El multimillonario estadounidense James Cox Chambers Jr., conocido como Fergie Chambers y heredero del grupo de comunicación Cox Enterprises, se ha opuesto este viernes ante la Audiencia Nacional a su extradición a Estados Unidos.
Detenido en julio en Ibiza a raíz de una alerta de Interpol, el reclamado ha defendido el carácter lícito de sus aportaciones económicas a organizaciones y protestas propalestinas.
Sus abogados, por su parte, han pedido que se rechace la entrega y han denunciado irregularidades en la documentación estadounidense, alteraciones en su traducción y el supuesto envío de su teléfono móvil a las autoridades de ese país al margen del procedimiento.
Chambers está representado por el despacho ILOCAD, del que es socio director Baltasar Garzón.
La Fiscalía mantiene la posición contraria. El fiscal Juan Hernández Villalba considera que existe una imputación seria y fundada que justifica la extradición por el presunto uso de fondos para apoyar acciones ilícitas contra la empresa armamentística israelí Elbit.
Frente a esa tesis, la defensa sostiene que se pretende presentar como actividad vinculada al terrorismo lo que fueron protestas políticas y aportaciones filantrópicas.
Dos relatos enfrentados ante un tribunal presidido por el magistrado Fernando Andreu. Para el Ministerio Público, hay indicios suficientes para que Chambers responda ante la Justicia estadounidense.
Para sus abogados, la reclamación descansa sobre una descripción distorsionada de los hechos y encubre una persecución por sus opiniones y su apoyo a la causa palestina.
Las protestas contra Elbit, en el centro de la reclamación
La petición estadounidense sitúa el origen del caso en distintas acciones desarrolladas en 2023 para lograr el cierre de instalaciones de Elbit. A Chambers se le atribuye haber financiado y participado en actuaciones vinculadas a Unity of Fields, anteriormente conocida como Palestine Action U.S.
Según el relato de las autoridades estadounidenses, el heredero habría sufragado la compra de candados, cadenas y cables utilizados para bloquear accesos, además de pintura y botes de humo. También habría pagado fianzas de personas detenidas por esas acciones.
Chambers no ha negado su participación en las protestas ni el abono de fianzas. Ha rechazado, en cambio, la interpretación que se hace de esas conductas.
«Con un candado de bicicleta, bloqueé la puerta de entrada, pero no causé ningún daño», ha declarado sobre una de las movilizaciones en Cambridge. Según su versión, participó en dos protestas en esa ciudad y en una tercera en New Hampshire, donde se bloqueó la carretera de acceso a una fábrica.
Respecto al dinero destinado a las fianzas, ha defendido que se trataba de ayudar a manifestantes sin recursos. «Conocía a una de las personas que fue sentenciada, pero lo habría hecho aunque no le conociese», ha afirmado.
Diez transferencias y 7,5 millones bajo sospecha
Otro de los ejes de la reclamación son diez transferencias a una entidad bancaria tunecina por un importe total de 7,5 millones.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esos movimientos tenían como finalidad promover las actividades ilícitas investigadas y acciones violentas que beneficiarían a Hamás mediante pagos a organizaciones benéficas.
Chambers ofrece una explicación distinta. Ha asegurado que su dinero procede de la venta de acciones de la empresa familiar y que las transferencias están relacionadas con su traslado a Túnez y con proyectos desarrollados en ese país. Su defensa insiste en que los fondos tienen un origen acreditado y no se destinaron a organizaciones sancionadas.
El reclamado ha explicado que abandonó Estados Unidos con su familia por su rechazo a la política de Washington respecto de Gaza. Según ha declarado, cuando salió del país no tenía cargos ni problemas judiciales y utilizó su pasaporte y sus medios de pago habituales.
«No queríamos formar parte de Estados Unidos por la participación del país en el genocidio y la represión», ha manifestado, en referencia a la actuación israelí en Gaza y al respaldo estadounidense.
También ha negado que intentara viajar a Irán. Según su explicación, el contacto con un funcionario de su embajada tenía como propósito realizar una donación a Alianza por la Justicia Global, una organización que ha presentado como legalmente registrada en Estados Unidos.
El fiscal rechaza que fueran simples protestas
Durante su intervención, Hernández Villalba ha acusado al reclamado y a su defensa de intentar «minimizar los hechos y presentarlos como una simple protesta». A su juicio, Chambers mantuvo una «actuación estable y coordinada» de apoyo a organizaciones terroristas.
