su análisis, con objeto único y exclusivo de determinar con precisión las fuentes de ingreso” del exdirigente socialista, que figura como investigado en ambas causas.
La acotación no es retórica. Al circunscribir el análisis a un fin concreto, el instructor marca los límites del traslado de material entre procedimientos distintos, una cuestión que las defensas suelen vigilar de cerca.
El aval de Anticorrupción
La providencia llega después de que la Fiscalía Anticorrupción se pronunciara a favor en un informes. El fiscal Luis Pastor parte de una constatación: con lo que hoy obra en el ‘caso Koldo’, “todavía no se ha podido determinar ni el origen, ni la totalidad de los ingresos percibidos por Santos Cerdán en el periodo investigado”.
De ahí su razonamiento. “Es por ello que de la misma manera que el pasado mes de julio fueron acordadas determinadas diligencias de investigación patrimonial, se hace necesario hacer acopio de otras fuentes de información”, argumenta.
El fiscal pone el foco en una cronología concreta. A su juicio, “resulta de interés la evolución anual de los beneficios de Santos Cerdán y su familia, alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023”.
Ese periodo, subraya, coincide con la llamada “etapa ministerial” de José Luis Ábalos al frente de Transportes —en la que Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas— y con parte de la posterior, cuando Cerdán relevó a Ábalos como secretario de Organización del PSOE.
Se trata de una lectura del Ministerio Fiscal. La coincidencia temporal que describe es, por ahora, un elemento que la acusación pública considera relevante para orientar la investigación, no un hecho probado sobre la procedencia de esos fondos.
Las cifras de la UCO
Anticorrupción se apoya en el informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Según ese documento, Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178 euros”.
El escrito menciona además a Servinabar, mercantil vinculada a Cerdán, que habría negociado la compra de un inmueble en Madrid para el exdirigente socialista por un valor cercano al millón de euros. El condicional, presente en el propio informe, refleja que se trata de conclusiones de la investigación policial pendientes de contraste en sede judicial.
Una causa sobre obra pública
La decisión se enmarca en la pieza que indaga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes.
El procedimiento sigue en fase de instrucción. Ni la providencia ni el informe fiscal prejuzgan responsabilidad alguna, y Cerdán conserva su derecho a la presunción de inocencia.
Hasta el momento no consta la posición de su defensa sobre esta petición, ni si Pedraz ha resuelto ya el envío de la documentación solicitada.
