La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han propuesto al Ministerio de Justicia un plan de choque para hacer frente a lo que califican como un “deterioro estructural” de la Administración de Justicia, que atribuyen a la falta de jueces y de medios para absorber el aumento sostenido de la litigiosidad.
Ambas asociaciones han remitido este martes un escrito al departamento que dirige Félix Bolaños con el objetivo de “fijar un diagnóstico compartido y plantear las actuaciones” que consideran “indispensables” para revertir la situación actual del sistema judicial. El documento alerta de que la litigiosidad lleva años creciendo “sin signos de estabilización”.
En este sentido, recuerdan que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de asuntos aumentó un 15,6 % en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. A ello añaden que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a una “alta probabilidad” de que España supere los 50 millones de habitantes en 2026, una circunstancia que, subrayan, “no es neutra”, ya que “mayor población conlleva mayor litigiosidad”.
Este incremento de la carga de trabajo se produce, además, en un contexto que las asociaciones califican de “déficit estructural de jueces”. España cuenta con 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, una ratio que consideran muy alejada de la media europea, situada en torno a los 17.
AJFV y FJI advierten también de un fenómeno que, aseguran, se ha intensificado en los últimos años: el aumento de las jubilaciones voluntarias o anticipadas en la carrera judicial. En 2023, precisan, casi la mitad de las jubilaciones de jueces respondieron a esta modalidad, al representar el 47,47 % del total. De mantenerse esta tendencia, recuerdan que el CGPJ estima que alrededor de un tercio de la carrera judicial se retirará en la próxima década.
Déficit de jueces y acuerdos incumplidos en Justicia
A este escenario se suma, según el escrito, un “desgaste profesional significativo”, derivado tanto del incremento de las jubilaciones como del “riesgo psicosocial” asociado a una carga de trabajo que “excede de forma continuada los límites razonables”. “No es casual que aumenten las bajas, incapacidades y jubilaciones anticipadas”, sostienen.
Las asociaciones recuerdan que el propio Plan Estratégico del CGPJ para el periodo 2023-2032 señala que España necesitaría alrededor de 350 nuevos jueces al año para cubrir la reposición y garantizar un crecimiento mínimo de la planta judicial. Sin embargo, subrayan que las convocatorias recientes —120 plazas en 2023, 120 en 2024 y 120 en 2025— están muy por debajo de ese objetivo.
A ello añaden que el CGPJ ha identificado un déficit estructural superior a 400 unidades judiciales, que no se compensa con las plazas creadas en los últimos años. Asimismo, recuerdan el acuerdo alcanzado en mayo de 2023 para desconvocar la huelga de jueces y fiscales, que contemplaba un esfuerzo económico de unos 10 millones de euros para crear 100 nuevas plazas de acceso en las convocatorias de oposiciones de 2023 y 2024.
Según denuncian, ese compromiso “no ha sido cumplido”, pese a que su ejecución no estaba condicionada a la aprobación de una ley de Presupuestos Generales del Estado.
Reposición automática y refuerzo presupuestario
Como medidas prioritarias, AJFV y FJI proponen la reposición automática de todas las vacantes producidas por jubilaciones y fallecimientos mediante la creación anual de tantas plazas de alumnos de la Escuela Judicial como bajas se hayan producido el año anterior, de forma adicional a las ya previstas en los Presupuestos Generales del Estado.
Defienden que se trata de la medida “más inmediata y eficaz” para evitar una reducción progresiva de la planta judicial y subrayan que no supondría un incremento presupuestario, al corresponderse con plazas ya existentes y dotadas que han quedado vacantes por causas sobrevenidas.
Además, plantean una modificación presupuestaria extraordinaria, al amparo de los mecanismos previstos en la Ley General Presupuestaria, como ampliaciones de crédito, generaciones o incorporaciones de crédito procedentes de vacantes o remanentes, y transferencias internas dentro de la misma sección presupuestaria. A su juicio, se trata de instrumentos ordinarios de gestión que permitirían crear nuevas plazas judiciales sin necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales.
Finalmente, exigen el cumplimiento íntegro de los acuerdos alcanzados en mayo de 2023, con la recuperación de las 200 plazas que no se convocaron en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal de los años 2023 y 2024.
Las asociaciones advierten de que, sin la adopción inmediata de estas medidas, se compromete la capacidad del Estado para garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia. Alertan de retrasos cada vez mayores, señalamientos fijados a varios años vista —también en asuntos especialmente sensibles como violencia de género o menores— y procedimientos paralizados durante largos periodos, con perjuicio tanto para los ciudadanos como para el conjunto de operadores jurídicos.
“No se trata de una cuestión corporativa”, concluyen AJFV y FJI, sino de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva mediante una planta judicial suficiente.