El fiscal ha destacado tanto las aportaciones económicas como la participación personal del heredero en las acciones contra Elbit y sus manifestaciones públicas a favor del cierre de sus oficinas.
Además, ha sostenido que corresponde al tribunal estadounidense competente enjuiciar los hechos. La posición de la Fiscalía es que la Audiencia Nacional debe comprobar la existencia de una imputación suficientemente fundada y su correspondencia con delitos del ordenamiento español, requisitos que considera satisfechos.
La defensa discute ambos extremos. El letrado Aitor Martínez, de ILOCAD, ha sostenido que Estados Unidos no formula una acusación autónoma por terrorismo y ha reprochado al Ministerio Público que sitúe todo el caso bajo esa categoría.
«Ni siquiera Estados Unidos me ha acusado de ello», ha declarado Chambers al rechazar su vinculación con actividades terroristas.
La defensa denuncia hasta treinta alteraciones en las traducciones
Las objeciones de los abogados no se limitan a la interpretación penal de las protestas o de las transferencias. También afectan a los documentos con los que Estados Unidos solicita la entrega.
Según la defensa, la traducción al español contiene hasta 30 modificaciones respecto del original inglés. Entre ellas, asegura, figuran referencias a incendios, violencia y otros elementos que agravan el relato remitido a las autoridades españolas.
Los letrados sostienen que no son discrepancias lingüísticas menores. Denuncian que se incorporan elementos de peligrosidad, finalidad y autoría que podrían influir en la valoración de los hechos y en la decisión sobre la extradición. Por ello, han pedido que el tribunal no resuelva sobre una descripción que consideran alterada.
También han cuestionado la secuencia temporal de las actuaciones. De acuerdo con su exposición, existe una orden de detención firmada el 30 de junio de 2026, mientras que la denuncia penal está fechada quince días después, cuando Chambers ya estaba detenido.
A ese desfase añaden la ausencia de un indictment, la acusación formal ante un gran jurado a la que se ha referido el abogado durante la vista.
El teléfono móvil y la doble incriminación
La defensa ha denunciado asimismo que el móvil de Chambers fue entregado a Estados Unidos tras una llamada del FBI, sin notificación a sus abogados y antes de que se resolviera la extradición. Presenta esa supuesta actuación extraprocesal como otra de las anomalías que el tribunal debe examinar.
En el plano penal, los letrados niegan que concurra la doble incriminación respecto de las conductas descritas como desórdenes públicos y conspiración.
El blanqueo de capitales no constituiría un delito en España dado que el origen de los fondos mencionados en la documentación remitida por Estados Unidos está totalmente acreditado, provienen de su propia fortuna familiar, y se destina a financiar negocios en Túnez, nunca a organizaciones sancionadas.
También reprochan a la documentación estadounidense que omita condenas de 60 días de prisión impuestas a personas relacionadas con las protestas y se limite a presentarlas como acusadas. Según la defensa, ese dato resulta relevante para discutir la gravedad de los hechos y el umbral exigible para la extradición.
«Justicia, razón y compasión»
Chambers, trasladado desde la prisión de Aranjuez, ha atribuido su situación a sus posiciones políticas y a disponer de más recursos que otros manifestantes. Su abogado ha enmarcado la reclamación en lo que considera una persecución de figuras relevantes de izquierdas durante la etapa de Donald Trump.
La defensa ha invocado la prohibición de extraditar por delitos políticos y ha pedido que las opiniones del reclamado y su apoyo a causas humanitarias no condicionen el examen jurídico.
A la vista han asistido como observadores y en señal de solidaridad el director del Centro Palestino de Derechos Humanos, Raji Sourani; el cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Santiago González Vallejo, y el exdiplomático británico Craig Murray.
Estados Unidos reclama a Chambers por blanqueo internacional de capitales, un delito por el que se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, además de los cargos de disturbios y conspiración para provocarlos, castigados con hasta 5 años cada uno.
Al cerrar su intervención, el heredero ha pedido «justicia, razón y compasión al tribunal español». La Audiencia Nacional deberá decidir ahora si autoriza su entrega o acoge las objeciones de una defensa que cuestiona tanto el fundamento de la reclamación como las garantías del procedimiento
