Un estudio del Colegio de la Abogacía Madrileña (ICAM) elaborado a partir de las respuestas de 1.373 profesionales, revela problemas recurrentes para acceder a expedientes completos, consultar grabaciones y resolver incidencias tecnológicas.
La abogacía madrileña no cuestiona que la Justicia deba modernizarse. Lo que pone en duda —y con cifras contundentes— es la forma en que esa transformación digital se está llevando a cabo y las garantías que ofrece a quienes tienen encomendada la defensa de los ciudadanos.
El primer gran estudio promovido por el ICAM sobre el impacto de la Justicia digital dibuja un escenario crítico.
El 46,9 % de los 1.373 colegiados consultados se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de los sistemas, frente al 22,3 % que realiza una valoración positiva. La nota media apenas alcanza los 2,6 puntos sobre cinco.
La percepción empeora cuando se pregunta por la duración de los procedimientos. Un 29,8 % considera que las herramientas digitales apenas contribuyen a agilizarlos y otro 26 % sostiene que, directamente, los están dificultando. Solo el 7,5 % aprecia una mejora clara.
«La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas», advierte el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
A su juicio, la tecnología únicamente representa un avance cuando mejora el servicio público y refuerza las garantías procesales.
Nueve de cada diez abogados han sufrido dificultades de acceso
El Expediente Judicial Electrónico concentra buena parte de las quejas. Aunque el 50,6 % de los participantes reconoce que supone algún tipo de avance, solo el 13,8 % lo considera un progreso claro.
Para el 36,9 %, la mejora viene acompañada de problemas importantes, mientras que un 22 % entiende que ha dificultado la instrucción de los asuntos.
El dato más significativo afecta al acceso a las actuaciones. El 60 % de los encuestados encuentra con frecuencia o mucha frecuencia problemas para consultar el expediente de forma completa, ordenada y con la antelación necesaria. Otro 29,4 % los experimenta algunas veces.
En conjunto, cerca de nueve de cada diez profesionales se han topado, al menos ocasionalmente, con estas dificultades.
Los documentos incompletos o mal incorporados constituyen la incidencia más habitual, señalada por el 57,7 %.
Le siguen los problemas para acceder a grabaciones o archivos audiovisuales —51,5 %—, las diferencias de funcionamiento entre órganos judiciales y territorios —49,4 %—, la dificultad para localizar documentos —48,9 %— y la ausencia o deficiente elaboración del índice electrónico —42,8 %—.
Para Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, no se trata de simples contratiempos informáticos.
«Un expediente incompleto, una grabación inaccesible o un documento que no puede localizarse pueden impedir que un abogado conozca a tiempo toda la información necesaria para preparar una defensa», subraya.
Detrás de cada fallo tecnológico, añade, puede encontrarse un ciudadano cuyas garantías procesales están en juego.
El acceso íntegro al expediente, la reforma más urgente
Cuando se pide a los profesionales que identifiquen las mejoras prioritarias, el 73,3 % sitúa en primer lugar el acceso completo al expediente judicial.
A continuación aparecen la interoperabilidad entre plataformas y territorios, reclamada por el 49,4 %; la correcta ordenación e indexación de las actuaciones, por el 45,6 %; y una atención eficaz ante las incidencias, por el 41,9 %.
La lista se completa con la estabilidad técnica de los sistemas, la seguridad y confidencialidad de la información, la formación de los abogados, la participación profesional en el diseño de las herramientas y la regulación del uso de la inteligencia artificial.
Ribón sostiene que la modernización no puede consistir simplemente en trasladar los procedimientos del papel a una pantalla.
El expediente, afirma, debe ser íntegro, comprensible, actualizado y accesible desde el momento mismo de la personación. La defensa debe disponer, además, de las mismas posibilidades de consulta que el resto de los operadores jurídicos.
El Turno de Oficio soporta las mayores deficiencias
Las carencias resultan especialmente graves para los profesionales del Turno de Oficio, que representan el 18,1 % de la muestra y encabezan casi todos los indicadores de fricción con la Justicia digital.
El 68,5 % encuentra con frecuencia o mucha frecuencia problemas para acceder al expediente de manera completa y ordenada.
El porcentaje se sitúa en el 64,8 % entre los despachos pequeños y medianos y en el 55,7 % dentro de la abogacía de empresa.
El Turno de Oficio es también el ámbito que menos confía en la seguridad de las plataformas: el 47,5 % duda de que garanticen adecuadamente la confidencialidad y el secreto profesional.
Asimismo, un 16 % sufre habitualmente fallos tecnológicos que repercuten en el ejercicio de la defensa, frente al 12,4 % del conjunto de los encuestados.
Es, además, el único sector profesional en el que la valoración negativa del Expediente Judicial Electrónico supera a la positiva.
Un 45,9 % considera que no ha representado una mejora apreciable o que ha dificultado la instrucción, mientras que un 43,6 % lo percibe como un avance.
El diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, recuerda que estos abogados trabajan con plazos muy ajustados, intervienen en situaciones urgentes y atienden a personas especialmente vulnerables.
«Si el expediente está incompleto, la grabación no es accesible o la plataforma falla, no solo se perjudica al abogado: se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos», señala Mayllo.
Incidencias sin una respuesta eficaz
El 59,7 % de los participantes asegura haber sufrido, al menos alguna vez, fallos tecnológicos que han afectado al ejercicio de la defensa o a la adecuada prestación de sus servicios. Para un 12,4 %, estas situaciones se producen con frecuencia o mucha frecuencia.
