Los Letrados de la Administración de Justicia lanzan un aviso desde Valencia. Cerca de 300 profesionales reunidos en las XXXVII Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en el Colegio de Abogados de la ciudad del Turia, han aprobado un documento de conclusiones que radiografía con crudeza los problemas que está generando la puesta en marcha de los tribunales de instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025.
El diagnóstico del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) –la asociación mayoritaria de LAJs– no deja margen a la ambigüedad: la reforma se está implantando sin el horizonte temporal necesario, sin medios adecuados y sin criterios homogéneos previos.
El resultado, denuncian, es una cascada de disfunciones estructurales. «Las numerosas incidencias que se vienen registrando desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 evidencian una improvisación incompatible con la envergadura de la reforma«, reza el texto aprobado en Valencia.
Un despliegue territorial fragmentado
La tercera conclusión describe una realidad que preocupa especialmente al colectivo: «La implementación de los tribunales de instancia se está llevando a cabo de manera tardía, desigual e irregular a lo largo del territorio nacional, circunstancia que plantea dificultades muy relevantes para la consecución de flujos de trabajo eficientes y para el logro de los objetivos inherentes al nuevo modelo organizativo».
El expediente judicial electrónico es otro flanco abierto. Su implantación sigue siendo irregular y, según el CNLAJ, «en numerosos partidos judiciales —singularmente en el orden penal de grandes capitales— persiste una dependencia excesiva del soporte papel que compromete gravemente los controles de trazabilidad e integridad de los expedientes».
La conclusión quinta no ahorra la crítica: «Resulta una contradicción inasumible que se anuncie la incorporación de la inteligencia artificial a la Administración de Justicia mientras una parte significativa de los juzgados continúa tramitando los procedimientos en formato papel«.
Ochocientas plazas cubiertas con sustitutos
Detrás de los problemas organizativos hay una crisis de recursos humanos que el documento cuantifica con precisión: «el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia soporta más de 800 plazas cubiertas con sustitutos, a lo que han de sumarse las próximas jubilaciones; pese a ello, el Ministerio no ha articulado una planificación de recursos humanos acorde con las necesidades estructurales del colectivo«.
El agravio comparativo resulta elocuente. En la última entrega de despachos, recuerda el CNLAJ, «se anunciaron 700 plazas de jueces y fiscales sin mención alguna a las del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia».
Teletrabajo bloqueado
En una administración de justicia que opera de forma electrónica, el CNLAJ considera que el teletrabajo es un derecho reconocido tanto por el Estatuto Básico del Empleado Público como por la propia LOPJ. Por eso califica de incomprensible lo que denomina «la actitud de bloqueo Ministerial».
Instrucción penal y acción popular
El documento incorpora dos posicionamientos de calado político-procesal. Sobre la reforma de la instrucción penal, el CNLAJ es taxativo: «El actual modelo de instrucción penal no puede ser sustituido para atribuir su dirección al Ministerio Fiscal sin acometer, de manera previa e ineludible, una reforma en profundidad de su Estatuto Orgánico que garantice, con las debidas cautelas, la independencia de la institución respecto del Gobierno de la nación».
Una reforma de esa envergadura, subrayan los LAJs, «no puede quedar al albur de criterios puramente políticos».
En cuanto a la acción popular, las jornadas la defienden sin fisuras: «constituye una institución clave para la adecuada participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia y, en consecuencia, no puede ni debe desaparecer, ni tampoco ser restringida de tal forma que quede vacía de contenido».
El CNLAJ anuncia movilización institucional
La conclusión final del documento aprobado en Valencia es una declaración de intenciones.
El CNLAJ reafirma «el deber de la organización colegial de permanecer vigilantes ante cualesquiera reformas legislativas y organizativas que afecten a nuestro ejercicio profesional» y se compromete a impulsar cuantas acciones de interlocución institucional, reivindicación y comunicación sean precisas para garantizar que la modernización de la justicia se realice con garantías, con consenso profesional y con respeto al principio de legalidad.
META DESCRIPCIÓN: El CNLAJ alerta desde Valencia de que los tribunales de instancia se implantan sin medios, sin criterios homogéneos y de forma desigual en todo el territorio nacional.
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