La vista oral del caso Kitchen ha quedado este martes vista para sentencia después de casi cuatro meses de juicio en la Audiencia Nacional (AN).
En la última sesión, los principales acusados hicieron uso de su derecho a la última palabra para rechazar las acusaciones y defender la legalidad de su actuación en el presunto operativo parapolicial diseñado en 2013 para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas.
El primero en intervenir fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien la Fiscalía solicita 19 años de prisión. En una intervención de marcado carácter personal, ha sostenido que su situación judicial obedece a haber «pisado callos tan importantes» a lo largo de su trayectoria profesional.
«Yo, ahora, con mi perspectiva de los 75 años que cumplo la semana que viene, aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado. Pero sigo teniendo confianza absoluta en la independencia judicial», ha afirmado el excomisario ante el tribunal.
Villarejo ha insistido en que mantiene esa confianza en la Justicia pese a reconocer que hay «determinadas cosas» que todavía no comprende. En ese sentido, sostuvo que el procedimiento judicial se inició a raíz de «una de esas denuncias falsas anónimas».
Defiende que sus agendas eran anotaciones «temporales»
Uno de los aspectos centrales de su intervención fue la defensa de sus agendas personales, cuya documentación ha constituido uno de los principales elementos de prueba utilizados durante el juicio.
El comisario ha expuesto que aquellas anotaciones eran «temporales» y ha respondido únicamente a la necesidad de recordar asuntos relacionados con su actividad profesional.
Según ha explicado, se trataba de apuntes destinados a servirle de recordatorio inmediato debido al elevado volumen de cuestiones que manejaba entonces: «Ahora mismo no sabría ni siquiera explicar por qué anoté determinadas cosas», ha manifestado.
También se ha referido a los audios incorporados al procedimiento, rechazando que existiera una finalidad ilícita en las conversaciones registradas.
A su juicio, aquellas grabaciones se enmarcaban dentro de sus funciones como agente de inteligencia y carecían de cualquier intención «aviesa». Como argumento, ha añadido que ese material nunca permaneció guardado en una caja fuerte.
Durante su intervención ha aprovechado además para lamentar «profundamente» el «daño» que, según ha dicho, pudieran haber sufrido las personas que se han visto «inculpadas» y detenidas en relación con estos hechos.
Gómez Gordo niega haber diseñado la operación
También tomó la palabra el comisario Andrés Gómez Gordo, quien ha rechazado haber participado en la concepción o planificación del supuesto operativo parapolicial.
En referencia a una de las cuestiones debatidas durante el juicio, ha sostenido que denominar «coci» al exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, en una anotación realizada en 2015 no implica, a su juicio, conocimiento alguno de una actuación ilegal.
Sergio Ríos asegura que creyó actuar conforme a la ley
Por su parte, Sergio Ríos ha defendido que siempre entendió que estaba colaborando con agentes de la autoridad dentro de un operativo plenamente ajustado a Derecho.
«He sido seguido, se me han clonado mis teléfonos, me han revisado mis teléfonos. Han utilizado mi intimidad. Y yo siempre he creído que esto era un operativo totalmente lícito», ha afirmado.
Asimismo, ha negado saber que la denominada operación Kitchen pudiera constituir una actuación ilegal y ha reiterado que nunca estuvo presente en el restaurante madrileño donde, según la investigación, se produjo el clonado de dispositivos tecnológicos pertenecientes a Luis Bárcenas.
El juicio queda visto para sentencia
Tras las últimas intervenciones, la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha declarado que el juicio queda visto para sentencia.
Con ello concluye una vista oral iniciada a comienzos del pasado mes de abril, en la que han declarado cerca de un centenar de testigos. Entre ellos han figurado el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.
La Audiencia Nacional deberá resolver ahora si considera acreditada la existencia del presunto operativo parapolicial que, según sostienen las acusaciones, fue organizado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener documentación sensible de Bárcenas y dificultar la investigación sobre la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular.
