l ICAM ha clausurado su II Congreso de Extranjería con una hoja de ruta dirigida a reforzar la seguridad jurídica. Foto cedida

El ICAM alerta de los “cuellos de botella” en Extranjería y reclaman más coordinación administrativa

3 / 10 / 2026 05:41

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha clausurado su II Congreso de Extranjería con una hoja de ruta dirigida a reforzar la seguridad jurídica y mejorar el funcionamiento práctico de los procedimientos: criterios administrativos homogéneos, públicos y previsibles; mayor coordinación entre organismos; una interlocución estable con la Abogacía y la automatización de las citas para la toma de huellas.

El encuentro ha reunido durante tres jornadas a representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas para abordar los principales cambios jurídicos y administrativos que están transformando esta materia.

“La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos”, ha afirmado Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería.

A su juicio, una Administración “ágil, coordinada y capaz de ofrecer respuestas previsibles” aporta seguridad jurídica tanto a las personas extranjeras como a los profesionales que las asisten y a los propios órganos administrativos.

Criterios iguales ante una misma situación

Una de las principales conclusiones del Congreso pasa por evitar que una misma situación jurídica obtenga respuestas diferentes dependiendo del territorio o del órgano encargado de tramitar el expediente.

Para ello, el ICAM plantea establecer criterios administrativos más homogéneos, públicos y previsibles, especialmente cuando se produzcan cambios normativos o jurisprudenciales, y reforzar la coordinación entre las Oficinas de Extranjería y los servicios centrales.

El Colegio considera además necesario consolidar canales permanentes, ágiles y bidireccionales entre la Administración y la Abogacía, así como dar un nuevo impulso al convenio suscrito en 2020 entre la Administración General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, junto con su adenda de modificación y prórroga de 2024.

El propósito es facilitar la presentación de expedientes correctamente revisados y agilizar la transmisión de criterios sobre presentación y subsanación.

Según las conclusiones, una comunicación más eficaz entre quienes resuelven los procedimientos y los profesionales que asesoran a los interesados puede contribuir a reducir errores, requerimientos innecesarios y diferencias interpretativas.

Citas automáticas para la toma de huellas

Otro de los problemas recurrentes durante las jornadas ha sido la dificultad para conseguir cita para la toma de huellas después de obtener una resolución favorable.

“La obtención de una resolución favorable no debería conducir a un nuevo cuello de botella administrativo”, señalan las conclusiones.

El ICAM propone que la cita quede asignada automáticamente y vinculada a la propia resolución favorable, de modo que la persona extranjera conozca desde ese mismo momento cuándo podrá completar su documentación.

El objetivo es evitar intermediaciones, incertidumbre y costes adicionales.

Durante el Congreso, Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, explicó que se está trabajando con Policía y Migraciones para automatizar la asignación de estas citas.

Este sistema, según expuso, todavía no está implantado de forma generalizada y tampoco funciona actualmente en Madrid.

Más interoperabilidad entre Administraciones

Para el ICAM, el problema de las citas evidencia además una dificultad más amplia: la falta de interoperabilidad entre Administraciones.

Un mismo expediente puede implicar a Oficinas de Extranjería, Policía, consulados, Seguridad Social, servicios públicos de empleo y otros organismos.

Cuando los respectivos sistemas no intercambian correctamente la información, advierte el Colegio, pueden ser el ciudadano y su abogado quienes terminen soportando la carga de acreditar datos que ya están en poder de la propia Administración.

El ICAM plantea también establecer canales estables de información, gestión y consulta con los Registros Civiles, tanto con el Registro Civil Central como con los territoriales, para aquellas cuestiones que afectan directamente a la situación jurídica de las personas extranjeras.

El reto de 2027: “un millón o más de renovaciones”

La anticipación constituye otro de los ejes de las conclusiones.

El Colegio advierte de que el esfuerzo administrativo relacionado con la regularización extraordinaria no terminará con la concesión de las autorizaciones. A partir de 2027 comenzarán las modificaciones y prórrogas, mientras todavía existen cuestiones interpretativas que, según el ICAM, deberían quedar aclaradas antes de que estos procedimientos lleguen a las Oficinas de Extranjería.

González Puente estimó durante el Congreso que las Oficinas de Extranjería podrían afrontar el próximo año “un millón o más de renovaciones” derivadas de la regularización.

También explicó que la Administración ya trabaja en la automatización interna y simplificación de procesos para afrontar ese volumen.

Para el Colegio, esta experiencia obliga a incorporar la anticipación como principio de gestión y a evaluar no solo la entrada en vigor de una reforma, sino también sus consecuencias posteriores, ofreciendo criterios claros y dimensionando previamente los recursos necesarios.

Digitalización, pero sin perder garantías

Las conclusiones respaldan igualmente continuar avanzando en digitalización, automatización y simplificación, aunque reclaman que la Administración digital sea sencilla, eficiente y accesible y que mantenga alternativas cuando las circunstancias personales lo exijan.

El Congreso abordó también jurisprudencia del Tribunal Supremo relacionada con la necesidad de evitar respuestas automáticas y analizar individualmente las circunstancias de cada asunto, especialmente en cuestiones relativas a antecedentes penales, situaciones familiares o protección del interés superior del menor.

Los responsables administrativos participantes reconocieron, según recoge el documento, que una motivación insuficiente constituye un punto débil de las resoluciones y señalaron que están trabajando para reforzarla.

“Una resolución suficientemente motivada protege”, resumen las conclusiones.

El documento de clausura recupera finalmente la idea que presidió el Congreso: “detrás de cada expediente hay una persona”.

Para Emilio Ramírez, cuestiones como la digitalización, las citas, la coordinación administrativa, la jurisprudencia, la regularización o el nuevo marco europeo cobran sentido cuando permiten proporcionar una respuesta “jurídicamente segura, eficaz y previsible”.

“Estamos y seguiremos en transformación”, concluye el responsable de Extranjería del ICAM.

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