Este lunes, Vox daba la sorpresa, y tomaba la decisión de solicitar el registro de la marca «Dmocracia», diseñada desde el Gobierno del PSOE para conmemorar los 50 años de la democracia en España. Un giro político que, sin embargo, podría no tener carga «empresarial».
En los últimos días, saltaba la sorpresa desde el Ejecutivo nacional: nacía la marca ficticia «DMOCRACIA».
Una marca para la que el Gobierno de Pedro Sánchez contrataba a «influencers» como Marina Rivers o Sara Fructuoso, con un presupuesto de casi 400.000 euros, para lanzar una campaña de comunicación en celebración de los 50 años de democracia en España.
Campaña publicitaria que no ha pasado desapercibida, siendo muchos los que han criticado, entre otros, el presupuesto invertido, o la elección de los «protagonistas» de esta imagen de ropa «institucional».
Moda que, sin embargo, desde el Gobierno se ha asegurado que no se trata de otra cosa que una acción dirigida al público joven, y que realmente esas prendas no estarán disponibles para la venta.
Polémica ante la que el partido de Santiago Abascal, Vox, no ha tardado en movilizarse, registrando la marca promocionada por el Gobierno ante la Oficina de Patentes y Marcas.
«Es una demostración de lo mal que hacen las cosas los socialistas patrios», aseguraban desde el partido de Abascal: «Es de género tonto crear una marca y no registrarla».
Un registro que, sin embargo, no es tan sencillo, tal y como explica a Confilegal la abogada especializada en propiedad intelectual Cristina Casas Feu, CEO de Casas IP.
«Dmocracia» será difícil de registrar
Así pues, el primer «punto» del partido es para los de Santiago Abascal. Ello, debido a que el uso de la marca Dmocracia por parte del Ejecutivo no es suficiente para marcar su propiedad.
«En España y en la Unión Europea, el uso previo (de una marca) no es un derecho. Para tener un derecho sobre una denominación o una marca, hay que registrarla. Hay otras jurisdicciones, como Estados Unidos, donde el uso sí que tiene cierto valor, pero en España rige que el primero que registre de buena fe una marca, es su propietario legítimo», explica Casas Feu.
Así pues, ciertamente, el PSOE tendría que haber registrado la marca para poder obtener el derecho sobre su exclusividad.
Sin embargo, la abogada pone un importante matiz: «Es cierto que muchos partidos políticos hacen campañas puntuales, sacan una marca o un slogan, y no lo registran».
En cuanto al registro, Vox no tendrá tan sencillo que la Oficina de Patentes y Marcas otorgue la propiedad del dominio a los de Santiago Abascal.
«El examinador de oficio de la Oficina de Marcas va a haber si no concurren prohibiciones absolutas. Es decir, que esa denominación, que se llama «Dmocracia», no es genérica, carente de altura distintiva, de común uso… porque nadie puede apropiarse palabras de común uso. Nadie, por ejemplo, puede registrar la palabra «mesa» y que tengan la propiedad sobre esa palabra», valora la experta.
Un caso que será difícil de defender en el caso de la palabra «Dmocracia», para la valoración de Cristina Casas Feu: «Socialmente, los partidos no suelen registrar estas campañas porque no vuelven a utilizarlas. Y jurídicamente, no creo que se lo vayan a aceptar, pero no sólo a Vox, sino a ningún partido político o entidad jurídica».
«Para mí, es una llamada de atención para esta marca en concreto. Se supone que es una marca para ropa, no por algo político. Pero tengo mis dudas de que se pueda registrar en propiedad la palabra democracia, aunque sea para uso que no sea político o público», destaca.
La posible respuesta del PSOE ante el registro
Sin embargo, en el hipotético caso de que finalmente Vox consiguiese el registro y la propiedad de la marca «Dmocracia», el PSOE, o el Ejecutivo, aún tendrían posibilidades de actuación.
«En este caso, el PSOE tendría una acción que es la nulidad por mala fe. Tendría que probar la mala fe de Vox de registrar una marca que les corresponde a ellos», valora la abogada. Una acción de nulidad que se tendría que llevar a cabo en la Oficina de Patentes y Marcas.
Del mismo modo, el. Gobierno podría luchar por la marca, de poder registrarse, en los tribunales.
En este caso concreto, explica Casas Feu, el PSOE podría llevar el caso a sede judicial, «presentando una acción reivindicatoria, pidiendo la titularidad. Y mostrar que esa marca pertenece al Gobierno o al PSOE».
