La mutilación genital femenina es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, en España, son miles las menores que están en riesgo de sufrir esta violencia sobre sus cuerpos, debido a su cultura o religión. Una realidad ante la que las medidas jurídicas y la prevención social no están siendo suficientes.
El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona, y en concreto sus comadronas, han lanzado una importante alerta: más de 6.000 niñas menores de 14 años están en riesgo de sufrir una mutilación genital en Cataluña.
Una cifra que no deja de ascender, habiéndose estimado en 2020 una cifra de alrededor de 3.600 niñas en peligro.
«Estos datos y su evolución hablan por sí mismos, y la respuesta no está siendo suficiente. Las soluciones deben ser preventivas, y no deben venir tanto del Derecho penal», lamenta la abogada especializada en Igualdad, Begoña Díaz Cano.
La regulación de la mutilación genital femenina
Así pues, actualmente, la mutilación genital femenina está amparada, según explica la abogada, por la LO 3/2005, la LO 8/2021, y el Código Penal, en su libro III título III de las Lesiones, art. 149.
En concreto, la primera de estas normas establece que «la mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos, y es un ejercicio de violencia contra las mujeres que afecta directamente a su integridad como personas».
Una idea que también se contempla en la LO 8/2021, de protección de la infancia y la adolescencia, donde se considera violencia la mutilación genital.
Por último, el Código Penal establece pena de prisión para los responsables de este delito.
Así, «el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad […] será aplicable la pena de inhabilitación especial».
Lucha contra la mutilación que también se encuentra contemplada a nivel europeo.
En concreto, en el art.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que, tal y como nos recuerda Begoña Díaz Cano, estipula que el hecho de que esta práctica «pueda constituir una tradición en determinados países, no justifica que dicha práctica no deba ser perseguida y castigada por constituir una clara y patente vulneración de los derechos humanos».
La verdadera lucha está en la prevención
Normativa que, sin embargo, no está logrando evitar que el número de niñas menores que se vean en riesgo de mutilación genital siga aumentando.
Especialmente, por tradición cultural de las familias que lo practican.
«En muchos casos, tanto las personas que lo practican como las familias y las víctimas desconocen las consecuencias para la salud de las niñas y las mujeres, por lo que es prioritario darlo a conocer», destaca la abogada a Confilegal.
Prevención y conocimiento que debe hacerse con protocolos «cuidadosos con el trato con las familias y las niñas, buscando un equilibro entre la prevención y protección de la menor, y el entendimiento con una cultura, siempre bajo la premisa de tolerancia cero a la mutilación genital».
Así, para Díaz Cano, la lucha contra la mutilación genital no debería enfocarse, al menos de forma única, en el derecho Penal, sino en «la sensibilización acerca de su gravedad, y la toma de conciencia de la sociedad acerca de ella».
«Debe existir un abordaje integran para prevenir los casos de mutilación genital femenina, y ofrecer medidas y soluciones concretas de intervención, como son la sensibilización, la prevención, y el tratamiento, y una coordinación en los diferentes ámbitos en los que se puede trabajar», destaca.