La respuesta ofrecida por el sistema tampoco convence. Solo el 8,6 % considera que existen mecanismos rápidos y eficaces para comunicar una incidencia y obtener una solución. El 43 % sostiene que esos cauces no existen y otro 36,2 % afirma que únicamente funcionan en determinados casos.
Ante esta situación, el ICAM reclama canales de asistencia inmediata, instrumentos que permitan dejar constancia de cada incidencia y protocolos que impidan que una caída de la plataforma perjudique un plazo procesal o los derechos de un justiciable.
La seguridad constituye otro motivo de inquietud. El 42,1 % confía poco o nada en que las plataformas garanticen la confidencialidad y el secreto profesional; el 34,7 % expresa una confianza parcial y apenas el 13,7 % confía plenamente en ellas.
Videoconferencias sí, pero no para cualquier actuación
El estudio arroja una valoración más favorable de las videoconferencias cuando se reservan para actuaciones concretas.
El 38,15 % aprecia una mejora en determinados actos y un 17,31 % considera que han elevado claramente la calidad del servicio. En cambio, el 16,08 % no detecta una mejora relevante y el 12,47 % cree que lo han empeorado.
Respecto de los juicios telemáticos, el 26,4 % acepta su utilización general.
Un 36,8 % los limitaría a actuaciones sencillas o no controvertidas, el 21 % se opone con carácter general y el 14,8 % condiciona su empleo a la jurisdicción o al tipo de procedimiento.
El principal riesgo son los problemas técnicos durante la vista, citados por el 68,3 %.
También preocupan la dificultad para valorar la prueba testifical o pericial —56,6 %—, la pérdida de inmediación judicial —53,8 %—, los obstáculos para comunicarse con el cliente —43,4 %— y la merma de solemnidad o garantías procesales —38,6 %—.
El Colegio defiende su utilización cuando aporte una ventaja real, pero rechaza su implantación automática en procedimientos en los que resulten esenciales la inmediación, la valoración directa de la prueba o la comunicación confidencial entre abogado y cliente.
La inteligencia artificial despierta inquietud
La posible incorporación de la inteligencia artificial a la actividad de jueces y fiscales preocupa mucho o bastante al 59,3 % de los profesionales. Solo el 20,5 % manifiesta poca o ninguna inquietud.
La posición mayoritaria —46,1 %— consiste en admitirla únicamente como herramienta auxiliar y siempre bajo control humano. Otro 28,6 % reclama que quede excluida de las decisiones judiciales o fiscales sustantivas, mientras que el 20,1 % aceptaría su utilización si se garantiza la transparencia y la supervisión.
La inquietud alcanza igualmente al trabajo de los propios abogados: el 50,4 % se declara mucho o bastante preocupado por su uso profesional y otro 22,6 % expresa algún grado de recelo.
Tres de cada cuatro encuestados respaldan, además, la obligación de declarar cuándo se ha empleado inteligencia artificial en un procedimiento.
El 36,3 % considera que debería comunicarse siempre; el 32,1 %, cuando pueda influir en el contenido jurídico o probatorio; y el 7,3 %, cuando la utilicen determinados operadores.
Los errores y sesgos constituyen el principal riesgo, señalado por el 76,6 %.
Les siguen la falta de control humano —67,2 %—, la responsabilidad profesional —45,3 %—, el tratamiento de datos confidenciales —43,6 %—, la desigualdad tecnológica entre las partes —42,4 %—, la falta de transparencia —40,5 %— y la posible afectación al derecho de defensa —35,2 %—.
Una reclamación prácticamente unánime
El dato más rotundo del estudio es el relativo a la participación profesional. El 95,4 % considera que la abogacía debe intervenir más activamente en el diseño, la evaluación y la mejora de la Justicia digital. Para el 76,9 %, esa participación debe tener carácter prioritario.
El ICAM pide que esa colaboración se produzca desde las primeras fases de elaboración normativa y desarrollo tecnológico, y no cuando las plataformas ya están implantadas y sus deficiencias han llegado a los procedimientos.
«Escuchar a la abogacía no es defender un interés corporativo», recalca Ribón. Supone, explica, incorporar la experiencia de quienes conocen las consecuencias que cada fallo puede provocar en un procedimiento y en la vida de un ciudadano.
Las respuestas abiertas recogidas en la encuesta describen expedientes incompletos o sin foliar, grabaciones inaccesibles, plataformas distintas en función del territorio y dificultades para acreditar las incidencias mientras los plazos procesales continúan avanzando.
El estudio forma parte del nuevo número de OTROSÍ, la revista del ICAM, y se completa con un dossier jurídico sobre Justicia digital y garantías procesales coordinado por Antonio Abellán.
En él participan, entre otros especialistas, los magistrados Eloy Velasco y Joaquín Delgado. La publicación incluye también una entrevista con el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena sobre cuestiones como la prueba digital.
Para Roberta Poza, diputada del ICAM y presidenta del Consejo Editor, el objetivo es que OTROSÍ sea algo más que una publicación informativa: un espacio desde el que anticipar los cambios, identificar riesgos para las garantías procesales y formular propuestas concretas.
La conclusión del Colegio es clara: digitalizar la Justicia no consiste únicamente en instalar plataformas. Si la tecnología impide acceder a una actuación, dificulta la comunicación con el cliente o deja al abogado sin respuesta ante una incidencia, la modernización corre el riesgo de convertirse en una nueva fuente de indefensión.
