Más de 1,17 millones de solicitudes después, la Administración ha reconocido públicamente a quién debe buena parte del resultado.
«Si no hubiera sido por vuestro trabajo, hubiera sido, no voy a decir imposible, pero muy, muy, muy difícil», dijo la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ante la abogacía madrileña al inaugurar el miércoles el II Congreso de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que se clausuró ayer.
Las cifras ofrecidas en las primeras mesas dieron cuerpo a esa afirmación. En la Oficina de Extranjería de Madrid, el 58% de las solicitudes de regularización extraordinaria llegó a través de profesionales. Correos canalizó el 17% y las presentaciones individuales se quedaron en el 11%, según detalló su directora, Paloma Pérez Cortijo.
Un operador «leal, pero firme»
Emilio Ramírez Matos, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería, fijó la posición del Colegio desde la apertura.
La abogacía, sostuvo, quiere colaborar con las administraciones, detectar fallos en la aplicación de las normas y proponer mejoras, sin renunciar a la defensa de los derechos: «Ahí es donde nos vais a encontrar: como un operador leal, pero un operador firme en la defensa de esos derechos».
Vinculó esa postura al proceso de regularización de este año y a la protección frente a escenarios de vulnerabilidad o explotación. «Esto no va de colores, de partidos; esto va de personas y va de derechos humanos», afirmó.
Cancela, por su parte, defendió una política migratoria «ordenada, regular y segura» y situó como principal desafío la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. España, según la secretaria de Estado, debe hacer prevalecer en ese desarrollo la perspectiva de derechos humanos sobre la securitaria, aunque sin presentarlas como incompatibles.
Madrid, segunda comunidad en solicitudes
La subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, cifró en 202.424 las solicitudes presentadas en la Comunidad de Madrid, la segunda autonomía con más peticiones.
Atribuyó a la intervención letrada tareas de información, revisión documental, acreditación de circunstancias personales y atención a las subsanaciones. «La asistencia letrada ha permitido convertir una previsión normativa en un derecho efectivamente ejercitable», señaló.
El reto pendiente, a su juicio, es «conciliar eficacia administrativa y garantía de derechos»: resolver grandes volúmenes sin abandonar la valoración individualizada de cada expediente.
Ceuta y la frontera europea
Los hechos de finales de julio en Ceuta también entraron en la inauguración. Cancela los enmarcó en un contexto en el que los movimientos migratorios pueden ser instrumentalizados con fines ajenos a la movilidad humana.
«Ceuta es España, Ceuta es frontera sur de la Unión Europea», afirmó, antes de reclamar solidaridad comunitaria con los Estados que gestionan fronteras exteriores. Advirtió, además, del crecimiento de los discursos racistas y xenófobos.
Desde el plano policial, el comisario de la Brigada de Extranjería de Madrid, Jaime Nicolás González, apuntó al siguiente frente: el volumen de tarjetas de residencia que la Policía Nacional tendrá que expedir tras la regularización.
Planteó un procedimiento que evite a los solicitantes acudir a dos citas distintas para tramitar y recoger la documentación, una simplificación que, dijo, está «en vías de solución». No concretó plazos.
Más personal, más automatización
Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, explicó que las 52 Oficinas de Extranjería han incorporado 500 personas a sus plantillas.
Antes del cierre del plazo de regularización se resolvieron cerca de 150.000 expedientes de arraigo, y durante el verano se grabaron 264.000 solicitudes.
El objetivo inmediato es recuperar la atención presencial y automatizar las citas para la toma de huellas, de cara a las renovaciones que llegarán a partir del próximo año.
La oficina madrileña, con 204 trabajadores, grabó 31.008 solicitudes y resolvió prácticamente la totalidad de los 21.705 expedientes de arraigo y menores que tenía pendientes antes del plan especial previo a la regularización.
Medallas de la Hermandad
Tras la apertura, el ICAM impuso las medallas de la Hermandad de la Abogacía a Santiago Yerga Cobos, director general de Gestión Migratoria; José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil; Daniel Gallego Villasante, comisario principal de la Jefatura Superior de Policía; Óskar de Santos Tapia, jefe superior de la Policía Municipal de Madrid, y la abogada Manuela Gómez María.
Bajo el título «El Derecho de Extranjería en transformación: ciudadanía, regularización y el nuevo marco migratorio europeo», el congreso ha reunido durante tres jornadas a representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas.
