«La propiedad queda revestida de un interés público cuando se usa de un modo que la hace de consecuencia pública y afecta a la comunidad en su conjunto» — Morrison R. Waite, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Munn v. Illinois, 1 de marzo de 1877.
El 3 de noviembre de 2026, mientras el país renovaba su Congreso, los vecinos de Sunbury, en Ohio, votaron además otra cosa. Según el recuento provisional, aprobaron una reforma de su carta municipal que veta los centros de datos de más de 25 megavatios, en una ciudad donde Amazon proyecta un campus de 2.000 millones de dólares.
No fueron los únicos: al menos 14 municipios del estado aprobaron prohibiciones o restricciones, y en 10 estados se votaron 41 medidas sobre centros de datos.
En Ohio, Build American AI, vinculada a Leading the Future, la gran red de comités de acción política de la industria, gastó al menos 2 millones y medio de dólares en anuncios que ensalzaban los beneficios de los centros de datos.
Fue una excepción. En el conjunto de la campaña, los comités ligados al sector invirtieron más de 50 millones de dólares en casi 50 contiendas, y sus anuncios evitaron casi siempre nombrar la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, como tal, no figuraba en ninguna papeleta, y sus principales financiadores no hicieron nada por ponerla en ella. Lo que sí figuraba, en Ohio y en Michigan, eran sus infraestructuras y la factura de la luz.
Y es ahí, y no en los laboratorios ni en los despachos de Washington, donde la noche electoral ha cambiado la política de la inteligencia artificial.
Lo que se compró
Leading the Future, financiada sobre todo por el fondo Andreessen Horowitz y por Greg Brockman, presidente de OpenAI, defiende una regulación ligera y un estándar federal único que desplace a las leyes de los estados.
Frente a ella, Public First Action, un grupo bipartidista que recibió 20 millones de dólares de Anthropic, reclama salvaguardas y transparencia en los modelos más avanzados. La rivalidad entre dos laboratorios se trasladó así a las campañas.
El objeto de la disputa era preciso: si las reglas sobre los modelos las escribe Washington con una sola norma de mínimos o cincuenta parlamentos estatales. Que se construyeran centros de datos se daba por descontado.
El ensayo general se celebró en junio, en las primarias demócratas del distrito 12 de Nueva York. Alex Bores, coautor de la ley neoyorquina de seguridad de los modelos avanzados, sufrió una campaña de unos 8 millones de dólares de un comité afiliado a Leading the Future y perdió por poco.
Pero su rival, Micah Lasher, también es partidario de regular la inteligencia artificial. La industria derrotó al candidato, no a la idea.
Llegó el 3 de noviembre. El brazo republicano de la misma red invirtió unos 2,7 millones de dólares en defender el escaño de Carolina del Sur en el Senado, que acabó en manos demócratas en un estado que Trump ganó por 18 puntos.
En Ohio, Sherrod Brown derrotó al senador Jon Husted después de presentarlo como «la cara de los centros de datos». En Michigan ganó Abdul El-Sayed con un programa que exigía que los centros de datos pagaran su propia demanda de energía.
La objeción razonable
Sería un error leer esta noche electoral como un referéndum sobre la inteligencia artificial, y el argumento contrario merece exponerse con su mejor fuerza.
El elector estadounidense votó el coste de la vida, y el surtidor de gasolina y la guerra con Irán pesaron más que cualquier algoritmo.
El dinero de la industria, además, no fracasó en todas partes: en las primarias, la gran mayoría de los candidatos respaldados por Leading the Future ganaron. La construcción tampoco se detiene: la capacidad de centros de datos en obra ha crecido un 48 por ciento en el país, según Reuters.
Y el vínculo entre centros de datos y precios eléctricos está lejos de ser pacífico. El secretario de Energía, Chris Wright, sostiene que su llegada suele acompañarse de años de precios congelados. Un estudio del Electric Power Research Institute, financiado en buena parte por las propias eléctricas, estima que entre 2015 y 2024 los centros de datos abarataron modestamente las tarifas medias, al repartir los costes fijos de la red entre más consumo.
La asociación de fabricantes de Ohio niega que el estado padezca crisis alguna por esta causa. Y los estrategas de Goldman Sachs consideran improbable una moratoria nacional.
Estas objeciones obligan a precisar la tesis.
