«¿Cuánto tiempo llevan oyendo hablar de Cuba? ¿Cincuenta años? Y para mí es uno de los pequeños» –Donald Trump, entrevista con Politico, 5 de marzo de 2026.
A poco más de un mes del 3 de noviembre, todas las piezas de un movimiento de octubre están sobre la mesa.
Un presidente con un 39% de aprobación y un 58% de rechazo, el peor registro de su segundo mandato según Emerson. Una guerra con Irán que entró en su séptimo mes sin que Ormuz se haya reabierto y con una gasolina cuyo precio el propio Trump ha calificado de barato para lo que compra.
Una oposición con once puntos de ventaja en la intención de voto al Congreso.
Y, enfrente, un país con ocho apagones nacionales en lo que va de año, un Gobierno al que el presidente de Estados Unidos ha llamado «Estado absolutamente fallido» desde la tribuna de la Asamblea General, y una delegación que se levantó del hemiciclo mientras se lo decían.
A eso se añade lo que no se ve pero se sabe: que Trump lleva desde mayo prometiendo un anuncio «pronto» sobre el bloqueo petrolero, que en Miami se cruzan apuestas sobre si alguien irá a buscar a Raúl Castro.
Y el 26 de septiembre, un día después de que CBS revelara que la Reserva del Ejército sondea unidades para el Comando Sur, el propio Trump, preguntado en la Casa Blanca: «Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército». Quiere «ayudar a Cuba» y «abrir» el país.
La pregunta que se hace cualquiera que lea todo esto junto es doble y evidente: ¿acuerdo o intervención?, ¿antes de las urnas o después?
Es la pregunta equivocada. No porque carezca de respuesta, sino porque la respuesta importa menos que otra que casi nadie formula. El documento más concreto que ha trascendido en meses sobre los planes de Washington no dice cuándo, y tampoco dice si.
Dice qué. Y lo que dice es bastante más caro que un golpe de efecto.
El argumento de octubre
Conviene tomarse en serio la hipótesis del movimiento preelectoral, porque tiene a su favor la historia entera de la relación entre Cuba y el calendario político norteamericano. No hay otro país extranjero cuya política exterior se haya escrito tantas veces con las fechas de una elección delante.
En 1962, John F. Kennedy anunció la existencia de los misiles soviéticos el 22 de octubre y el electorado votó el 6 de noviembre.
Los demócratas, que se preparaban para una pérdida seria, perdieron cuatro escaños en la Cámara y ganaron en el Senado; la primera encuesta de Gallup tras la crisis dio al presidente un 74% de aprobación.
Hubo republicanos que acusaron a la Administración de haber fabricado la crisis para las elecciones. No la había fabricado, pero la lección quedó aprendida: Cuba, en octubre, mueve votos.
La lección tenía letra pequeña, y es que el dividendo fue para quien desactivó la crisis, no para quien la había creado. Trump acaba de mostrar que la ha leído entera: un día se filtra el sondeo de unidades y al siguiente se anuncia que no harán falta.
Es ocupar los dos papeles a la vez. En octubre de 1992, en plena campaña presidencial, el Congreso aprobó la Ley Torricelli. En marzo de 1996, año electoral, Clinton firmó la Helms-Burton que había prometido vetar, dos semanas y media después de que dos cazas cubanos derribaran las avionetas de Hermanos al Rescate.
La misma matanza que en 1996 sirvió para codificar el embargo sirve en 2026 para acusar de asesinato a Raúl Castro. Treinta años después, el expediente no ha cambiado de tribunal: sigue en el Distrito Sur de Florida.
El presente añade lo suyo. El secretario de Estado que conduce la política cubana es el exsenador por Florida cuyo antiguo escaño, ocupado por designación por Ashley Moody, se vota el 3 de noviembre frente a la demócrata Angie Nixon, con sondeos que van del empate a ocho puntos de ventaja republicana.
Y existe un modelo probado y reciente de operación de una noche: la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, ejecutada por fuerzas especiales sobre la base de una acusación penal en un tribunal federal, sin ocupación, sin autorización del Congreso y sin más presencia militar sobre el terreno que la imprescindible para sacar a un hombre de su casa.
Raúl Castro tiene 95 años, siete cargos en Miami desde el 20 de mayo y una dirección conocida. Nada en el calendario impide repetir el modelo en octubre.
En julio, CBS informó de que el Pentágono había preparado opciones que incluían un asalto aéreo a gran escala a cargo de la 101.ª Aerotransportada, y la misma cadena ha revelado que este año hubo reconocimiento de los accesos marítimos a la isla y medios aéreos puestos en alerta para un despliegue que no llegó a materializarse; en agosto, Hegseth dijo en Panamá que todas las opciones, incluidas las militares, estaban sobre la mesa. Quien sostenga que algo se prepara para antes de las urnas no está especulando en el vacío.
