El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha criticado duramente el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, en relación a las retribuciones del turno de oficio y justicia gratuita. Y es que, pese a que el documento sí corrige algunos elementos necesarios para el Colegio, los Baremos siguen siendo «insuficientes».
Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía público el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, en el que se corrigen algunos aspectos normativos en cuanto al turno de oficio y se modificaban los baremos de la justicia gratuita.
Unos cambios que afectarán únicamente a las comunidades autónomas del «territorio Ministerio», así como al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Modificación del Reglamento que ha sido duramente criticada desde el ICAM, que ha cuestionado que esta reforma suponga una mejora real para los profesionales.
«Han conseguido la cuadratura del círculo. Aparentemente, se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos», destacaba el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo.
Una posición que comparte el decano, Eugenio Ribón.
«Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución», lamenta.
Las «correcciones necesarias» del Reglamento
Una de las principales novedades del Reglamento es la modificación del sistema utilizado para calcular determinados complementos económicos.
Hasta ahora, el criterio estaba vinculado al número de folios del procedimiento. Con la reforma, el cálculo pasa a realizarse sobre los acontecimientos del expediente judicial electrónico.
Un cambio que, para el ICAM, era «necesario».
Y es que, en una Administración de Justicia cada vez más digitalizada, seguir utilizando el número de páginas como referencia para medir el volumen de trabajo generaba dificultades para aplicar los baremos a la realidad de los expedientes electrónicos.
No obstante, la institución considera que la corrección técnica no resuelve el problema de fondo.
«Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico. Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos», advierte Mayllo.
Además, el Colegio señala que determinados procedimientos podían alcanzar una compensación superior con el sistema anterior, cuando el complemento se calculaba en función del número de folios.
El cambio de criterio, por tanto, no garantiza que todos los abogados que intervengan en asuntos complejos vayan a percibir una cantidad mayor.
Unos baremos injustos en la Justicia Gratuita
Posición del ICAM en la que el Colegio es especialmente duro con los baremos ajustados en el BOE con esta nueva reforma de la Justicia Gratuita. Y es que, para el colegio, estos baremos siguen sin ser justos en relación al trabajo que debe realizarse por parte de los abogados del turno de oficio.
«No se puede sostener un servicio público esencial sobre baremos que no guardan relación con las horas de trabajo, la preparación, la responsabilidad y la especialización que exige cada asunto», sostiene en este sentido el decano.
El Colegio reclama una actualización de los módulos económicos que tenga en cuenta la dedicación efectiva de los profesionales y evite que las compensaciones queden desfasadas.
También exige que se garantice el pago de todas las actuaciones realizadas por los abogados del turno de oficio.
«La reforma modifica algunos aspectos que era necesario corregir, pero sigue sin afrontar el problema principal: una financiación adecuada del Turno de Oficio y una actualización periódica de los baremos que evite que los profesionales sigan perdiendo poder adquisitivo», concluye Mayllo.
Problemática en la que ambos ponen en relieve, como ejemplo, los procedimientos complejos en la Audiencia Nacional que, con esta reforma, apenas se retribuirían con 1.000 euros.
Casos complejos, poca retribución para los abogados
El nuevo Reglamento fija para estos asuntos una compensación inicial de 600 euros, a la que se añaden 32,15 euros por cada 250 acontecimientos registrados en el expediente judicial electrónico.
También se contemplan complementos por comparecencias y duración de las vistas.
Mayllo explica que los procedimientos relacionados con el narcotráfico pueden acumular habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos procesales, mientras que otros asuntos excepcionales, como determinados procedimientos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar los 10.000.
«Un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional parte ahora de 600 euros y se pagan 32 euros por cada 250 acontecimientos. Hay procedimientos excepcionales, por ejemplo algunos vinculados a la Fiscalía Europea, que pueden superar los 10.000 acontecimientos, pero un procedimiento de narcotráfico ante la Audiencia Nacional puede moverse entre 2.000 y 3.000 acontecimientos. Al final estamos hablando de asumir un asunto de enorme complejidad por menos de 1.000 euros brutos», señala.
Los cálculos realizados por el ICAM reflejan el alcance de su crítica.
Un procedimiento con 2.000 acontecimientos generaría una compensación de 857,20 euros brutos, sumando el módulo inicial y el complemento por volumen.
Si el expediente alcanzara los 3.000 acontecimientos, la cuantía ascendería a 985,80 euros brutos.
«Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución. El resultado sigue estando muy lejos de lo que supone asumir profesionalmente este tipo de asuntos», lamenta Eugenio Ribón.