No se votó la inteligencia artificial: se votó su factura
No se votó la inteligencia artificial en abstracto. Se votó lo que cuesta mantenerla encendida. En la red de PJM, que abastece a trece estados entre Nueva Jersey y el norte de Illinois, el precio que remunera a las centrales por garantizar suministro futuro se ha multiplicado por más de once en dos años.
El monitor independiente de ese mercado atribuyó a los centros de datos el 63 por ciento de la subida en la subasta de 2025-2026, unos 9.300 millones de dólares que pagan los consumidores en sus tarifas.
Y un trabajo del MIT del que es coautora la economista Jacquelyn Pless estima que, entre 2010 y 2024, la llegada de centros de datos elevó las tarifas minoristas un 2,7 por ciento de media, y un 5,6 en los clientes de eléctricas privadas.
«Ese es el desplazamiento que la industria no supo leer. La inteligencia artificial ya no es solo software; es también infraestructura: suelo, agua, subestaciones, megavatios. El software se regula, si acaso, en Washington. La infraestructura se regula donde se enchufa».
El propio estudio del EPRI advierte de que su efecto benigno puede invertirse cuando la demanda desborda la oferta, que es exactamente lo que registra la subasta de PJM.
El elector lo había registrado: según el sondeo de CNBC, más de la mitad de los votantes consideró los centros de datos un factor crucial o importante de su decisión.
La señal más elocuente, sin embargo, procede de los perdedores. El rival republicano de El-Sayed propuso una moratoria de un año para nuevos centros de datos, y en la carrera por el Gobierno de Ohio los dos candidatos propusieron moratorias.
Cuando el vencedor y el vencido proponen lo mismo, la cuestión ha dejado de ser partidista y se ha convertido en un dato del terreno.
Conviene no confundir las respuestas. Prohibir una instalación no es lo mismo que exigirle que asuma sus costes, y una prohibición municipal puede obedecer también al agua, al ruido o al suelo. Pero ambas comparten una premisa. Las urnas no fijaron tarifas: negaron que la expansión de esas infraestructuras pudiera darse por descontada sin resolver antes sus costes para la comunidad.
Ese es el desplazamiento que la industria no supo leer. La inteligencia artificial ya no es solo software; es también infraestructura: suelo, agua, subestaciones, megavatios. El software se regula, si acaso, en Washington. La infraestructura se regula donde se enchufa.
Los graneros de Chicago
El derecho estadounidense ya conoció este momento. A comienzos de la década de 1870, los agricultores del Medio Oeste, organizados en el movimiento de la Grange, se rebelaron contra las tarifas que les imponían los ferrocarriles y los propietarios de los elevadores de grano.
Entre 1871 y 1874, Illinois, Iowa, Minnesota y Wisconsin aprobaron leyes que fijaban precios máximos. Munn & Scott, que almacenaba grano en Chicago, fue condenada por cobrar por encima del límite y recurrió hasta el Tribunal Supremo.
El 1 de marzo de 1877, por siete votos contra dos, el presidente del Tribunal, Morrison Waite, rescató una vieja doctrina del jurista inglés Matthew Hale: la propiedad destinada a un uso que afecta al conjunto de la comunidad queda sometida al control público.
Quien dedica sus bienes a un uso en el que el público tiene interés concede al público, en la práctica, un interés en ese uso. El propietario del elevador no había hecho nada ilícito al construirlo. Simplemente había crecido hasta convertirse en un asunto de todos.
La doctrina no necesita hoy traducción, y su aplicación más nítida está en Ohio. El 9 de julio de 2025, a propuesta de la propia compañía eléctrica, la Comisión de Servicios Públicos del estado aprobó para AEP Ohio una tarifa que obliga a los nuevos centros de datos de más de 25 megavatios, el mismo umbral que acaba de votar Sunbury, a pagar al menos el 85 por ciento de la potencia contratada, la consuman o no, con contratos de hasta doce años y penalizaciones por salida anticipada.
El propósito declarado fue evitar que los demás usuarios cargaran con inversiones infrautilizadas destinadas a los centros de datos. No es una tarifa máxima impuesta a un prestador, sino un reparto de los costes que un gran consumidor impone a una red regulada.
