Opinión | El fin del individuo: lo único en lo que coinciden todos los que quieren enterrar el orden de 1945

Jorge Carrera, abogado, exmagistrado, exjuez de enlace de España en Estados Unidos, consultor y analista internacional, reflexiona sobre el progresivo desplazamiento del individuo como sujeto central del Derecho internacional frente al auge de la soberanía del Estado, la nación y las civilizaciones.

26 / 08 / 2026 00:32

«Se están produciendo cambios como no se han visto en cien años, y somos nosotros quienes los estamos impulsando juntos» Xi Jinping a Vladímir Putin, Moscú, marzo de 2023.

Marzo de 2023, puerta del Kremlin. Xi Jinping se despide de Vladímir Putin tras una visita de Estado de tres días y, ya en el umbral, con las cámaras encendidas, deja caer la frase que encabeza esta columna.

Putin asiente: «estoy de acuerdo». La diplomacia china no improvisa despedidas: aquello no era una cortesía, era un programa.

Tres años después, el inventario de los «cambios» está a la vista: iniciativas de gobernanza con membrete de Pekín, cumbres que redactan cláusulas de defensa mutua sin invitar a Occidente, un Washington que desmonta piezas del edificio que él mismo levantó, unos BRICS que piden rehacer los cimientos.

Demasiados partidarios del cambio para que el mundo no se mueva. Pero lo más revelador del nuevo mundo en obras no es lo que cada arquitecto propone, que es distinto y a menudo incompatible; es lo que todos, sin excepción, han borrado del plano.

Esta columna va de ese borrón.

1945-1948: cuando el individuo entró en el Derecho

Conviene precisar qué orden es el que está en liquidación, porque se suele describir mal.

Se habla de él como de una arquitectura de Estados —el Consejo de Seguridad, Bretton Woods, los grandes acuerdos comerciales— y esa descripción, siendo cierta, esconde lo esencial. La verdadera revolución de la posguerra no fue institucional sino jurídica, y cabe en una frase: por primera vez en la historia, el individuo entró en el Derecho internacional como sujeto y no como súbdito.

En Núremberg, el tribunal dejó sentada la premisa con una rotundidad que no ha envejecido: los crímenes contra el Derecho internacional los cometen hombres, no entidades abstractas.

Tres años después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo primero proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Cuarenta y ocho votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones: la Unión Soviética con sus satélites, la Arabia Saudí del rey Abdulaziz y la Sudáfrica que aquel mismo año estrenaba el apartheid. Guarde el lector esa lista, porque pocas votaciones han envejecido con tanta capacidad profética.

Sobre esa premisa —el individuo como unidad de cuenta de la política— se construyó todo lo demás.

La democracia liberal no es más que su traducción doméstica: si la persona es el valor supremo, el poder necesita consentimiento, límite y juez.

El Convenio de Roma de 1950 llevó la lógica hasta su última consecuencia y creó algo inaudito en la historia de los imperios y de los Estados: un mecanismo por el que un ciudadano cualquiera puede acabar sentando a su propio país en el banquillo de Estrasburgo.

Y la Europa occidental de la posguerra vivió dentro de esa premisa su larga burbuja dorada: bastante más de medio siglo de paz, prosperidad y garantías como no los había conocido nunca en su historia. Que hoy quiera aferrarse a aquella comodidad no es extraño; las burbujas, vistas desde dentro, se parecen mucho al estado natural del mundo.

Cuatro proyectos de reforma, un mismo tachón

Repasemos a los partidarios del cambio, que no forman un bloque sino una coincidencia, y precisamente por eso interesan.

Pekín. El 1 de septiembre de 2025, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en Tianjin, Xi Jinping presentó su Iniciativa de Gobernanza Global, paraguas de las que venía sembrando desde 2021 en materia de desarrollo, seguridad y civilización.

Sus cinco principios merecen lectura lenta: igualdad soberana, Derecho internacional, multilateralismo, «enfoque centrado en las personas» y orientación a resultados.

El vocabulario es liberal; la sintaxis, westfaliana.

Obsérvese el cuarto principio: centrado en las personas, en plural, y el plural hace todo el trabajo. Las personas son un agregado estadístico —renta, esperanza de vida, infraestructuras—; la persona, en singular, es un titular de derechos oponibles al poder.

La primera categoría cabe entera en el proyecto chino; la segunda es exactamente lo que ese proyecto existe para impedir.

Cuando Pekín habla de «democratizar las relaciones internacionales» comete el mismo escamoteo con la otra palabra sagrada: propone democracia entre los Estados precisamente para no tener que hablar de democracia dentro de ellos.

Y por si quedara duda, su Iniciativa de Civilización Global de 2023 lo remacha: cada civilización tiene sus valores y nadie debe imponer los suyos a los demás. Fórmula elegante para decir que la universalidad de 1948 queda derogada por agotamiento.

Moscú. Putin tuvo la cortesía de teorizar antes de practicar. En junio de 2019 declaró al Financial Times que «la idea liberal se ha vuelto obsoleta» por haber entrado en conflicto, dijo, con los intereses de la inmensa mayoría de la población.

