La Justicia española atraviesa una fase extraña, diríase desnortada. Un estadio político-administrativo donde las memorias técnicas, los informes oficiales, las estadísticas del CGPJ o las reiteradas peticiones formuladas por los cauces administrativos ordinarios tienen menos capacidad de transformación real que un hilo viral en X.
Un perfil judicial de Instagram o Tik Tok con 200,000 visualizaciones tiene hoy más influencia en los despachos gubernativos que un tratado de Derecho Procesal firmado por Taruffo, Ortells Ramos o Gimeno Sendra.
El episodio, esta vez, se produjo en Badajoz. Lo conocimos a raíz de la exposición pública formulada por un magistrado sobre el colapso de la clínica forense de su provincia.
El asunto merece atención.
Un juez denuncia públicamente, en una red social, la situación crítica de los equipos psicosociales y forenses. Describe retrasos incompatibles con una tutela judicial mínimamente eficaz.
Habla de procedimientos paralizados durante años, de menores atrapados en conflictos familiares eternizados y de víctimas de violencia de género pendientes de valoraciones esenciales. El mensaje genera ruido. El ruido produce foco mediático.
El foco provoca atención política. Y el Ministerio de Justicia anuncia refuerzos inmediatos. Ni más ni menos que tres psicólogos, tres trabajadores sociales y un educador antes de que llegue agosto.
Que se note el músculo ministerial. El refuerzo supone multiplicar por más de trescientos por ciento la plantilla existente, compuesta hasta ahora por un psicólogo y un único trabajador social.
La secuencia es apabullante. Revela con nitidez el punto exacto en el que se encuentran hoy los múltiples sistemas judiciales del Estado español.
Han construido durante los últimos 30 años, con el esmero propio de los copistas benedictinos, unas Administraciones de Justicia en la que problemas de inmensa gravedad —como los descritos por el juez extremeño— solo obtienen solución cuando alcanzan notoriedad suficiente en una red social.
Lo más significativo es que ante ese estímulo haya una respuesta instantánea. De pronto, aquello que durante años parecía imposible se resuelve ipso facto, sin comisiones interminables, sin memorias justificativas, sin necesidad de aprobación visible de partidas presupuestarias adicionales.
Resulta ingenuo pensar que la situación denunciada fuese desconocida. Los equipos técnicos que apoyan a los Tribunales llevan años funcionando al límite en territorios dependientes del Ministerio y de las CCAA. Las memorias judiciales lo reflejan.
Todos los que trabajamos en los Tribunales lo sabemos.
Nada ocurre
Hay informes periciales que consumen el tiempo del artículo 324 LECrim sin sonrojo. Los fiscales lo padecen. Los LAJ lo sufrimos diariamente en la gestión material de miles de procedimientos.
Los jueces lo ven en sus despachos. Los abogados, procuradores y ciudadanos también.
Y, pese a todo, nada ocurre.
Fue necesario un escaparate digital imprevisible para cualquiera que no pertenezca al pequeño clero iniciático que dice comprender los algoritmos de X.
Solo así puede explicarse por qué algunos mensajes desencadenan reacciones inmediatas mientras otros muchos se pierden en la indiferencia general. De manera súbita, el sistema descubre que podía actuar con rapidez.
Que existían márgenes de reacción. Que los refuerzos eran viables. Que los obstáculos administrativos no son infranqueables como se decía cuando las reclamaciones transitan por los cauces ordinarios.
Asistimos, en vivo y en directo, a la mutación radical de la Administración de Justicia y de su propio modelo de gestión pública.
Ahora, esa gestión empieza a funcionar bajo parámetros emocionales y mediáticos antes que organizativos. La prioridad ya no se determina por la gravedad objetiva del problema, sino por su capacidad de producir impacto reputacional.
La Administración arrincona los expedientes y reacciona frente a los tuits. Las tendencias de las redes convierten a los informes técnicos en papel mojado.
