El Casino de Agricultura de Valencia acogió el pasado 1 de julio algo más que una presentación institucional. Fue, en realidad, una declaración de intenciones envuelta en toga y birrete.
Foro Jurídico Valenciano —Forum Jurídic Valencià, para quien prefiera la otra lengua cooficial—, una asociación que aspira a devolver el debate jurídico a un terreno que sus impulsores consideran secuestrado por la crispación mediática vio la luz.
El acto no escatimó en solemnidad. Secretario autonómico de Justicia, subsecretario de Presidencia, vicepresidente del Consejo Jurídico Consultivo, decanos de tres facultades de Derecho, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Audiencia Provincial de Valencia, representantes de los colegios de abogados, procuradores y registradores. Un plenario de togas y birretes que pocas asociaciones recién nacidas logran reunir en su bautismo.
Ocho juristas, un proyecto
Detrás de la iniciativa hay una junta directiva de ocho profesionales, todos con trayectoria en la administración de justicia valenciana. La preside María Begoña Tárrega Cervera, magistrada de la sección civil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana.
La acompañan como vicepresidentas María Emilia Adán García, registradora de la propiedad, mercantil y de bienes muebles -y expresidenta del Colegio de Registradores–, y Cristina Gil Fabregat, letrada del Cuerpo Superior Jurídico de la Administración de Justicia y directora del Servicio Común de Ejecución de Valencia.
El resto de la junta lo completan Miracle Micó Bravo como secretaria, y como vocales Silvia Moya Cebriá —especialista en familia, sucesiones y violencia de género—, Antonio Cano Santana, Javier Plaza Penades —catedrático de Derecho Civil en la Universitat de València— y José Salvador Tárrega Cervera, director general de Participación Ciudadana de la Generalitat.
Un discurso con más de un mensaje
La intervención de apertura, a cargo de la propia presidenta, no se limitó a la mera formalidad protocolaria. Tárrega remontó el origen del derecho al Código de Ur-Nammu, la primera ley escrita conocida, de hace más de 4.000 años, para enlazar después con Ulpiano y sus tres preceptos clásicos: vivir honestamente, no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo.
Entre las citas históricas se coló también un posicionamiento que no pasará desapercibido en el sector: la presidenta calificó el término «lawfare» de concepto «antidemocrático» e «inexistente» en España, defendiendo la independencia de jueces y magistrados frente a lo que describió como intentos de deslegitimar la función judicial desde las instituciones.
Un mensaje que, en el actual contexto de tensión entre poder judicial y poder político, difícilmente puede leerse como casual.
La primera ponencia: los tribunales de instancia, a examen
El plato fuerte de la jornada llegó con la intervención de María Dolores Hernández Rueda, jefa del Servicio de Inspección del CGPJ y magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en situación de servicios especiales.
Con 33 años de carrera judicial a sus espaldas, Hernández Rueda analizó el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La cifra que resume la magnitud de la reforma: cerca de 3.900 juzgados unipersonales sustituidos por 431 Tribunales de Instancia, implantados de forma escalonada durante 2025 en tres fases sucesivas.
La mayor reorganización de la planta judicial española en décadas, expuesta por alguien que la observa desde dentro del propio órgano de gobierno de los jueces.
Un calendario ya cerrado
La junta directiva no ocultó su ambición: actividades mensuales programadas hasta fin de año, con ponentes de primer nivel ya confirmados.
El acto se cerró con una actuación de alumnos del Conservatorio José Iturbi de Valencia, dirigidos por el profesor José Ruiz, y un vino de honor que sirvió, más que como colofón protocolario, como termómetro informal del interés que ha despertado la nueva asociación entre la carrera judicial y la abogacía valenciana.