Ese es el argumento de octubre, y es sólido. Lo que no es sólido es la premisa de que el golpe, si llega, se dé solo por los votos.
Lo que enseñó el 3 de enero
El experimento ya se ha hecho este año y sus resultados están publicados. Tras la captura de Maduro, Reuters/Ipsos midió una subida de la aprobación presidencial del 39 al 42%; solo un tercio de los encuestados aprobaba la operación.
Nueve meses después, con una guerra y una crisis arancelaria de por medio, la media de aprobación está en el 37%. No es posible aislar aquel efecto de todo lo que vino después; lo que sí puede decirse es que no impidió el posterior deterioro de la aprobación.
La razón no es misteriosa. El electorado que decide unas legislativas no vota sobre La Habana. En la encuesta de Emerson de la última semana de septiembre, el 41% señala la economía como su primera preocupación, y los votantes que la señalan se inclinan por el candidato demócrata catorce puntos por encima del republicano.
Ese electorado paga la gasolina de la guerra de Irán, no el combustible que no llega a Cuba.
De modo que el movimiento de octubre, si se produce, no se explica solo por las urnas. Se explica también por el relato de un presidente que prometió que Cuba caería, que la ha descrito como «uno de los pequeños» y que necesita, antes de que el Congreso cambie de manos, una victoria en la única guerra que puede ganar en una noche.
Eso no excluye el cálculo electoral: lo desborda. Es un cálculo de biografía. Y explica por qué el anuncio, o el golpe, puede ir antes del 3 de noviembre sin que nada de lo que viene después quepa en esa fecha. El anuncio, de hecho, ya ha empezado, y en su forma más barata: un acuerdo que la otra parte niega estar negociando.
El canciller cubano dijo a NBC, en vísperas de esa declaración, que Washington nunca encontrará justificación para un ataque y que no cree que se repita lo de Venezuela; sobre el acuerdo, nada. Un acuerdo que una parte anuncia y la otra no reconoce es, mientras no se firme, un anuncio.
Leer la lista de unidades
El 25 de septiembre, CBS publicó el contenido de un mensaje interno del cuartel general de la Reserva del Ejército. Pedía a sus mandos subordinados que informaran de la disponibilidad de seis tipos de unidades para ponerlas bajo el Comando Sur, con la advertencia de que podrían ser necesarias «en 90-120 días» y con el propio 25 de septiembre como plazo para responder.
El mensaje no nombra a Cuba. Varios funcionarios dijeron a la cadena que la planificación se dirige a la isla. Ninguna unidad ha recibido órdenes de despliegue. Y un presidente puede decir al día siguiente que el Ejército no será necesario sin que el mensaje deje de tener plazo de respuesta.
La lectura periodística se detuvo en las fechas: contando desde la semana en que se redactó el mensaje, la ventana se abre a mediados de diciembre y se cierra a mediados de enero, después de las elecciones. Pero la lectura relevante no está en las fechas sino en la lista.
Las seis unidades son una brigada de policía militar, una brigada médica, un destacamento quirúrgico, un batallón de ingenieros, un batallón de logística y un mando expedicionario de sostenimiento. No hay en esa lista una sola unidad que dé un golpe.
Son, todas ellas, unidades de las que se quedan. CBS es escrupulosa en lo que no dice: el documento no fija destino ni misión, y sondear disponibilidad no es ordenar un despliegue. Pero el tipo de fuerza por la que se pregunta acota el tipo de escenario que se contempla.
Una operación como la de Caracas no necesita policía militar de la Reserva: necesita un helicóptero y un plan de extracción. La policía militar existe para la seguridad, los controles y las detenciones; el destacamento quirúrgico, según la propia descripción de CBS, para atender a las fuerzas estadounidenses cerca de donde operan.
En un escenario de ocupación, esas mismas unidades, la brigada médica, los ingenieros, la logística y el sostenimiento, serían las llamadas a atender a una población sin insumos, a una red eléctrica que ha caído ocho veces este año y al abastecimiento durante meses de quien administra territorio. Esa asignación es hipótesis mía, no misión acreditada por el documento; lo que el documento acredita es la naturaleza de la fuerza. El mensaje de la Reserva no describe la noche de la operación. Describe, para el caso de que la haya, el día después.
Y el día después tiene, en la memoria norteamericana, dos fechas casi idénticas. Noriega fue acusado en Miami y Tampa en febrero de 1988; la invasión de Panamá se lanzó el 20 de diciembre de 1989, trece meses después de la elección de Bush; el general se entregó el 3 de enero de 1990.
Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026. La operación se decide cuando conviene al que la decide; la fuerza que se queda llega cuando la ventana lo permite. Lo que se anuncia antes de noviembre es la parte gratis. Lo que se sondea para diciembre es la factura.
