Un piso comprado con dinero del delito, una cuenta a nombre de otra persona o una cartera de criptomonedas podrán ser más difíciles de ocultar. Un nuevo protocolo del Consejo de Europa refuerza las herramientas para localizar y decomisar esos bienes, incluso cuando están en otro país.
Ocho Estados y la Unión Europea lo firmaron ayer en Estrasburgo un protocolo del Consejo de Europa para reforzar la recuperación de activos procedentes de actividades delictivas.
Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y Reino Unido fueron los primeros Estados en suscribirlo.
El protocolo adicional actualiza el Convenio de Varsovia de 2005, relativo al blanqueo, la búsqueda, la incautación y el decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo.
Su objetivo es adaptar las herramientas de las autoridades a redes criminales cada vez más sofisticadas, transnacionales y tecnológicamente avanzadas.
Entre las novedades, los tribunales podrán decomisar bienes vinculados a una actividad delictiva más amplia y, en determinados supuestos, hacerlo sin que exista una condena penal.
También podrán actuar contra activos en manos de terceros, aunque el texto prevé salvaguardas para proteger a quienes los hayan adquirido de buena fe.
El protocolo permitirá además congelar o incautar bienes de forma urgente y, cuando proceda, sin aviso previo, para impedir que sean trasladados u ocultados.
Los Estados deberán crear oficinas especializadas en la localización y gestión de activos criminales y reforzar el papel de sus unidades de inteligencia financiera. También tendrán que facilitar a las autoridades el acceso a datos financieros y sobre criptoactivos.
El Consejo de Europa no es la Unión Europea ni forma parte de sus instituciones: es una organización internacional independiente, fundada en 1949 y con sede en Estrasburgo, que reúne a 46 Estados y tiene como misión proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Para ello, elabora convenios internacionales, supervisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por sus miembros y formula recomendaciones para mejorar sus leyes y prácticas.
Su principal instrumento es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento garantiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco debe confundirse con el Consejo Europeo ni con el Consejo de la Unión Europea, que sí son instituciones de la UE.
De esos 46 países, 27 son miembros de la Unión Europea.
Cooperación transfronteriza y plazos de respuesta
El acuerdo amplía el intercambio de información y prevé investigaciones conjuntas y cooperación directa entre las oficinas encargadas de recuperar y gestionar activos. Estas deberán responder a las solicitudes dentro de los plazos establecidos, que en casos urgentes podrán ser de tres días.
Los bienes decomisados deberán destinarse prioritariamente a indemnizar a las víctimas o a devolverlos a sus legítimos propietarios.
Como regla general, las cantidades confiscadas que superen los 10.000 euros se repartirán a partes iguales entre los países implicados. El protocolo anima también a los Estados a destinar esos activos a fines sociales o de interés público.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, afirmó que los beneficios del delito sostienen a las organizaciones criminales y pueden servir para comprar “lo que nunca debería estar en venta: nuestras democracias”.
“Ningún Estado puede recuperar por sí solo activos criminales a través de las fronteras. Con este protocolo, ninguno tendrá que hacerlo”, añadió.
El protocolo fue adoptado por los ministros de Asuntos Exteriores de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa durante la reunión anual del Comité de Ministros celebrada ayer en Chisináu, capital de Moldavia. Su apertura a la firma tuvo lugar en el marco de la Conferencia Octopus de 2026, dedicada a la ciberdelincuencia.
Para que entre en vigor necesitará cinco ratificaciones, de las que al menos tres deberán proceder de Estados miembros del Consejo de Europa.