Es la difusión masiva de un vídeo de dos minutos la que se impone, sin mayor esfuerzo, al diagnóstico acumulado durante años.
Que las cosas funcionen ya así resulta particularmente perturbador en el ámbito de la Justicia.
En una sociedad avanzada, como pretende ser la nuestra, la Justicia debería constituir el territorio institucional menos permeable a la lógica de la inmediatez emocional.
Su propia esencia exige distancia, racionalidad, estabilidad y planificación. Justo lo contrario de las dinámicas propias de las redes sociales. Gobernar la Administración de Justicia a golpe de fogonazo tuitero conduce inevitablemente a una gestión espasmódica, reactiva y superficial.
San Bernardo y sus terminales territoriales actúan allí donde aprieta el zapato mediático de las redes. Mientras tanto, lo no percibido —si un árbol cae en un bosque y nadie lo oye, ¿produce sonido? — continúa degradándose en silencio.
Lo hasta aquí contado adquiere una dimensión todavía más paradójica si se conecta con las tres llamadas leyes de eficiencia impulsadas por el actual Ministerio de Justicia.
La Ley Orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia; el Real Decreto-ley 6/2023, sobre transformación digital y eficiencia procesal; y la Ley 1/2025, relativa a los medios adecuados de solución de controversias.
La arquitectura narrativa de esas reformas descansa sobre conceptos como planificación estratégica, administración guiada por métricas, interoperabilidad, eficiencia organizativa o racionalización de recursos.
El lenguaje tecnocrático empleado durante estos años es abrumador. Parecía anunciarse el advenimiento de una Administración de Justicia gobernada mediante indicadores verificables, análisis predictivos y estructuras modernas de gestión.
Pero lo que vemos/padecemos es muy distinto. Un magistrado publica varios mensajes en X y, en apenas unos días, se desencadena una reacción que años de informes, estadísticas, memorias y advertencias internas jamás consiguieron provocar. Resulta difícil encontrar una imagen más demoledora del fracaso práctico de toda esa retórica institucional sobre la gestión orientada al dato.
Burocracia circular
Mientras tanto, otros responsables llevamos meses reclamando —por cauces bastante menos vistosos y mucho más ingratos— medios personales y materiales básicos. La respuesta acostumbra a ser siempre la misma. Piden datos.
Se aportan. Después solicitan más datos. También se remiten. Y cuando se vuelve a preguntar por el estado de la cuestión, reclaman nueva información adicional. El ciclo se repite indefinidamente en una burocracia circular que parece descansar sobre una esperanza malsana: que el agotamiento termine desactivando la reclamación.
Reparemos, para concluir, en el mensaje institucional que todo esto transmite a LAJ, jueces, fiscales, y funcionarios. Los cauces ordinarios sirven de poco. Lo eficaz son las redes. Lo operativo pasa por convertir las carencias de medios en material para Instagram.
Siempre he creído que las instituciones sólidas funcionan mediante procedimientos previsibles, canales estables y respuestas estructuradas. Si destruimos eso también transitamos hacia modelos de gestión sostenidos por la presión pública permanente.
Yo me niego a que la Justicia española se pliegue a tal lógica. Una lógica en la que las prioridades acaban determinadas por la capacidad de un mensaje para circular en un algoritmo diseñado a miles de kilómetros de nuestras Oficinas Judiciales, completamente ajeno a los problemas diarios de nuestra organización judicial.
Las redes sociales son extraordinarias para visibilizar problemas. Puede que sirvan para romper inercias burocráticas y forzar reacciones ministeriales rápidas. Pero son disolventes para planificar políticas públicas complejas, distribuir recursos escasos con criterios objetivos o sostener reformas organizativas coherentes.
En todo caso, mi enhorabuena al magistrado extremeño. Ha entendido perfectamente una vieja máxima mesetaria y darwiniana que, a la vista de los acontecimientos, conserva plena vigencia en la España oficial contemporánea: el que no llora, no mama.
