Un sistema selectivo al borde del colapso funcional
Las oposiciones a los cuerpos jurídicos superiores del Estado siempre han sido duras. Y no tengo dudas sobre la necesidad de que deban seguir siéndolo. Quien aspira a ejercer funciones nucleares en la Administración de Justicia no puede acceder mediante procesos triviales ni rebajas artificiales de exigencia.
La independencia institucional, la profesionalidad y el rigor técnico exigible se protegen desde el inicio, es decir, desde el propio sistema de selección.
Por eso quiero empezar dejando algo claro. La situación actual de las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, al menos como yo la percibo, revela un problema mucho más profundo que el de su mera dificultad.
A la vista de las cifras que ahora expondré, creo que nos encontramos ante una disfunción seria del sistema selectivo, con rasgos que empiezan a resultar preocupantes por estar próximos a la descomposición del colectivo.
La convocatoria del año 2025 para el Cuerpo de LAJ ofertaba 359 plazas. Tras el segundo ejercicio oral, apenas 119 opositores han resultado aptos de los 1.991 aspirantes que abonaron las tasas para participar en el proceso selectivo.
Más de dos tercios de las plazas convocadas quedarán desiertas, en el mejor de los casos, en un colectivo que: a) ni siquiera consigue cubrir su propia tasa de reposición anual, b) acumula hoy más de 900 vacantes y c) asumió una centralidad transversal en los proyectos de eficiencia de la Administración de Justicia, en espacial en los actuales Tribunales de Instancia, por mor del acuerdo firmado por sus asociaciones el 28 de marzo de 2023.
El dato resulta todavía más llamativo cuando se observan las diferencias entre Tribunales. Mientras algunos superan ampliamente la veintena de aprobados, el Tribunal 5 apenas alcanzó los 11 aptos.
No trato de cuestionar aquí la honorabilidad ni el rigor de ningún Tribunal. Tampoco pretendo alimentar el discurso fácil según el cual toda exigencia constituye una injusticia.
El acceso a cuerpos como el de Letrados de la Administración de Justicia, Judicatura o Fiscalía —cuyos temarios son mucho más próximos en contenido real de lo que a veces sugiere el simple número de temas, pues un buen número de los de LAJ equivalen materialmente a var
ios de Judicatura— exige un nivel técnico extraordinario y una capacidad de sacrificio fuera de lo común. Esa dureza forma parte de la propia naturaleza de un sistema selectivo basado en la oposición.
Ahora bien, una cosa es la exigencia y otra distinta convertir el proceso selectivo en un mecanismo progresivamente alejado de las capacidades reales que después exige el ejercicio profesional y, sobre todo, en una dinámica que termina expulsando a dos tercios de candidatos —tras una primera criba en el ejercicio tipo test, en el que ya fueron eliminados 1.077 opositores— que, en la inmensa mayoría de los casos, llevan años de preparación intensísima y acreditan ya un nivel jurídico muy elevado.
La desigualdad entre tribunales y la quiebra de la homogeneidad técnica
Tan es así que muchos de ellos pueden incorporarse inmediatamente a las bolsas de interinidad y desempeñar funciones como LAJ sustitutos en plazas de enorme complejidad y carga de trabajo.
Resulta difícil sostener que opositores considerados aptos para asumir provisionalmente esas responsabilidades carezcan, sin embargo, del nivel mínimo exigible para continuar un proceso selectivo de acceso definitivo.
Tampoco encuentro una explicación razonable a diferencias tan acusadas entre Tribunales. El que uno de ellos apruebe prácticamente la mitad de los candidatos que los otros 4, convierte el asunto en algo que supera claramente el ámbito de la mera anécdota estadística.
Las probabilidades matemáticas de una desviación tan intensa son extraordinariamente reducidas. Desde luego, no cabe excluirlas y, por prudencia institucional, debo admitir que pueden producirse.
Pero precisamente por ello debemos empezar a reflexionar sobre mecanismos correctores o de compensación que permitan amortiguar esos desequilibrios —inexplicables unos, inherentes otros— presentes en cualquier sistema humano de evaluación.
Incluso medidas aparentemente sencillas —como una reducción del número de tribunales, fórmulas reforzadas de homogeneización de criterios o sistemas extraordinarios de revisión comparada en supuestos de desviaciones especialmente llamativas como el señalado— podrían contribuir a reducir diferencias tan extremas como las que reflejan los datos de esta convocatoria.
Diferencias tan escandalosas entre Tribunales generan inevitablemente una percepción de inseguridad entre los opositores.
