Registrar una marca en España sin haber comprobado previamente si existen derechos anteriores, posibles conflictos o problemas de distintividad puede terminar convirtiendo una gestión relativamente sencilla en un procedimiento mucho más costoso.
Según los datos facilitados por iGERENT, compañía especializada en registro de marcas internacional, una búsqueda profesional previa con revisión de un abogado cuesta aproximadamente 90 euros en España, mientras que afrontar posteriormente una oposición puede elevar los honorarios profesionales hasta unos 735 euros.
Si además resulta necesario negociar con la otra parte, el coste conjunto puede alcanzar aproximadamente los 1.165 euros, cerca de 13 veces más que la búsqueda inicial.
En expedientes administrativos más complejos, en los que concurran varias incidencias, los honorarios profesionales pueden aproximarse a los 1.640 euros.
El riesgo adquiere además especial relevancia en un contexto de incremento de la actividad registral. A 3 de septiembre de 2026, las solicitudes procedentes de empresas españolas atendidas por iGERENT ya superaban en un 32% el número de solicitudes registradas durante todo 2025.
Los datos globales manejados por iGERENT muestran que una de cada tres búsquedas profesionales previas identifica algún posible riesgo o conflicto.
La compañía señala además una diferencia del 60% en la tasa de éxito entre las solicitudes que cuentan con esta comprobación y aquellas que se presentan sin ella.
El análisis previo permite revisar, entre otras cuestiones, posibles similitudes con marcas anteriores, las clases de productos o servicios relevantes y los territorios en los que se pretende operar.
La finalidad es detectar obstáculos antes de que la empresa haya realizado inversiones relevantes en diseño, web, packaging, publicidad o desarrollo de producto.
Denominación social, dominio y marca no son lo mismo
Uno de los errores más frecuentes consiste en considerar que la disponibilidad de una denominación social, un dominio de internet o un nombre en redes sociales implica automáticamente que esa denominación pueda registrarse como marca.
Según expone iGERENT, esta situación es especialmente habitual entre startups, pymes y nuevos negocios, que comienzan a desarrollar su identidad comercial antes de realizar una búsqueda profesional de marcas.
El problema aparece cuando, después de invertir en la nueva identidad y generar cierta notoriedad, la empresa descubre que existe una marca anterior que puede dificultar o impedir el registro.
En ese momento, cambiar de denominación puede implicar nuevos gastos y la pérdida de parte del reconocimiento o posicionamiento previamente construido.
Una búsqueda superficial puede no detectar marcas similares
Otra de las incidencias señaladas es limitar la búsqueda a Google, redes sociales, herramientas de inteligencia artificial o bases de datos centradas únicamente en marcas idénticas.
Las marcas similares también pueden originar conflictos cuando protegen productos o servicios relacionados.
Por este motivo, iGERENT insiste en la importancia de analizar previamente las semejanzas existentes, las clases afectadas y los territorios relevantes antes de lanzar una nueva marca al mercado.
Los nombres demasiado descriptivos pueden tener menor protección
El tercer problema se encuentra en la elección de denominaciones excesivamente genéricas o descriptivas.
Un nombre que describe con precisión la actividad de una empresa puede ofrecer una protección limitada y encontrar obstáculos relacionados con la falta de carácter distintivo.
La expansión de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar nombres, logotipos o eslóganes en pocos segundos puede, según la compañía, reforzar esta confusión.
El hecho de que una herramienta proponga una determinada denominación no implica que esa marca sea jurídicamente viable o registrable.
Registrar en las clases equivocadas también genera riesgos
Una marca puede estar registrada y, sin embargo, no proteger correctamente toda la actividad empresarial.
Seleccionar de forma incorrecta los productos o servicios que deben quedar cubiertos, excluir actividades relevantes o presentar la solicitud a nombre de un titular inadecuado puede generar lagunas de protección.
Estos problemas pueden aparecer posteriormente durante una ronda de inversión, una licencia, una operación corporativa, el lanzamiento de una nueva línea de negocio o un proceso de expansión internacional.
Por ello, antes de presentar una solicitud resulta necesario determinar qué productos y servicios necesita proteger realmente la empresa y quién debe figurar como titular.
Esperar demasiado también puede dificultar el registro
El quinto error identificado consiste en retrasar la protección de la marca hasta comprobar si el negocio funciona.
Esta estrategia puede provocar que, cuando la empresa finalmente solicite el registro, ya exista un derecho anterior que complique el procedimiento después de haber invertido tiempo y dinero en construir la identidad comercial.
Según la experiencia de iGERENT, un registro sin incidencias tarda aproximadamente ocho meses en España.
Cuando aparecen objeciones, suspensos u oposiciones de terceros, el procedimiento puede prolongarse de manera considerable y, en determinados supuestos, el plazo máximo de resolución puede alcanzar los 20 meses.
La compañía considera que, en el caso de startups y nuevos negocios, la protección debería plantearse antes de realizar una inversión importante en el nombre elegido.
Para compañías ya consolidadas, recomienda revisar la protección cuando el lanzamiento de un nuevo producto o la entrada en otro mercado se conviertan en proyectos reales.
De 90 euros a más de 1.000 euros
La diferencia económica entre prevenir un conflicto y gestionarlo después puede multiplicarse casi por 13.
Una búsqueda profesional cuesta aproximadamente 90 euros. Preparar la defensa frente a una oposición puede alcanzar unos 735 euros, mientras que la negociación posterior con la otra parte puede elevar el coste conjunto hasta aproximadamente 1.165 euros.
A estas cifras pueden añadirse otros costes empresariales que no están incluidos en los honorarios profesionales.
Modificar una marca que ya opera en el mercado puede obligar a desarrollar una nueva identidad visual, modificar dominios y páginas web, sustituir packaging, etiquetas o stock, actualizar materiales comerciales y lanzar nuevas campañas.
También puede implicar la pérdida de parte del posicionamiento, la notoriedad y el reconocimiento previamente conseguidos.
“El problema no es solo cuánto puede costar resolver un conflicto, sino cuándo se descubre. Si una empresa ya ha invertido en diseño, web, packaging o publicidad, cambiar de marca puede tener un impacto mucho mayor que los propios costes del procedimiento”, explica Conrad Fahrenkrug, asesor internacional en propiedad intelectual de iGERENT.
Fahrenkrug advierte además de que las comprobaciones comerciales no sustituyen al análisis jurídico previo.
“Que un nombre no aparezca en Google, esté libre en redes sociales o haya sido generado por una herramienta de IA no significa que esté legalmente disponible. La comprobación debería hacerse antes de invertir en construir la marca, no cuando ya está en el mercado”, concluye.
