Sustituir a un trabajador autónomo durante una baja puede costar más de lo que su actividad genera en un mes. Esta es la principal conclusión del informe El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM).
El estudio analiza las dificultades económicas que afrontan los profesionales por cuenta propia cuando deben interrumpir temporalmente su actividad por maternidad, enfermedad, accidente o para atender a un familiar dependiente.
El problema no radica únicamente en el reconocimiento legal de estos derechos. La principal dificultad aparece cuando el autónomo intenta ejercerlos sin cerrar el establecimiento, perder clientes o poner en peligro la continuidad de su negocio.
Según los cálculos del informe, sustituir a un autónomo durante el primer mes cuesta 2.339,90 euros. Esta cantidad supera los 2.298 euros de rendimiento neto mensual estimado para una actividad tipo, calculada a partir de datos oficiales.
En la práctica, mantener abierto el negocio durante una baja puede resultar más caro que el rendimiento económico obtenido en un mes completo.
“En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico”, advierte el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero.
“Si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo”, añade.
Cerrar o contratar a un sustituto
Ante una ausencia temporal, el autónomo dispone normalmente de dos alternativas: cerrar el negocio o contratar a una persona que lo sustituya.
Ninguna de las dos resulta sencilla desde el punto de vista económico.
Si decide cerrar, puede dejar de obtener unos 2.298 euros por cada mes de inactividad. A esa pérdida deben añadirse los gastos que continúan existiendo aunque el negocio no abra sus puertas, como el alquiler del local, los suministros, los seguros, las cuotas de préstamos o determinados impuestos.
El cierre temporal también puede tener consecuencias difíciles de calcular. La pérdida de clientes, el incumplimiento de encargos o la interrupción del servicio pueden afectar a la actividad incluso después de la reincorporación de su titular.
La otra posibilidad consiste en contratar a una persona sustituta. El informe estima que su coste laboral se acerca a los 1.880 euros mensuales.
“Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: sustituirse durante una baja puede costar más que el beneficio que genera su negocio en un mes”, sostiene Santiago.
A esta cantidad hay que sumar el tiempo y los recursos necesarios para buscar, seleccionar y formar al nuevo trabajador.
El desembolso total durante el primer mes asciende así a 2.339,90 euros. Una vez superado el periodo inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanzaría los 417 euros mensuales.
Esta cantidad, según el ICOGAM, resulta insuficiente para afrontar cualquier imprevisto o cubrir otros gastos asociados al funcionamiento del negocio.
“Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: sustituirse durante una baja puede costar más que el beneficio que genera su negocio en un mes”, sostiene Santiago.
La consecuencia, añade, es que miles de profesionales continúan trabajando enfermos, acortan sus permisos o renuncian a atender a sus familias porque no pueden permitirse cerrar.
Más de 3,4 millones de posibles afectados
España cuenta actualmente con 3.425.767 trabajadores autónomos. Una parte importante dirige pequeños comercios, talleres, despachos profesionales, establecimientos de hostelería o empresas familiares cuya actividad depende directamente de su presencia.
A diferencia de las empresas de mayor tamaño, estos negocios no suelen disponer de estructuras que permitan redistribuir las tareas cuando falta su responsable. Tampoco resulta sencillo encontrar en pocos días a una persona con los conocimientos, la experiencia o la confianza necesarios para asumir sus funciones.
Esta dependencia convierte cualquier ausencia inesperada en una amenaza para la continuidad de la actividad. Una enfermedad, una intervención quirúrgica o la necesidad de cuidar a un familiar pueden obligar al autónomo a elegir entre su salud y la supervivencia de su negocio.
“No podemos aceptar que un trabajador por cuenta propia tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo”, señala el presidente del ICOGAM.
A su juicio, un derecho no puede considerarse plenamente efectivo cuando ejercerlo supone arriesgar el medio de vida del trabajador.
La protección cambia según el código postal
El informe examina también las medidas aprobadas por las comunidades autónomas para facilitar la conciliación de los trabajadores por cuenta propia. Su conclusión es que la protección disponible varía considerablemente según el territorio.
Algunas comunidades ofrecen ayudas específicas para financiar la sustitución temporal del autónomo. Sin embargo, las cantidades y los requisitos son muy diferentes.
En determinados territorios, las ayudas apenas alcanzan los 400 euros mensuales. En otros, oscilan entre 1.000 y 1.500 euros al mes. También existen subvenciones puntuales de hasta 7.200 euros, aunque limitadas a situaciones concretas.
El ICOGAM considera que ninguna de estas medidas compensa completamente el coste real de mantener abierto el negocio. Además, las ayudas tributan generalmente en el IRPF, por lo que una parte del dinero recibido debe devolverse posteriormente mediante el pago de impuestos.
“Resulta difícil explicar que un derecho tan básico como la conciliación dependa hoy del código postal”, afirma Santiago. “Hay comunidades autónomas que han dado pasos importantes y otras donde prácticamente no existen instrumentos específicos para ayudar a mantener la actividad”.
Un sistema común de ayudas
Ante esta situación, el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid propone crear un modelo homogéneo de apoyo para todo el país.
Las ayudas deberían cubrir tanto la contratación como la formación de la persona sustituta. El objetivo sería que el trabajador pudiera asumir las funciones del titular con rapidez y evitar que la actividad perdiera clientes o dejara de prestar sus servicios.
El ICOGAM plantea, además, ampliar la protección a las ausencias provocadas por enfermedades, accidentes o el cuidado de familiares. También reclama procedimientos más rápidos, ya que muchas de estas situaciones aparecen de manera repentina y requieren una respuesta inmediata.
Otra de sus propuestas consiste en revisar el tratamiento fiscal de las subvenciones. Si las ayudas deben tributar en el IRPF, su capacidad para cubrir el coste real de la sustitución se reduce considerablemente.
Proteger al autónomo y también su negocio
Los gestores administrativos defienden que estas medidas no deben entenderse como simples ayudas asistenciales, sino como una inversión destinada a proteger el tejido productivo.
“Estamos proponiendo una política inteligente de apoyo al tejido productivo”, explica Santiago. “Ayudar a un autónomo a mantener abierta su actividad durante una ausencia temporal cuesta mucho menos que asumir el coste económico y social del cierre de un negocio viable”.
El informe subraya que la protección social se centra principalmente en la persona que causa la baja, pero no garantiza la supervivencia de la actividad económica que constituye su fuente de ingresos.
“La Seguridad Social protege, en parte, a la persona. Pero nadie protege el negocio. Y para un autónomo ambas cosas son inseparables”, concluye el presidente del ICOGAM.
Por esta razón, facilitar la conciliación no solo permitiría a los autónomos cuidar de su salud y de sus familias. También contribuiría a evitar cierres, conservar puestos de trabajo y proteger miles de pequeños negocios esenciales para la economía española.
