La independencia del TC es un desiderátum debido, entre otros factores y, principalmente, a los vínculos políticos de los magistrados que integran el Tribunal. De sus 12 miembros, ocho han ocupado cargos políticos y otros cargos institucionales a propuesta de partidos que luego los han promovido a magistrados constitucionales.
Una firme vinculación política que se termina traduciendo en la alineación de los magistrados por bloques ideológicos y que se produce de forma sistemática en los asuntos de mayor sensibilidad política.
Así, entre 2024 y 2026, el 40 % de las 80 sentencias dictadas por el Pleno en ejercicio del control de constitucionalidad se resolvieron por las cuotas de los bloques ideológicos. Otro 46,25 % se resolvió por unanimidad y un 13,75 % lo determinaron otras mayorías.
Según la ley orgánica que lo regula, el Tribunal Constitucional es un «órgano independiente», pero su composición depende.
Y acaba de culminar con el mayor escándalo sufrido por la justicia constitucional en nuestro país, que solo encuentra su explicación en el apoyo incondicional de esa mayoría de 7 magistrados al Gobierno actual, que ha de pagar un precio al independentismo catalán, aunque ello suponga, en fin, una flagrante vulneración del art. 123 CE.
