La Comisión Permanente reclama la convocatoria inmediata de la Comisión Mixta con el Ministerio y reitera que revoque la decisión de no financiar las medidas de apoyo.
Un informe del Servicio de Inspección alerta de que la paralización afectará especialmente a la Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona y comprometerá el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
El enfrentamiento institucional entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la financiación de los refuerzos judiciales se intensifica.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó este martes, por unanimidad, solicitar la convocatoria urgente de la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio de Justicia para abordar la negativa del departamento dirigido por el Ejecutivo a autorizar económicamente la renovación de diversas medidas de refuerzo en órganos judiciales especializados.
La decisión llega apenas una semana después de que la Permanente reclamara al Ministerio que reconsiderara su negativa a financiar estas comisiones de servicio y tras conocer un informe del Servicio de Inspección que cuantifica con precisión las consecuencias de esa decisión: al menos 12.470 asuntos dejarán de resolverse durante el segundo semestre de 2026.
El CGPJ insiste en que el Ministerio rectifique
La Comisión Permanente no solo ha solicitado la reunión urgente de la Comisión Mixta. También ha reiterado formalmente su petición al Ministerio para que revierta la decisión adoptada el pasado 29 de junio respecto a las medidas de refuerzo destinadas a los órganos especializados en litigios sobre condiciones generales de la contratación —fundamentalmente, procedimientos sobre cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios—.
El acuerdo se adopta tras analizar el informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ, solicitado por la Secretaría General del Consejo precisamente para evaluar el impacto que tendría la desaparición total o parcial de esas comisiones de servicio.
12.470 procedimientos quedarán paralizados
Las conclusiones del informe son contundentes.
Según los inspectores del CGPJ, la no renovación de las medidas de refuerzo provocará que 12.470 procedimientos queden suspendidos o sin resolver entre julio y diciembre de este año, afectando tanto a Audiencias Provinciales como a Tribunales de Instancia especializados en litigios bancarios.
El desglose realizado por el Servicio de Inspección es el siguiente:
- Audiencia Provincial de Valencia: 1.400 sentencias.
- Tribunal de Instancia de Alicante: entre 1.830 y 1.880 asuntos.
- Tribunal de Instancia de Castellón: entre 750 y 800 asuntos.
- Tribunal de Instancia de Valencia: 1.440 asuntos.
- Audiencia Provincial de Barcelona: 600 sentencias.
- Tribunal de Instancia nº 50 de Barcelona: 1.800 asuntos.
- Audiencia Provincial de Madrid: 840 asuntos.
- Tribunal de Instancia nº 101 de Madrid: 2.250 asuntos.
- Tribunal de Instancia nº 104 de Madrid: 1.560 asuntos.
Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona concentran el mayor impacto
El informe identifica tres focos especialmente preocupantes.
La Comunidad Valenciana soportará el mayor volumen de retrasos, con entre 5.420 y 5.520 procedimientos que quedarán pendientes de resolución.
Le sigue la Comunidad de Madrid, donde se calcula que dejarán de resolverse alrededor de 4.650 asuntos, mientras que Barcelona acumulará aproximadamente 2.400 procedimientos pendientes únicamente entre la Audiencia Provincial y el Tribunal de Instancia especializado.
Barcelona: el tiempo de respuesta podría duplicarse
Uno de los casos más significativos es el del Tribunal de Instancia nº 50 de Barcelona, especializado desde 2017 en litigios sobre cláusulas abusivas.
La presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona advierte en un informe específico que la negativa del Ministerio a renovar las cinco comisiones de servicio supondrá dejar de dictar 1.800 sentencias durante el segundo semestre del año y provocará que el tiempo medio de resolución pase de aproximadamente dos años a, como mínimo, cuatro.
Además, el órgano acumula ya 31.135 procedimientos en trámite, de los cuales más de 15.000 corresponden a demandas todavía pendientes de incoación.
Suspensiones inmediatas de vistas y señalamientos
El Servicio de Inspección también pone de relieve que las consecuencias no serán únicamente estadísticas.
En Castellón ya se han suspendido 95 audiencias previas previstas para julio como consecuencia de la finalización de la comisión de servicio del magistrado de refuerzo.
En el Tribunal de Instancia nº 101 de Madrid se han tenido que cancelar 150 vistas ya señaladas para el mes de julio, mientras que en el Tribunal nº 104 se han suspendido 318 audiencias previas y cinco juicios.
Los inspectores advierten de que estas suspensiones obligarán además a volver a señalar todas las actuaciones, incrementando todavía más la carga de trabajo de los servicios comunes.
El CGPJ ya alertó del riesgo para la tutela judicial efectiva
La decisión de la Comisión Permanente se produce después de que el pasado 1 de julio el órgano de gobierno de los jueces aprobara también por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsiderara la denegación de la autorización económica previa para las medidas de refuerzo previstas en 62 órganos judiciales de toda España.
En aquel acuerdo, el CGPJ expresó ya su preocupación por las consecuencias que tendría la desaparición de estos apoyos extraordinarios, al entender que obligaría a paralizar actuaciones jurisdiccionales «necesarias e imprescindibles» y pondría en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Ahora, con el respaldo del informe elaborado por el Servicio de Inspección, el Consejo eleva el tono institucional y reclama una reunión urgente con el Ministerio para intentar desbloquear una situación que, según sus propios datos, amenaza con agravar significativamente la congestión de los órganos especializados en litigios de consumo y cláusulas abusivas durante el resto del año.
Y en este escenario, los beneficiados claros son los bancos. Y los perjudicados los ciudadanos.
El Ministerio argumentó, para negar la continuidad de los refuerzos, argumento que la creación de 500 nuevas plazas judiciales –aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, y la entrada en vigor de la Ley de eficiencia– harían innecesarias la continuidad de estas medidas.
Sin embargo, desde el CGPJ tienen muy presente que las nuevas plazas de las secciones civiles de los tribunales de instancia no entrarán en funcionamiento hasta el 1 de noviembre de 2027.
No es, por lo tanto, una solución.
