El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha reclamado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de VeriFactu y de la futura factura electrónica obligatoria para adaptar ambas obligaciones a la realidad de autónomos, micropymes y pequeñas empresas.
Así, la organización ha explicado que considera que la normativa debe incorporar criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal para evitar que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas que, a su juicio, resultan desproporcionadas respecto a su actividad.
El calendario de implantación de VeriFactu fija dos fechas clave: el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para los trabajadores autónomos y el resto de obligados.
El Consejo General ha recordado que el 99,8 % del tejido empresarial español está integrado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas con estructuras muy reducidas en las que el propio empresario asume las tareas de dirección, gestión económica, contratación de personal y cumplimiento normativo.
En este contexto, ha sostenido el Consejo que cada nueva obligación administrativa resta tiempo a la actividad productiva.
Su presidente, Fernando Jesús Santiago, ha defendido que la Administración Tributaria dispone actualmente de herramientas tecnológicas suficientes para diferenciar el riesgo fiscal de los contribuyentes.
«La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas», afirma.
El colectivo ha subrayado que no cuestiona la digitalización ni las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico ofrecen la oportunidad de mejorar la eficacia de los controles tributarios, aunque aboga por sustituir el modelo del «café para todos» por una regulación que distinga entre contribuyentes con distintos niveles de riesgo.
La falta de proporcionalidad en VeriFactu
Como ejemplo de esa falta de proporcionalidad, los Gestores Administrativos han señalado varios supuestos recogidos en el propio Informador de la Agencia Tributaria.
Entre ellos, citan el caso de un pequeño bar que habitualmente emite tickets a clientes particulares y que tendría que adaptar de forma definitiva su sistema informático de facturación si una empresa solicita una factura completa por una comida de trabajo.
También mencionan el supuesto de una peluquería que entrega tickets de forma habitual y que podría verse obligada a cumplir permanentemente con estas exigencias tecnológicas si una productora o una agencia de publicidad requiere una factura por los servicios prestados a varios empleados durante una campaña.
Según el Consejo General, estas operaciones excepcionales no alteran el riesgo fiscal del negocio, pero sí desencadenan obligaciones tecnológicas permanentes.
En palabras de Fernando Jesús Santiago, «las normas deben perseguir el fraude allí donde existe, no generar nuevas cargas para quienes llevan años cumpliendo correctamente con sus obligaciones».
La organización también advierte de que la implantación simultánea de VeriFactu y de la factura electrónica obligatoria supondrá un efecto acumulado sobre las mismas empresas, sin que, según sostiene, el Gobierno haya realizado una evaluación conjunta de su impacto.
Por ello, propone tres medidas principales: introducir criterios objetivos que tengan en cuenta el tamaño de la empresa, su historial de cumplimiento, el volumen de actividad, la frecuencia de emisión de facturas completas, el carácter excepcional de determinadas operaciones y el riesgo fiscal; aplicar exenciones selectivas utilizando la habilitación legal de los ministros de Hacienda y de Economía para determinados contribuyentes o sectores; y elaborar un estudio técnico que analice el impacto conjunto de ambas reformas antes de su implantación definitiva.