La objetividad de un sistema no depende solo de la honestidad de quienes juzgan. También exige resultados homogéneos y parámetros razonablemente previsibles.
Si un Tribunal multiplica prácticamente por tres el número de aptos de otro, el debate sobre la uniformidad técnica resulta legítimo, como poco.
La oposición jurídica española ha descansado históricamente sobre una idea muy poderosa, además de imprescindible frente a determinados rasgos de la idiosincrasia de nuestra población.
Era y es necesario garantizar la objetividad, el mérito y la capacidad, finalmente constitucionalizados en el artículo 103.3 de la CE.
Frente al riesgo de arbitrariedad, clientelismo o selección ideológica —fenómenos recurrentes en distintos momentos de nuestra historia administrativa—, el sistema de oposición ofrecía y ofrece garantías difícilmente discutibles.
El opositor se enfrenta únicamente al temario, al Tribunal y a su propio esfuerzo. Esa lógica sigue teniendo hoy un enorme valor constitucional y, en mi opinión, continúa siendo difícilmente batible como mecanismo básico de acceso a los grandes cuerpos jurídicos del Estado.
No podemos olvidarlo en tiempos donde periódicamente reaparecen propuestas de acceso “blandas”, procesos excesivamente burocratizados o modelos que diluyen el principio de mérito bajo fórmulas ambiguas/clientelares de valoración curricular.
La alta función pública del Estado —y muy especialmente la Administración de Justicia— requiere sistemas de selección objetivos, exigentes y técnicamente solventes.
Memorización extrema frente a las verdaderas necesidades de la Justicia moderna
Ahora bien, la objetividad no puede confundirse con el literalismo extremo de unas exposiciones orales constreñidas por el minutaje y la ausencia de elaboración pausada/argumentada de lo expuesto.
Tampoco puede confundirse la excelencia con la resistencia puramente memorística. Durante muchos años, el acceso al cuerpo de LAJ—como al de Jueces y Fiscales— incluía ejercicios escritos de desarrollo en los que el opositor debía construir jurídicamente una respuesta, argumentarla y posteriormente defenderla oralmente.
Existía memoria, desde luego, pero también razonamiento, estructura argumentativa, capacidad expositiva y verdadera técnica jurídica.
Sin que concurrieran razones sustanciales distintas del aumento del número de aspirantes y de las dificultades organizativas y crematísticas que ello generaba, se mutó hacia el sistema actual, en el que prácticamente todo termina fiándose a una dinámica de recitación cada vez más acelerada, más literal y progresivamente más desconectada de la realidad profesional posterior.
Una transformación innecesaria, escasamente justificada y nunca explicada de forma convincente, que conduce directamente a la gran paradoja actual.
Nunca la Administración de Justicia había necesitado tantos buenos profesionales como ahora. La implantación de los Tribunales de Instancia, la creciente complejidad procesal, la digitalización de todo a cien, la gestión de macroestructuras organizativas y el volumen de litigiosidad exigen LAJ con una preparación técnico-jurídica muy sólida, sí, pero también con enormes capacidades organizativas, criterio jurídico, razonamiento práctico y habilidades de gestión.
Sin embargo, frente a esa nueva realidad y a las nuevas necesidades del servicio público de Justicia, el modelo de acceso continúa orientado casi exclusivamente hacia la hiperespecialización memorística como criterio principal de supervivencia. Da la impresión de que seguimos mirando hacia un esquema pensado para una Administración de Justicia que ya no existe, ni volverá.
Reformar la oposición sin destruir sus garantías constitucionales
Yo sostengo que el sistema selectivo debe ser exigente. Pero lo que no puede permitirse es convertirse en un sistema estéril.
El hecho de que una convocatoria tan cuantiosa —no debe olvidarse que lo habitual en este cuerpo superior jurídico ronda aproximadamente las 125 plazas— vaya a concluir, con toda seguridad, dejando sin cubrir más de 250 puestos de trabajo de LAJ y devolviendo a sus casas, un año más, a más de 1.800 candidatos, constituye un auténtico despilfarro institucional y humano.
A ello se añade, además, una decisión difícilmente comprensible desde parámetros mínimos de estabilidad y planificación: la negativa del Ministerio de Justicia a conservar este año la nota del primer ejercicio para quienes lo hubieran superado, alterando nuevamente las reglas prácticas de preparación con criterios cambiantes —un año sí y otro no— que impiden a los opositores organizar racionalmente años enteros de estudio y sacrificio personal.