El día después tiene nombre jurídico
Un jurista puede ahorrarle al lector la discusión sobre si la operación sería legal, porque la Administración ya ha elegido su título: el mismo de 1989 y el de enero.
La acusación penal en el Distrito Sur de Florida, devuelta por el gran jurado el 23 de abril y desellada el 20 de mayo, día de la independencia cubana, convierte a un exjefe de Estado en un acusado en rebeldía, y a una intervención armada en una diligencia de detención.
Es la construcción con la que Bush justificó Panamá, informando al Congreso al día siguiente de la invasión con la fórmula de que actuaba «de conformidad» con la War Powers Resolution, sin haberle pedido autorización, y la que Rubio repitió tras Caracas: una detención de fugitivos de la justicia norteamericana, una misión que, dijo, no admite prenotificación.
Es la justificación que sostiene el Ejecutivo, no una legalidad indiscutida: el Senado avanzó días después, por 52 votos contra 47, una resolución para limitar nuevas acciones en Venezuela, y Trump respondió declarando inconstitucional la ley de 1973, sobre la que ningún tribunal ha querido pronunciarse. En términos de Derecho internacional, es la vulneración de la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta vestida de orden de busca y captura.
Pero la acusación cubre la noche. No cubre el día siguiente, y ahí es donde la lista de unidades cambia la naturaleza jurídica de lo que se prepara.
Desde 1907, el Reglamento de La Haya considera ocupado un territorio en cuanto queda de hecho bajo la autoridad de un ejército enemigo, y obliga al ocupante a restablecer y asegurar el orden y la vida pública. El IV Convenio de Ginebra añade lo que, en ese escenario, la Reserva estaría empezando a medir en batallones: el deber de asegurar el abastecimiento de víveres y medicamentos a la población y de mantener los servicios sanitarios.
Una brigada de policía militar y una brigada médica no son la firma de una detención. Son la firma del escenario que un planificador prudente estudia cuando sabe qué obligaciones contraería.
Y aquí la retórica se vuelve contra quien la usa. Un Estado fallido se declara desde fuera; un territorio ocupado se administra desde dentro. Quien ha cerrado el grifo del combustible venezolano en enero, declarado la emergencia nacional el 29 de enero y mantenido el bloqueo de facto durante nueve meses ha producido con sus propias manos el pasivo que heredaría el día después.
Diez millones de personas sin electricidad ni medicinas no son un régimen que cae. Son una población a cargo. La orden de detención de Raúl Castro no abastece un hospital. Lo abastecería, llegado el caso, el batallón de logística de la lista de CBS, y lo haría con cargo al contribuyente que en noviembre votaba sobre el precio de la gasolina.
La palabra que no se dice
Kennedy no llamó bloqueo al bloqueo de 1962. Lo llamó cuarentena, porque el bloqueo es un acto de guerra y la cuarentena, un término sanitario.
Trump tampoco ha llamado bloqueo al de 2026: lo llamó emergencia nacional, un arancel a terceros que se retiró tres semanas después dejando la emergencia en pie, y una sucesión de anuncios que nunca terminan de producirse. El nominalismo es el mismo.
La diferencia es que en 1962 la palabra evitada servía para no empezar una guerra, y en 2026 la palabra evitada sirve para no reconocer que ya se ha empezado a sitiar. Y la palabra que hoy se evita con más cuidado no es bloqueo. Es ocupación.
Escribí en marzo, cuando Trump hablaba de una toma amistosa, que el destino de los intereses españoles en la isla lo estaban negociando otros.
Seis meses después ya no se negocia: el canciller cubano dijo el 7 de septiembre que no hay agendas ni hojas de ruta, el acuerdo energético murió en la exigencia de la salida de Díaz-Canel, y lo que se sondea es la Reserva.
Los hoteles de Varadero seguirán sin estar en la sala, pero la sala ya no es una mesa de negociación. Es un mando de sostenimiento.
Lo que un presidente gana después del 3 de noviembre es lo que pierde: quizá una Cámara, seguro la posibilidad de que las urnas le pasen la cuenta, y dos años sin elección propia.
Es el escenario ideal para la parte de la operación que nadie anuncia porque nadie vota por ella. El golpe de efecto de octubre ha empezado a tomar forma el 26 de septiembre, y tiene la forma más barata de todas: la de un acuerdo anunciado por una sola de las partes.
Puede seguirle un traslado en avión o una fotografía en Miami. Nada de eso es lo que el Ejército de Reserva ha empezado a contar. Un golpe de efecto se anuncia. Una ocupación se presupuesta. Y alguien, en el cuartel general de la Reserva, ha empezado a preguntar cuánto costaría.
