La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado a favor de extraditar a Estados Unidos al multimillonario y activista propalestino estadounidense James «Fergie» Cox Chambers, al considerar que existen elementos suficientes para respaldar la reclamación de las autoridades norteamericanas, que le atribuyen operaciones de blanqueo internacional de capitales vinculadas a la presunta financiación de actividades que beneficiarían a la organización terrorista Hamás.
El Ministerio Público sostiene que Chambers realizó transferencias de fondos destinadas a promover actuaciones ilícitas y violentas, algunas canalizadas a través de supuestas organizaciones benéficas.
Chambers permanece en prisión provisional en el centro penitenciario madrileño de Aranjuez desde su detención, el pasado mes de julio, en Ibiza.
El fiscal solicita que se dé por concluida la instrucción del procedimiento extradicional y se acceda a su entrega a Estados Unidos.
La vista de extradición está prevista para este viernes, 13 de noviembre, ante la Audiencia Nacional.
Transferencias de dinero a Túnez bajo sospecha
El Departamento de Justicia estadounidense atribuye a Chambers presuntos delitos de blanqueo internacional de capitales por transferir fondos con la finalidad de facilitar recursos a organizaciones terroristas extranjeras.
La Fiscalía española respalda la solicitud estadounidense apoyándose, entre otros elementos, en los movimientos bancarios realizados por el reclamado.
Entre marzo de 2024 y abril de 2025, Chambers habría efectuado diez transferencias a una entidad bancaria de Túnez.
Según el escrito fiscal, el objetivo de esas operaciones habría sido financiar actividades ilícitas y acciones violentas que pudieran beneficiar a Hamás, utilizando para ello supuestas organizaciones de carácter benéfico.
El Ministerio Público considera además que Chambers conocía el riesgo de que sus aportaciones económicas terminaran empleándose para proporcionar apoyo material a la organización terrorista.
Para sostener esa interpretación, el fiscal menciona las manifestaciones públicas del empresario estadounidense en respaldo del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, así como sus visitas a una embajada iraní.
El escrito también recoge una transferencia de 20.000 dólares a la Alianza por la Justicia Global (AFGF), entidad que actúa como patrocinadora fiscal de distintas organizaciones.
Entre ellas figura la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos, conocida como Samidoun, a la que Chambers ya habría destinado anteriormente otros 40.000 dólares, según la Fiscalía.
Financiación de protestas contra una empresa israelí de defensa
La reclamación estadounidense no se limita a las transferencias internacionales.
Washington también acusa a Chambers de haber promovido y financiado acciones contra Elbit, una compañía israelí del sector de defensa que suministra equipamiento al Ejército de Israel.
La Fiscalía sostiene que el empresario financió Unity of Fields, anteriormente denominada Palestine Action U.S., vinculada a la organización Palestine Action.
Según el relato incorporado al expediente extradicional, estas organizaciones habrían desarrollado acciones dirigidas a interrumpir la actividad de empresas mediante daños materiales, bloqueos de accesos y otras actuaciones contra sus instalaciones.
En concreto, el Ministerio Público atribuye a Chambers la adquisición de candados, cadenas y cables flexibles que posteriormente habrían sido utilizados en una actuación contra las instalaciones de Elbit.
Un día después de aquella compra, en octubre de 2023, varias personas habrían causado daños en el inmueble, realizado pintadas y bloqueado sus accesos encadenándose a las puertas.
La Fiscalía señala que esa misma noche Chambers difundió un vídeo de los desperfectos acompañado del mensaje: «Elbit quería más hoy».
Las investigaciones estadounidenses también apuntan a la participación económica de Chambers en otras actuaciones similares desarrolladas durante las semanas siguientes.
De acuerdo con los movimientos bancarios examinados, el multimillonario habría sufragado la adquisición de botes de humo, pintura y un embudo, materiales que las autoridades relacionan con las acciones contra la empresa israelí.
También se habría hecho cargo de las fianzas de personas detenidas como consecuencia de aquellos incidentes.
El Ministerio Público considera que estos desembolsos, unidos a las transferencias internacionales y a las declaraciones públicas del reclamado, permiten sostener la procedencia de su extradición.
La defensa denuncia irregularidades en las traducciones de Estados Unidos
La posición de la Fiscalía contrasta con la mantenida por la defensa de Chambers, asumida en España por el despacho Ilocad, vinculado al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Sus abogados han denunciado ante el tribunal presuntas alteraciones en la traducción al español de documentos remitidos por las autoridades estadounidenses.
Según la defensa, determinadas expresiones habrían sido traducidas de manera que incrementaban artificialmente la gravedad de las conductas atribuidas a su cliente.
Entre los ejemplos denunciados figura la transformación de referencias a actuaciones directas en expresiones relacionadas con violencia, así como la inclusión de menciones a incendios que, según los letrados, no aparecían en los documentos originales.
La defensa sostiene que esas diferencias podrían afectar a la calificación jurídica de los hechos y, por tanto, a la decisión sobre la extradición.
Chambers se opone a ser entregado a Estados Unidos y considera que la reclamación responde a una persecución política por su activismo propalestino.
La Fiscalía apoya la entrega, pero la decisión no está tomada
El informe favorable del Ministerio Fiscal constituye un paso relevante dentro del procedimiento, pero no implica que la extradición esté acordada.
La Audiencia Nacional deberá examinar si concurren los requisitos legales para autorizar la entrega, entre ellos la correspondencia de los hechos imputados con conductas delictivas previstas en el ordenamiento español.
Además, conforme al artículo 6 de la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, el Gobierno español conserva la facultad de denegar la entrega incluso cuando el tribunal la haya declarado procedente, por las razones legalmente previstas. boe.es
La vista del próximo viernes será, por tanto, decisiva para conocer los argumentos de la Fiscalía y la defensa.
Lo que se resolverá en esta fase es la procedencia jurídica de entregar a Chambers a las autoridades estadounidenses, no su culpabilidad por los delitos que se le atribuyen.
