El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que convoque urgentemente el segundo examen de acceso a la abogacía de 2026. La institución advierte de que la ausencia de una fecha para celebrar esta prueba está generando incertidumbre entre los futuros abogados y puede retrasar su incorporación al mercado laboral.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trasladado esta preocupación al ministro mediante una carta en la que solicita la publicación de la segunda convocatoria y el establecimiento de un calendario que permita a los aspirantes organizar su preparación y planificar su futuro profesional.
La reclamación llega el 22 de octubre, cuando el año se encuentra prácticamente en su recta final y los aspirantes todavía desconocen cuándo podrán presentarse a esta segunda prueba.
Para el Colegio madrileño, no se trata únicamente de una cuestión administrativa. La falta de previsión puede retrasar la colegiación, dificultar la incorporación a los despachos y frustrar oportunidades profesionales de quienes ya han terminado o están próximos a completar su formación especializada.
«Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación»
El diputado responsable de Abogacía Joven del ICAM, Gabriel Rodríguez, ha advertido de las consecuencias que esta situación puede tener para quienes esperan superar el último requisito necesario para ejercer.
«No es razonable que quienes han dedicado años a formarse y han cumplido con las exigencias académicas necesarias sigan sin saber cuándo podrán afrontar el último paso para ejercer. Detrás de cada aspirante hay esfuerzo, inversión y proyectos profesionales que no pueden quedar indefinidamente condicionados por la incertidumbre administrativa», ha señalado.
Rodríguez considera especialmente preocupante que la ausencia de un calendario pueda perjudicar a quienes necesitan comenzar a trabajar cuanto antes.
«Estamos hablando de jóvenes que pueden perder oportunidades de incorporarse a un despacho, iniciar su actividad profesional o avanzar en su carrera», ha subrayado.
En su opinión, los tiempos administrativos tienen consecuencias directas sobre las expectativas profesionales de los aspirantes.
«La Administración debe ser consciente de que sus tiempos tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas. Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación», ha añadido.
Una segunda convocatoria que no es obligatoria, pero que el ICAM considera necesaria
La primera prueba de acceso a la abogacía de 2026 fue convocada mediante la Orden PJC/298/2026, de 24 de marzo.
El ICAM recuerda que la normativa reguladora de estas evaluaciones establece una periodicidad mínima anual y exige que las convocatorias se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con una antelación de tres meses respecto de su celebración.
Por tanto, la normativa no obliga a organizar dos exámenes anuales, aunque el Colegio considera necesario mantener la previsibilidad de las evaluaciones y facilitar una segunda convocatoria, siguiendo la práctica de ejercicios anteriores.
La institución sostiene que disponer de fechas conocidas con suficiente antelación resulta fundamental para quienes deben preparar el examen, pero también para las universidades y los centros de formación que organizan los estudios especializados.
Por ello, Ribón solicita que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, impulse urgentemente la segunda convocatoria de 2026 y comunique sus previsiones sobre la fecha de celebración.
El objetivo es evitar que la falta de información prolongue innecesariamente el acceso de nuevos profesionales a la abogacía.
El ICAM reclama certidumbre sin rebajar las exigencias de acceso
La responsable de Abogacía Joven del ICAM y presidenta de la Sección de Iniciación Profesional, Celia Herrero, ha insistido en que la petición del Colegio no pretende modificar los requisitos establecidos para acceder a la profesión.
«No estamos pidiendo que se rebaje ninguna exigencia ni que se alteren las garantías de acceso a la profesión. Estamos reclamando algo tan elemental como que los futuros abogados sepan cuándo van a poder examinarse y organizar su futuro», ha explicado.
Herrero ha asegurado que la institución continuará defendiendo los intereses de los jóvenes profesionales hasta que exista una planificación clara.
«Desde el ICAM vamos a seguir defendiendo a la abogacía joven y exigiendo respuestas hasta que exista un calendario claro», ha afirmado.
La representante colegial también ha resumido el sentido de la reclamación con una advertencia: «La incertidumbre administrativa no debe convertirse en una barrera añadida para acceder a la Abogacía».
El Colegio ha reiterado su disposición a colaborar con el Ministerio en las actuaciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las pruebas y facilitar la incorporación de nuevos profesionales.
Mientras tanto, el ICAM espera una respuesta urgente del departamento que dirige Félix Bolaños que permita despejar las dudas sobre la segunda convocatoria y ofrecer a los aspirantes un calendario con el que puedan planificar su entrada en la profesión.
