«No tenemos aliados eternos ni enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestro deber es seguirlos» – Lord Palmerson, Cámara de los Comunes, 1 de marzo de 1848.
En el número 2375 de Pennsylvania Avenue, a unas pocas manzanas del Departamento de Estado y a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca, hay un edificio que durante años fue mi lugar de trabajo.
Desde sus despachos se ve con una nitidez incómoda cómo funciona el poder en la capital del mundo, y también cómo un país que no es irrelevante puede comportarse durante décadas como si lo fuera.
He vivido desde esa línea de observación avanzada, y en algunos casos desde dentro, buena parte de los asuntos que España ha tenido abiertos con Estados Unidos.
De todo ello me quedó una convicción que el tiempo no ha hecho más que reforzar: los responsables de nuestra política exterior nunca se han tomado verdaderamente en serio la relación con Washington. La han administrado, que es cosa distinta.
Un dato reciente lo resume mejor que cualquier anécdota. Según los registros públicos de la Ley de Agentes Extranjeros, la FARA, Marruecos ha gastado en la última década cerca de 59 millones de dólares en promover sus intereses en Estados Unidos; España, poco menos de siete, y buena parte de esa cifra ni siquiera procede del Estado sino de la Generalitat de Cataluña y de una institución ferial.
En 2025, Rabat invirtió unos 3,5 millones de dólares; la única entidad española registrada fue el Gobierno catalán, con algo menos de 600.000. Que el país que reclama Ceuta y Melilla y que consiguió de la primera Administración Trump el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental multiplique por ocho nuestra inversión en influencia no es un accidente presupuestario. Es la fotografía de una prioridad.
Ni primera fila ni irrelevante: el lugar exacto de España en la mirada americana
Conviene empezar por una verdad que a menudo se esquiva por incómoda. España no es un país de primera línea para Estados Unidos. No lo es Reino Unido desde hace tiempo, ni Alemania, ni Francia en la medida en que fueron; menos aún lo somos nosotros.
En la agenda de un secretario de Estado, España aparece cuando hay un problema, rara vez cuando hay una oportunidad. Pero de ahí a la irrelevancia hay una distancia enorme que nuestra propia diplomacia parece a veces empeñada en recorrer.
Los números dicen otra cosa.
Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en España y el primer destino de la inversión española en el mundo: más de 116.000 millones de euros de capital productivo americano aquí, cerca de 97.000 millones de capital español allí, presentes en 45 de los 50 estados, con un intercambio bilateral de bienes y servicios que superó los 70.000 millones en 2024. Casi un tercio del gas natural licuado que consume España llega de Estados Unidos.
Y luego está lo que no se mide en euros: Rota y Morón, dos bases que en cualquier crisis del Mediterráneo oriental, del Sahel o del golfo Pérsico convierten a España en un actor logístico de primer orden para el Pentágono, lo quiera o no el Gobierno de turno.
Es decir: somos un país de segunda fila con activos de primera. Esa es precisamente la posición en la que un lobby bien organizado rinde más, porque en Washington la atención no se recibe, se conquista. Los países de primera fila la tienen garantizada por su peso; los irrelevantes no la necesitan. Los del medio, que es donde estamos, se la juegan cada legislatura.
Washington no se escucha: se trabaja
Hay una idea muy extendida entre nuestros responsables políticos, y no solo en Exteriores, según la cual la relación con Estados Unidos consiste en gestionar bien al embajador americano en Madrid y en conseguir, de tanto en tanto, una fotografía en el Despacho Oval. Quien haya trabajado en Washington sabe que eso no es la relación: es su escaparate.
La relación real se construye en el Capitolio, en los comités, en los estados, en los think tanks y en los despachos de las firmas de asuntos públicos que redactan borradores de enmiendas antes de que un congresista sepa siquiera que va a presentarlas.
El sistema americano está diseñado para ser influido.
La Primera Enmienda ampara el derecho de petición, la FARA regula con transparencia la actuación de los agentes de gobiernos extranjeros y el Congreso, con sus 535 miembros sin disciplina de voto y con agendas locales, es una estructura porosa que premia a quien trabaja con constancia y castiga a quien aparece solo cuando tiene un problema.
Los griegos lo entendieron hace medio siglo, cuando la invasión turca de Chipre les enseñó que la geografía no bastaba.
Los irlandeses lo convirtieron en un arte que les ha permitido tener a un presidente de Estados Unidos hablando con emoción de sus raíces en el condado de Mayo.
Israel, con todas las reservas que cada cual quiera poner, es el caso de estudio universal.
