El protocolo sobre el que el Ministerio basa su negativa a financiar nuevas medidas de apoyo es de 2019 y no contempla los cambios que han sucedido desde hace siete años en la Administración de Justicia, según ha podido saber Confilegal de fuentes jurídicas.
El marco presupuestario, cuya actualización se ha reclamado hasta en siete ocasiones desde el 15 de octubre de 2024, a través de la Comisión Mixta Consejo-Ministerio, sin resultado positivo, tiene unos beneficiados claros: los bancos.
Y unos perjudicados directos: los consumidores, ciudadanos de pleno derecho.
Este protocolo es el instrumento que articula la dotación con la que el Ministerio cubre las medidas de apoyo y refuerzo para órganos judiciales especialmente sobrecargados.
A día de hoy sigue asentado sobre un presupuesto de 7.179.842,18 euros, que el CGPJ considera insuficiente para responder al volumen actual de necesidades.
Esa insuficiencia obedece a tres factores acumulados. Desde 2019, el coste de las medidas de apoyo y refuerzo ha aumentado un 23,52%, lo que elevaría hoy la necesidad presupuestaria a 8.868.541,66 euros,
La litigiosidad en España, por otra parte, creció un 19,8% entre 2019 y 2025, y el número de jueces por habitante solo aumentó un 7,7% en ese mismo periodo.
En paralelo, la carga media sobre cada juez se ha incrementado y, en la jurisdicción civil, el informe cifra el aumento de la carga por juez en un 29,38%, al pasar de 863,80 asuntos en 2019 a 1.117,60 en 2025.
A partir de esa evolución, en opinión de vocales del CGPJ consultados, la partida prevista en el protocolo se ha visto superada casi desde el primer año.
El gasto ha venido aumentando desde 2021
El gasto ascendió a 10.887.464,60 euros en 2021, 10.550.738,10 en 2022 y 10.275.199,30 en 2023, ejercicios en los que el desfase respecto del marco presupuestario original llegó a acercarse al 50%.
Sobre ese trasfondo se produce la denegación ministerial de 64 medidas de refuerzo, lo que va contribuir, sin duda, y de forma directa, al deterioro del servicio público de Justicia.
Porque buena parte de esas medidas están relacionadas con litigación masiva derivada de condiciones generales de la contratación, cláusulas suelo o reclamaciones de transporte aéreo, de modo que el impacto recaerá de forma directa sobre consumidores y usuarios.
La supresión de esos apoyos, según las misma fuentes, supondrá, a corto plazo, la suspensión de señalamientos y vistas ya programadas y, a medio plazo, una dilación todavía mayor de estos procedimientos.
Con base en los datos trimestrales de los órganos afectados, los cálculos que se han hecho son 12.000 sentencias anuales en funciones de refuerzo, que se dejarán de dictar; el 80% de las suspensiones previstas afectará a alrededor de 9.600 asuntos.
En el trimestre actual ya se han producido 2.251 suspensiones en cuatro órganos afectados. Solo en Madrid, la plaza de refuerzo de la sección civil acumula 61.211 asuntos pendientes, que pasarían a redistribuirse entre juzgados ordinarios de primera instancia, con la consiguiente demora en la respuesta judicial.
Datos de productividad
Los datos de productividad de esas plazas, en poder del órgano de gobierno de los jueces refuerzan su tesis.
La plaza 101 de la sección civil de Madrid dicta de media 1.521,4 sentencias en funciones de refuerzo; la plaza 5 de Alicante, 903,9; la plaza 25 de Valencia, 801,4; y la plaza 50 de Barcelona, 711,8, hasta sumar una media trimestral de 3.938,6 resoluciones en esos cuatro órganos.
A juicio de las fuentes jurídicas consultadas, el argumento del Ministerio de que la creación de 500 nuevas plazas judiciales y la entrada en vigor de la Ley de eficiencia hagan innecesarias estas medidas no tiene base.
Porque las nuevas plazas de las secciones civiles de los tribunales de instancia no entrarán en funcionamiento hasta el 1 de noviembre de 2027.
Dentro de un año y medio.
Tampoco la Ley de eficiencia es una solución operativa. Porque el CGPJ sostiene que su implantación está generando problemas en la mayoría de los tribunales superiores de justicia por la alta temporalidad del personal, la falta de formación del personal interino, deficiencias informáticas relevantes y la falta de adecuación de muchas sedes judiciales al nuevo modelo.
A ello suma que instrumentos como el pleito testigo dependen de decisiones jurisdiccionales y de herramientas de detección precoz de las que, según afirma, todavía se carece.
Los vocales consultados niegan que pueda leerse como un éxito la caída de la litigiosidad a partir de datos brutos, como pretende el Ministerio.
Porque esas cifras no permiten saber si la reducción de asuntos responde a acuerdos eficaces a través de los MASC o a un aumento de inadmisiones por incumplimiento de requisitos de procedibilidad, algo que podría desalentar el acceso a la tutela judicial efectiva sin resolver realmente el conflicto.
Con ese diagnóstico, desde el CGPJ se concluye que el Ministerio debería reconsiderar la denegación de las 64 medidas de apoyo y refuerzo. Y abordar una revisión urgente del protocolo CGPJ-Ministerio para adecuarlo a las necesidades presupuestarias actuales.
Porque ni la creación de 500 plazas ni la implantación desigual de la Ley de eficiencia eliminan, a medio plazo, la necesidad de mantener estos apoyos.
