Esperar seis horas para celebrar un juicio. Enterarse de una suspensión cuando ya se ha acudido al juzgado. Encontrarse con que se deniega una solicitud de suspensión justificada o recibir un trato desconsiderado durante una actuación judicial.
Son situaciones que conocen numerosos abogados, pero que pocas veces llegan a denunciarse.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) quiere cambiar esa realidad y ha puesto en marcha una aplicación digital que permitirá a sus colegiados comunicar incidencias judiciales directamente desde los tribunales y, si lo desean, hacerlo de forma anónima.
La iniciativa pretende identificar los problemas que se repiten en los órganos judiciales, documentarlos y trasladarlos a las instituciones competentes para reclamar soluciones.
El Colegio parte de una constatación: más del 70 % de los abogados asegura sufrir incidencias durante su actividad judicial, pero únicamente el 13 % las comunica al ICAM.
Son datos de la macroencuesta «Radiografía de la profesión», elaborada en 2023 por el Colegio junto con GAD3, a partir de las respuestas de 2.762 profesionales.
La diferencia entre las incidencias que experimentan los letrados y las que llegan a conocimiento del Colegio constituye, según la institución, uno de los principales obstáculos para conocer la verdadera dimensión del problema.
Los «atropellos» a los abogados de Madrid
Las cifras recopiladas por el ICAM durante 2025 ofrecen una aproximación a las dificultades que encuentran los abogados en los tribunales.
El Colegio trasladó 187 incidencias judiciales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relacionadas con retrasos, dilaciones, suspensiones y otros problemas de funcionamiento.
Según el balance anual de su área de Defensa de la Abogacía, el 70 % de los retrasos registrados superó los 90 minutos.
En determinados casos, los abogados tuvieron que esperar hasta seis horas para que comenzara una actuación judicial.
Las dilaciones tampoco fueron menores: el 49 % de las incidencias documentadas por este motivo superó los doce meses.
No se trata únicamente de las molestias que estas situaciones pueden ocasionar a los profesionales.
Un retraso prolongado puede alterar la organización de otros señalamientos, mientras que una suspensión comunicada a última hora obliga a reorganizar agendas y afecta a los ciudadanos que esperan la resolución de sus asuntos.
El ICAM considera que estas disfunciones pueden comprometer el ejercicio adecuado del derecho de defensa.
Un trato desconsiderado de los jueces
Otra de las cuestiones que preocupan al Colegio es el trato dispensado a los profesionales durante las actuaciones judiciales.
Según el II Barómetro sobre el Funcionamiento de la Justicia del ICAM, el 32,74 % de los abogados encuestados afirmó haber recibido un trato desconsiderado por parte de jueces o magistrados.
El porcentaje asciende al 52,97 % cuando se pregunta por situaciones semejantes protagonizadas por personal de las oficinas judiciales.
Estas cifras reflejan las experiencias declaradas por los participantes en la encuesta, no resoluciones que hayan acreditado individualmente la existencia de conductas irregulares.
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, los profesionales no deberían resignarse a soportar estas situaciones como si formaran parte inevitable del funcionamiento de la Justicia.
«No podemos aceptar como normal que un abogado espere horas para celebrar un juicio, que se le deniegue una suspensión a la que tiene derecho o que reciba un trato desconsiderado por ejercer su profesión», afirma.
Ribón insiste en que estas incidencias no afectan exclusivamente a los letrados, sino que pueden repercutir en los derechos de las personas a las que representan.
Por eso, reivindica el papel del Colegio en la defensa de las condiciones en las que sus miembros ejercen su trabajo.
La nueva aplicación del ICAM: STOP incidencias judiciales
La nueva herramienta, «Stop incidencias judiciales» estará disponible en las tabletas instaladas en las Salas de la Abogacía del ICAM.
Los profesionales podrán utilizarla sin necesidad de desplazarse hasta su despacho o realizar posteriormente una comunicación por otros medios.
No será obligatorio identificarse, aunque quienes lo deseen podrán facilitar sus datos de colegiación.
El sistema también permitirá recoger experiencias positivas y buenas prácticas judiciales, con el objetivo de ofrecer una visión más completa del funcionamiento de los órganos judiciales.
El diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, considera fundamental que los letrados abandonen la idea de que comunicar una incidencia carece de utilidad.
«Necesitamos saber qué ocurre, dónde ocurre y con qué frecuencia para detectar situaciones reiteradas, documentarlas y exigir soluciones ante las instancias competentes», explica.
El propósito es que el Colegio disponga de información suficiente para identificar patrones de funcionamiento y fundamentar sus actuaciones institucionales.
Además, podrá atender las situaciones individuales cuando los profesionales quieran formalizar una queja.
La aplicación comenzará a implantarse este jueves 29 de octubre en quince puntos de atención del ICAM, tanto en Madrid capital como en otros partidos judiciales de la Comunidad.
Entre los primeros emplazamientos figuran las Salas de la Abogacía de Plaza de Castilla, Poeta Joan Maragall, Princesa 3, Francisco Gervás, Rosario Pino, Albarracín y Julián Camarillo.
También estará disponible en las instalaciones del Colegio situadas en la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional, Gran Vía 19 y Gran Vía 52, así como en Móstoles, Getafe y Alcobendas.
En una segunda fase, el sistema se extenderá a Aranjuez, Fuenlabrada, Colmenar Viejo, Leganés, Parla, Majadahonda y Valdemoro, además de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
La iniciativa irá acompañada de una campaña de sensibilización bajo el lema «Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa. No lo calles. Repórtalo».
Con ella, el Colegio pretende que comunicar una incidencia deje de ser una decisión excepcional y pase a formar parte de las prácticas habituales de los profesionales.
El objetivo final es sencillo: que los problemas que se producen en los tribunales no queden sin registrar y que las instituciones dispongan de información para actuar sobre ellos.