Y Marruecos, sin diáspora comparable a la irlandesa ni afinidad cultural con el votante medio americano, ha logrado con dinero y método lo que nosotros, con doscientos años de historia común, decenas de millones de hispanohablantes y una presencia empresarial en casi todos los estados, no hemos intentado siquiera.
Porque esa es la palabra: intentado.
España ha tenido buenos embajadores en Washington, algunos excelentes, y funcionarios que hacían milagros con lo que tenían. Ha tenido también excelentes funcionarios diplomáticos. Doy fe de todo ello.
Lo que nunca ha tenido es una estructura permanente, profesional, bipartidista y dotada, que trabaje la relación cuando no hay crisis para que, cuando la haya, alguien en el Capitolio descuelgue el teléfono.
El Consejo España-Estados Unidos, la Cámara de Comercio, las fundaciones: todo ello existe, es meritorio y es insuficiente, porque ninguna de esas piezas tiene el mandato ni los medios para hacer lo que hace un lobby de verdad.
Se confía en que la diplomacia clásica baste. No basta. No ha bastado nunca.
Una embajada infradotada: cuando la anécdota es categoría
Durante mis años en Washington pude comprobar que la Embajada de España, una de las más relevantes de nuestra red exterior, no solo estaba infradotada en medios materiales sino que operaba con políticas de personal que, dichas en voz alta, cuesta creer que se apliquen en una Administración europea del siglo XXI.
El término “vergonzoso” se quedaría probablemente corto.
El personal laboral contratado localmente, el que sostiene el funcionamiento diario de cualquier misión diplomática, estaba en ocasiones sometido a la legislación laboral estadounidense.
Es decir: trabajadores al servicio del Estado español, que ejecutan funciones públicas españolas, regidos por un ordenamiento en el que el despido libre es la regla y la negociación colectiva una rareza.
A ello se sumaban retribuciones que, en una de las ciudades más caras del país, resultaban sencillamente ridículas y en absoluto competitivas.
El resultado era el que cabía esperar: rotación permanente, dificultad para retener talento, y una Embajada que perdía cada pocos años la memoria institucional que con tanto esfuerzo había acumulado.
Desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, que es la mía, algunas de aquellas situaciones no eran solo absurdas: eran difícilmente defendibles.
No se trata de una queja local ni de un recuerdo personal.
En 2022, los sindicatos denunciaban que los cerca de 5.500 trabajadores laborales de nuestra red exterior llevaban trece años con los salarios congelados, y en Londres se llegó a una huelga de cincuenta días sin precedentes.
Dos años antes, el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid había declarado, en sentencia luego confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, que el Ministerio vulneraba el derecho a la negociación colectiva de ese personal.
Y hace apenas unos días, la prensa publicaba que Exteriores mantiene a un centenar de empleados de consulados encadenando contratos temporales por encima de los límites que fija el Estatuto Básico del Empleado Público.
Mientras tanto, España cuenta con alrededor de un millar de diplomáticos de carrera para 117 embajadas, 10 representaciones permanentes y casi noventa consulados; Polonia, con 38 millones de habitantes, tiene 1.700, y Dinamarca, con seis millones, 1.300.
Ningún país gestiona con seriedad su relación con la primera potencia del mundo desde una estructura tratada como un gasto prescindible.
Las formas también son fondo: el episodio Sánchez-Trump
Escribí en otra pieza sobre algunos aspectos, a mi juicio inaceptables, de las formas empleadas por Pedro Sánchez en su relación con la Administración Trump. No voy a repetir aquel argumento, pero sí a situarlo en el contexto de esta columna, porque es la ilustración más reciente de la tesis.
Quiero ser claro en un punto: soy y he sido extremadamente crítico con la Administración Trump, y comparto algunos de los reproches que el Gobierno español le ha dirigido.
Su forma de conducir la política exterior, a golpe de amenaza arancelaria y de humillación pública del aliado, es incompatible con la idea de una alianza entre iguales.
Cuando en La Haya, en junio de 2025, el presidente americano declaró que lo de España era «terrible», que éramos «el único país que se niega a pagar» y que iba a hacernos «pagar el doble» en un acuerdo comercial, estaba tratando a un aliado de la OTAN como a un deudor moroso.
Y cuando en marzo de 2026, tras la negativa española a autorizar el uso de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán, anunció que «cortaría todo el comercio con España» porque no tenemos «absolutamente nada que necesiten», estaba diciendo una falsedad, como saben todas las empresas americanas con 200.000 empleados en nuestro país.
Pero una cosa es tener razón y otra saber administrarla.
Que un presidente del Gobierno español responda al primer episodio con un «España siempre es la solución, nunca el problema» pronunciado con sonrisa de campaña, y al segundo con un «no aceptamos sus lecciones» desde la Moncloa, puede rendir en el Telediario de las nueve.