Pero la lógica de Munn reaparece con otro objeto: impedir que una actividad privada imponga sus condiciones al conjunto de la comunidad.
Lo que siguió es la parte que hoy interesa. En 1886, en el caso Wabash, el mismo Tribunal negó a los estados la facultad de regular las tarifas del tráfico entre estados.
La industria ferroviaria pareció ganar. Al año siguiente, el 4 de febrero de 1887, el presidente Cleveland firmó la Interstate Commerce Act, que exigió tarifas «razonables y justas» y creó la Interstate Commerce Commission, considerada la primera agencia reguladora independiente del Gobierno federal.
La secuencia merece retenerse: primero regulan los estados, después el Tribunal centraliza y, al final, el Congreso federaliza, pero con contenido. Desde entonces la discusión dejó de versar sobre si la industria debía someterse a control y pasó a versar sobre quién debía ejercerlo.
La Casa Blanca intenta hoy un Wabash, pero por vía ejecutiva. La Orden 14365, de 11 de diciembre de 2025, creó en el Departamento de Justicia un grupo de litigación para impugnar las leyes estatales sobre inteligencia artificial.
Su primera prueba llegó en Colorado: xAI demandó al estado, el Departamento de Justicia intervino y en abril las partes acordaron suspender temporalmente la aplicación de la ley hasta que se resuelvan las medidas cautelares, sin pronunciamiento sobre el fondo.
El Congreso, en cambio, no ha querido acompañar: el Senado ya había suprimido en 2025, por 99 votos contra uno, una moratoria de diez años sobre las leyes estatales.
Y hay un detalle que el 3 de noviembre ha convertido en paradoja. La propia orden dispone que la propuesta legislativa federal no pretenda desplazar las leyes estatales sobre protección de menores, contratación pública ni infraestructura de cómputo y centros de datos, salvo las reformas generales de permisos. El techo federal que la industria pagaba por obtener se diseñó, por mandato expreso, sin cubrir el terreno en el que acaba de perder.
Lo que cambia el 3 de enero
A partir del 3 de enero de 2027, los demócratas controlarán las dos cámaras. Blair Levin, investigador de la Universidad de Nueva York, ya anticipaba en octubre el bloqueo: un Congreso demócrata no aprobará una ley que desplace en bloque a los estados, y Trump difícilmente firmará una que los deje en pie.
Si el pronóstico se cumple, el resultado por defecto será, al menos durante un tiempo, precisamente el mosaico de normas estatales que Leading the Future se gastó una fortuna en evitar. A ello se sumarán las comparecencias ante comisiones que ahora presidirá la oposición.
En junio sostuve que a Washington no le interesaba regular la inteligencia artificial, sino controlarla: un pulso entre el Estado y los laboratorios por la llave del modelo. El 3 de noviembre ha entrado en escena un tercer actor al que los pesos de una red neuronal le resultan indiferentes y el precio del kilovatio-hora, no.
El argumento de la carrera con China, que en Washington justifica cualquier aceleración, llega a Ohio convertido en una línea más del recibo, y en esa forma pierde casi toda su capacidad de persuasión.
El interés de todos
La lección de Waite no era hostil a la propiedad ni al progreso. Los elevadores siguieron funcionando y los ferrocarriles siguieron tendiendo vías. Lo que cambió fue el estatuto de esa propiedad: quien crece hasta afectar a la comunidad adquiere frente a ella una obligación que no figuraba en sus planes.
Tampoco el mosaico estatal será, si la historia sirve de guía, la última palabra. Tras Wabash no llegó la libertad de tarifas que celebraron los ferrocarriles, sino una norma federal única con tarifas «razonables y justas» y una comisión que las vigilaba. La industria de la inteligencia artificial puede acabar consiguiendo su ley federal. No la que pagaba.
Gastó decenas de millones para decidir qué Gobierno escribiría las reglas sobre lo que sus modelos pueden decir y hacer. Los electores respondieron a una pregunta que nadie les había formulado: quién paga la electricidad que esos modelos consumen.
En 1877, a los propietarios de los graneros de Chicago se lo explicó el Tribunal Supremo. En 2026, a una de las industrias más poderosas de su tiempo se lo han explicado los vecinos de Sunbury. No les ha hecho falta ninguna sentencia. Les ha bastado una papeleta para recordarle dónde se enchufa.