El armazón doctrinal que ha ido levantando desde entonces tiene nombre: el Estado-civilización. La unidad política no es el ciudadano sino un organismo milenario —el «mundo ruso»— del que el individuo es célula; y las células, como se sabe, no tienen derechos frente al cuerpo.

De todos los proyectos revisionistas, el ruso es el más sincero: no disimula que la libertad individual le parece un artefacto occidental en fase de derribo.

Los BRICS. El eslabón que exige más precisión, porque aquí conviene distinguir dos revisionismos que no son el mismo: uno discute el reparto internacional del poder —quién se sienta en el Consejo de Seguridad, quién vota y cuánto en el Fondo—; el otro discute la concepción misma de los derechos.

El primero no tiene nada de inquietante: es la fotografía de 1945 pidiendo actualización, y en eso el Sur global lleva sencillamente razón. La Declaración de Río de julio de 2025, que reclama reformar el Consejo de Seguridad y las instituciones nacidas en Bretton Woods, se mueve aún en ese terreno legítimo.

Lo revelador está en cómo se construye el club por dentro.

Conviven en él democracias genuinas —India y Brasil al frente— con autocracias de manual, y un club así solo puede pactar sobre su mínimo común denominador: la soberanía como valor absoluto y la no injerencia como corolario.

Ahí es donde el primer revisionismo desemboca en el segundo sin necesidad de proclamarlo. Cuando los derechos humanos comparecen en sus declaraciones lo hacen escoltados por la fórmula ritual —promoverlos de manera «no selectiva, no politizada y sin dobles raseros»—, que traducida del diplomático significa: sin invocarlos nunca frente a un Estado concreto.

Y la arquitectura que el bloque va levantando —banco de desarrollo, pagos en monedas locales— se ofrece expresamente libre de la condicionalidad política que caracterizó a las instituciones que quiere sustituir.

El club no exporta lo que sus miembros son; exporta lo que sus miembros comparten, y lo que comparten es el escudo, no el derecho. La cumbre de Nueva Delhi, convocada para septiembre de 2026 con el club ya ampliado a once miembros, se celebra bajo una divisa de la presidencia india que parece elegida por un guionista con sentido de la ironía: «Humanity First».

La humanidad primero: la abstracción perfecta, porque la humanidad no vota, no recurre y no disiente. Es una posición coherente; solo que es, palabra por palabra, la contraria al artículo primero de 1948.

Washington. El caso más extraño del inventario, porque aquí el revisionista es el arquitecto. El 23 de septiembre de 2025, ante la Asamblea General, Trump despachó a la ONU con una frase de contable —se limitan a escribir «cartas con palabras vacías», y las palabras vacías no paran guerras—, avisó a los europeos de que van «camino del infierno» por sus fronteras abiertas y llamó al cambio climático el mayor engaño perpetrado contra el mundo.

Para entonces ya había ordenado la retirada del Acuerdo de París, de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos.

A diferencia de Xi o de Putin, Trump no teoriza contra el individuo: su vocabulario es el de la libertad. Pero su unidad de cuenta tampoco es la persona: es la nación entendida como empresa, y el mundo como una mesa entre grandes donde los derechos son concesiones que el fuerte otorga, no límites que al fuerte se le imponen.

Quien dude de que esa concepción produce efectos domésticos puede consultar la serie de Freedom House: su informe de 2026 anota para Estados Unidos una caída de tres puntos, hasta 81, el nivel más bajo del país desde que existe la escala.

La unidad de cuenta

Cuatro proyectos incompatibles entre sí —Pekín no quiere el mundo de Trump, Delhi no quiere el de Pekín— y un solo denominador común: en todos ellos el individuo pierde centralidad frente a alguna forma de soberanía colectiva, llámese Estado, civilización, nación o humanidad.

No en el mismo grado ni por las mismas vías —media un abismo entre el proyecto chino y el americano—, pero sí en la misma dirección; y en geopolítica, como en navegación, importa menos la velocidad de cada barco que el rumbo compartido.

No es un matiz filosófico: es la decisión que ordena todas las demás. La soberanía como valor supremo tiene una consecuencia que ningún eufemismo disuelve: el poder que no admite juez externo acaba, tarde o temprano, por no admitir juez interno.

Benjamin Constant explicó en 1819 la diferencia entre la libertad de los antiguos —participar en el poder colectivo— y la de los modernos: la independencia privada bajo garantías.

Los nuevos proyectos no ofrecen ninguna de las dos. Ofrecen pertenencia: ser parte del organismo —de la civilización china, del mundo ruso, de la nación redimida, del Sur global emergente— como sustituto de ser libre. Y la pertenencia tiene una ventaja competitiva que los demócratas haríamos mal en despreciar: consuela más que la libertad y exige mucho menos.

Se me opondrá que la premisa de 1948 fue traicionada mil veces por sus propios firmantes, y es verdad. Occidente la incumplió en las colonias, en las dictaduras amigas, en cada realpolitik que convino.