En Washington, donde la memoria institucional es larga y las carreras del Departamento de Estado sobreviven a las Administraciones, rinde exactamente lo contrario.
La chulería y el desparpajo, que en la política doméstica española pasan por carácter, en la relación con Estados Unidos se leen como lo que son: la impostura de quien no tiene detrás la estructura que le permitiría hacerse respetar de verdad.
Se puede decir no al uso de las bases, y hay razones jurídicas sólidas para hacerlo a la luz del convenio bilateral y de la Carta de las Naciones Unidas.
Lo que no se puede es decirlo como si no fuéramos a necesitar a ese mismo interlocutor la semana siguiente, en el Comité de Finanzas del Senado, cuando se discutan los aranceles al aceite de oliva o al vino de Jerez.
La paradoja es cruel: un Gobierno que ha hecho de la confrontación con Trump una bandera es el mismo que no ha movido un dedo para dotar a España de los instrumentos que le permitirían sostener esa confrontación con algo más que titulares. Se puede ser firme frente a Washington. Lo que no se puede es ser firme y estar desarmado.
Lo que habría que hacer, y por qué nadie lo ha hecho
Nada de lo que sigue es original.
Lo hacen países más pequeños que el nuestro desde hace décadas.
Primera pieza: un lobby permanente. España necesita una estructura estable en Washington, registrada bajo la FARA con plena transparencia, con firmas de asuntos públicos de ambos partidos contratadas de forma continuada y no cuando estalla el problema, y con un mandato claro: cultivar el Congreso, los gobernadores de los estados donde hay inversión española y los centros de pensamiento que fabrican la agenda de la siguiente Administración.
Su coste es una fracción de lo que cuesta un solo arancel mal negociado. Además necesita que ese lobby sea capaz de capturar verdadero talento, no al primo o al amigo.
Segunda pieza: una embajada a la altura. La representación en Washington debe ser tratada como lo que es, un puesto estratégico, con dotación presupuestaria, con un estatuto del personal laboral en el exterior que no dependa del ordenamiento del país de acogida cuando ese ordenamiento vacía derechos que la Constitución española reconoce, y con salarios que permitan retener a quien conoce los pasillos.
Tercera pieza: continuidad por encima de los ciclos. La relación con Estados Unidos no puede ser rehén de la afinidad ideológica entre quien ocupe la Moncloa y quien ocupe la Casa Blanca.
Aznar la vinculó a Bush; Zapatero la hirió con un gesto en un desfile antes incluso de llegar a la Moncloa; Rajoy la dejó en modo administrativo; Sánchez la ha convertido en un instrumento de política interior. Cuatro presidentes, cuatro políticas.
Lo que Washington ve no es un aliado con criterio: es un aliado imprevisible, que es la peor categoría en la que un país puede caer en esa ciudad.
¿Por qué nadie lo ha hecho? En parte, por una cultura diplomática que sigue considerando el lobby una práctica algo indigna, propia de otros, cuando en Washington es sencillamente el idioma.
En parte, porque los réditos de esa inversión se cosechan a diez años vista y ningún ministro ha querido pagar hoy lo que disfrutará su sucesor.
Y en parte, hay que decirlo, porque España ha vivido la relación transatlántica desde una mezcla de complejo y comodidad: el complejo de quien sabe que no es primera fila, y la comodidad de quien cree que la OTAN y las bases lo resuelven todo sin necesidad de hacer más.
Una relación por reconstruir
España necesita, de cara a la siguiente etapa política, sea cual sea su signo, reconsiderar en profundidad su política hacia Estados Unidos.
No para volver al vasallaje, que nunca fue una opción digna, ni para prolongar el gesto, que no es una política. Sino para hacer lo que hacen los países que se toman en serio a sí mismos: identificar sus intereses, que son eternos y perpetuos como decía Palmerston, dotarse de los instrumentos para defenderlos y trabajarlos con paciencia cuando nadie mira.
He visto desde dentro lo que ocurre cuando no se hace. Se pierden contratos que otros ganan. Se pierden votaciones en comités cuyo nombre nadie en Madrid conoce.
Se pierde la posibilidad de que, cuando un presidente americano amenaza con cortar todo el comercio, haya treinta congresistas de ambos partidos dispuestos a recordarle en público lo que su estado se juega.
Y se pierde, sobre todo, la oportunidad de que España sea tratada como lo que es, un país de segunda fila con activos de primera, y no como lo que a veces parece: un país que ni siquiera se ha molestado en explicarlo.
Marruecos lo entendió. Nosotros seguimos esperando a que alguien nos escuche.