Resulta de un sarcasmo cruel que mientras desde distintos púlpitos ministeriales se proclama que nos encontramos ante las jóvenes generaciones mejores preparadas de nuestra historia, el propio Estado termine desperdiciando buena parte de ese capital humano en un proceso selectivo que parece olvidar cuál es su finalidad última.
Y esa finalidad no puede ser otra que seleccionar excelentes profesionales para cubrir necesidades reales de un servicio público esencial.
El Derecho comparado ofrece algunas pistas interesantes. En Alemania, el acceso a las profesiones jurídicas superiores descansa sobre dos grandes exámenes estatales combinados con largos periodos de prácticas obligatorias y una intensa resolución de casos prácticos.
En Francia, el ingreso en la École Nationale de la Magistrature mantiene una oposición de gran exigencia, aunque construida sobre parámetros distintos a la mera reproducción memorística prolongada.
El sistema incorpora pruebas de razonamiento jurídico, cultura general, entrevistas y una formación posterior especialmente intensa. Incluso en figuras próximas al LAJ —aunque no plenamente equiparables—, como los greffiers o los directeurs des services de greffe judiciaires, la selección no descansa exclusivamente sobre la recitación de contenidos teóricos.
El modelo francés combina oposición, formación profesional intensiva y prácticas obligatorias de larga duración en la École Nationale des Greffes.
Ninguno de esos modelos renuncia al rigor. Pero tampoco convierten la memorización literal en el eje absoluto del sistema. España, vuelvo a decirlo, no necesita destruir su modelo de oposición. Sería un error tremendo como ya he señalado.
La oposición sigue siendo una de las mejores garantías de independencia y profesionalidad de nuestros grandes cuerpos jurídicos. Pero sí necesita una actualización inteligente.
Un Estado social y democrático de Derecho no puede convocar plazas de esta relevancia únicamente para sostener una apariencia de rigor selectivo. Debe hacerlo para cubrir eficazmente las necesidades de una Administración de Justicia que atraviesa uno de los momentos organizativos más complejos de las últimas décadas y que se encamina —ya sin remedio— a un lugar de no retorno y desconocido.
Reducir la duración interminable de los procesos selectivos, reforzar el peso de los supuestos prácticos complejos, recuperar ejercicios escritos de desarrollo jurídico con su posterior exposición y defensa oral, frente a los actuales sistemas de recitación verbal, no supone rebajar la exigencia, todo lo contrario.
Supone adaptarla al tipo de jurista que hoy necesita la Administración de Justicia y a la preparación de las nuevas generaciones jóvenes que egresan las facultades de Derecho.
Además, esa recuperación del examen escrito y su posterior defensa oral permitirá corregir una de las mayores disfunciones del sistema actual y, probablemente, una de sus principales fuentes de desigualdad objetiva.
Hoy existen opositores que entre el primer ejercicio y el segundo disponen apenas de dos semanas de preparación, mientras que otros pueden llegar a contar con cuatro o incluso cinco meses. Y cualquiera que conozca mínimamente esta oposición sabe que ese margen temporal adicional puede resultar decisivo para superar el segundo ejercicio y obtener finalmente la plaza.
La diferencia no depende del mérito, de la capacidad ni del esfuerzo del opositor, sino simplemente de factores aleatorios como la inicial de su apellido o el número de tribunales constituidos en cada convocatoria.
Resulta imposible defender que un sistema así garantice plenamente la igualdad efectiva entre aspirantes. Y, sobre todo, resulta imposible ignorar la enorme frustración que termina generando entre quienes sienten que años enteros de preparación pueden quedar condicionados por circunstancias completamente ajenas a su voluntad o a su capacidad jurídica.
El Ministerio de Justicia tiene que comprender un hecho incontrovertible: las fortalezas y las bondades de una oposición no se miden por el número de opositores que dejan exhaustos y tocados de por vida en el camino, sino por su capacidad para identificar a los mejores juristas al servicio del Estado.
A la vista está que el sistema actual se aleja a toda vela de ese objetivo. Espero y exhorto a ese Ministerio a que asuma, de una vez, algunas de las propuestas que desde hace años vienen formulándose desde dentro del propio sistema y desde la doctrina más autorizada.
Una última petición. Sería todo un detalle que el problema analizado en este pequeño trabajo no vuelva a esconderse entre comisiones ad hoc, grupos de trajo, estudios interminables o consultas sucesivas con asociaciones de todo pelaje.
Llevamos demasiado tiempo instalados en una espiral sísifica. Los datos de esta convocatoria demuestran que el deterioro continúa avanzando mucho más deprisa que las soluciones.