Pero La Rochefoucauld dejó dicho que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, y el aforismo encierra toda la diferencia: mientras la norma existió, cada traición fue un escándalo, y el escándalo fue palanca de emancipaciones.

El proyecto nuevo es más económico: suprime el escándalo suprimiendo la norma.

Queda la objeción contemporánea, que es más seria que la histórica: ¿de verdad está desapareciendo el individuo, o lo que termina es solo el monopolio occidental sobre la definición de sus derechos?

La pregunta merece respeto, empezando por su premisa, que es falsa: la Declaración de 1948 no fue un producto occidental de exportación. En su comité de redacción trabajaron, junto a Eleanor Roosevelt y René Cassin, el filósofo confuciano Peng-chun Chang, delegado de China, y el libanés Charles Malik; la universalidad fue una construcción deliberadamente plural, no una imposición disfrazada.

Pero concedamos el terreno, porque la disputa no se resuelve en la genealogía sino en un test que cualquier jurista puede administrar en un minuto: ¿puede el individuo invocar esa «otra definición» de sus derechos frente a su propio Estado, ante un juez que el Estado no controle? Donde la respuesta es sí, hablemos de pluralismo, y bienvenido sea.

Donde la respuesta es no —y es no en Pekín, en Moscú y en buena parte de las capitales que dicen redefinir—, lo que ha cambiado no es la definición del derecho: es su existencia. Un derecho que no puede oponerse al poder no es una concepción alternativa de los derechos humanos; es su epitafio, administrado en otro idioma.

Y aquí mi tesis, que formularé sin anestesia: todo esto amenaza algo más profundo que el orden internacional; amenaza la democracia tal como la hemos conocido.

No porque vayan a suprimirse las elecciones, que gozan de excelente salud incluso en las autocracias; el plebiscito es el género favorito de los regímenes que no se juegan nada en él.

Sino porque la democracia no es un procedimiento autónomo: es la consecuencia institucional de una premisa. Si el individuo es el valor supremo, el voto es un derecho, la oposición una función y el juez un límite.

Si el valor supremo es el colectivo, el voto degenera en aclamación, la oposición en traición y el juez en estorbo.

El procedimiento sobrevive; la sustancia se evapora. Y la evaporación no es una hipótesis de politólogo, es una serie estadística: Freedom House lleva veinte años consecutivos anotando el retroceso global de la libertad; en 2025 empeoraron 54 países y mejoraron 35 y apenas el 21 % de la humanidad vive hoy en países libres, frente al 46 % de hace dos décadas. El fin del individuo no es una profecía: es una curva.

La nostalgia no es un programa

¿Y Europa? Europa asiste al derribo con la melancolía de quien ocupó durante décadas el piso bueno del edificio. La nostalgia es comprensible; el error está en su objeto.

Porque Europa confunde defender el orden de 1945 con defender sus organigramas: las cumbres, los comunicados, el multilateralismo procesal. La liturgia sin el dios. Lo que merece defensa de aquel orden no son sus burocracias, que envejecieron como envejece todo; es su premisa.

Y ahí Europa posee algo que ningún otro actor del tablero puede exhibir: es el único gran jugador que ha aceptado someterse a tribunales ante los que el particular puede derrotar a su propio Estado, en Estrasburgo o en Luxemburgo.

Ese es su tesoro, su rareza histórica, su única superioridad genuina sobre los proyectos rivales. Y lo defiende peor que nada, porque lo da por descontado, como el heredero que ignora el valor del cuadro por haber crecido delante de él.

He escrito estas semanas que otros redactan artículos 5 mientras Bruselas delibera, y que las fronteras subcontratadas se alquilan pero no se venden.

Añádase ahora la otra cara de aquellas cuentas: si Europa se borra del tablero, no desaparece un actor más; desaparece el último valedor con peso de la premisa de 1948. Nadie en Tianjin, en Nueva Delhi ni en el Despacho Oval va a redactar otro artículo primero.

Nuestro vaticinio es doble.

Primero: el orden de 1945 no llegará muy lejos; sus instituciones serán reformadas por los nuevos fuertes o vaciadas por deserción, y la única incógnita real es si el individuo viaja en el orden que viene o se queda en el andén.

Segundo: la democracia no caerá con estrépito en ninguna capital occidental; permanecerá en pie como fachada catalogada, con sus elecciones periódicas y sus parlamentos amueblados, mientras el inquilino que la justificaba —la persona con derechos anteriores al poder— es desahuciado sin ruido, expediente a expediente, soberanía a soberanía.

Tenía razón Xi en la puerta del Kremlin: son los mayores cambios en cien años. La medida es exacta, aunque no como él cree. Hace justamente un siglo, Europa ya ensayó organizarse sin el individuo; entonces el organismo se llamó nación, raza o clase, y enterrar aquel experimento costó la guerra más mortífera de la historia y exigió, como acta de defunción, el orden que hoy se quiere demoler.

El mundo de 1945 no nació de un seminario: nació de comprobar cuánto cuesta el colectivo cuando se queda sin contrapeso. Los que ahora lo derriban aseguran traer el futuro. Traen, con membrete nuevo, el siglo pasado.

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