Este agosto nos ha dejado dos estampas del mismo Gobierno, y conviene mirarlas juntas porque juntas dicen más que por separado.
La primera: el 1 de agosto, recién llegado a Lanzarote para iniciar sus vacaciones, el presidente publicó en redes su lista de canciones para el verano; nueve días más tarde llegó un vídeo, grabado en Moncloa, con sus lecturas recomendadas.
La segunda estampa es del 12 de agosto: la ministra de Defensa pasaba revista en Ceuta al Tercio «Duque de Alba», 2.º de la Legión, escuchaba a las autoridades y a los vecinos de la ciudad y resumía en una frase lo que dos semanas de comunicados oficiales no habían acertado a decir: «Lo que pasó el día 30 no puede volver a pasar».
Entre la playlist y la Legión no media una simple diferencia de agenda ni de gustos: media una concepción entera de lo que significa servir al Estado.
Esta columna va de la segunda estampa. Y como el elogio, en tiempos de trinchera, es el género más sospechoso de todos, conviene empezar por donde empezaría un buen escrito forense: por la declaración de intereses.
Declaración de intereses: la conocí trabajando
Conocí a Margarita Robles en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que fue vocal entre 2008 y 2013, años en los que compartimos trabajo y alguna que otra discrepancia. No hablo, pues, de oídas. De aquella etapa me quedaron dos certezas que el tiempo no ha hecho sino confirmar: una capacidad de trabajo poco común, de las que no necesitan escenografía, y una moderación de fondo que no debe confundirse con tibieza; la suya es la moderación de quien ha resuelto demasiados asuntos difíciles como para creer en las soluciones simples.
Quienes me leen saben también que no soy sospechoso: ni de sanchismo ni de socialdemocracia; soy otra cosa muy distinta, y lo he dejado escrito en estas páginas hasta la saciedad. Precisamente por eso me obligó hoy a este ejercicio. Hace unos días me planteaba, a propósito de una propuesta fiscal de Trump, el deber de aplaudir sin afiliarse: cuando el adversario acierta, se dice.
El principio no puede regir sólo para los presidentes ajenos; también obliga en casa, y también cuando el elogio recae sobre un miembro de un Gobierno al que vengo criticando con dureza y, creo, con razón. Un demócrata que solo aplaude a los suyos no está haciendo crítica: está pasando lista.
La biografía, además, importa, porque explica el estilo. Robles no llegó a la política desde la mercadotecnia electoral, sino desde más de tres décadas de jurisdicción. Ingresó en la carrera judicial en 1981; en 1991 se convirtió en la primera mujer en presidir una Audiencia Provincial, la de Barcelona; sirvió como subsecretaria de Justicia y secretaria de Estado de Interior en los años noventa; pasó por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y, desde 2004, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo; fue vocal del Consejo antes de dar el salto definitivo a la política en 2016.
Desde junio de 2018 dirige el Ministerio de Defensa: ocho años ya, una longevidad insólita en un Gobierno que ha cambiado de ministros con la frecuencia con que otros cambian de relato.
Los barómetros del CIS la han señalado de forma recurrente como la ministra mejor valorada del Consejo de Ministros, en ocasiones la única en aprobar. El dato no es anecdótico: en un país que suspende sistemáticamente a su clase política, cuando alguien aprueba una y otra vez conviene preguntarse qué está haciendo distinto.
Ceuta: la diferencia entre gestionar y estar
Vayamos a Ceuta, que es donde el personaje se ha jugado el juicio de estas semanas.
Sostuve aquí, a propósito de la avalancha del 30 de julio, que la crítica justa a la gestión gubernamental cabía en dos palabras: tarde y corto. La mantengo entera: los avisos existían, los medios eran insuficientes y el despliegue militar llegó cuando ya habían cruzado miles de personas. Pero la honestidad obliga a distinguir entre la decisión de desplegar —que no fue suya en solitario ni pudo serlo— y lo que las Fuerzas Armadas y su ministra han hecho desde entonces. Y lo que han hecho desde entonces tiene un nombre antiguo: estar.
Los militares llevan desde primeros de agosto sobre el terreno, «volcados en el apoyo, en la protección a la población de Ceuta», como dijo la propia ministra al cumplirse once días del despliegue. Ella viajó el día 12 a la ciudad, pasó revista a las unidades y fijó las dos frases que quedarán de esta crisis: que el apoyo se mantendrá «el tiempo que sea necesario y para todo lo que sea necesario», y que «ni a Ceuta ni a Melilla se les toca; cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es a España en su conjunto».
Para el lector peninsular, acaso retórica. Para una ciudad de ochenta y cuatro mil habitantes que se sintió sola frente a decenas de miles de personas entrando por sus espigones, la presencia física del Estado —el uniforme en la calle, la ministra en el acuartelamiento— no es un gesto: es la diferencia entre sentirse territorio y sentirse problema. Y conviene no olvidar que esas imágenes también se leen al otro lado de la frontera.
Escribí hace unos días que Rabat no lee solo nuestros comunicados, sino nuestras encuestas; añádase que también lee nuestros despliegues, y que una bandera que permanece dice más que veinte notas verbales.
No haré, sin embargo, hagiografía, porque el personaje no la necesita. En Ceuta, Robles atribuyó la avalancha a la manipulación de las mafias —«han entrado aquí 80.000 personas y muchas de esa gente es utilizada»— y evitó cuidadosamente todo reproche a Marruecos, en línea con la posición oficial del Gobierno. El lector de estas columnas sabe que mi análisis es otro: la hipótesis de la instrumentalización de la presión migratoria por Rabat merece tomarse completamente en serio, y el silencio europeo sobre el papel del vecino me parece una claudicación.
Pero seamos justos con la diferencia de oficios: el columnista especula con la libertad de quien sólo compromete su firma; una ministra de Defensa habla sabiendo que una frase suya puede costar una crisis diplomática con el país que controla la otra orilla del Estrecho. Lo suyo no es ceguera: es la ética de la responsabilidad, que Weber distinguió de la ética de la convicción precisamente porque pesa las consecuencias antes que los aplausos. Se le puede exigir a un ministro que no mienta; no se le puede exigir que analice en voz alta como un think tank.
Pasión y mesura: el temperamento que se extinguía
La cita que encabeza esta columna no está elegida al azar. Cuando Weber definió la política como un lento taladrar de duras tablas, con pasión y mesura al mismo tiempo, estaba describiendo un temperamento más que un programa: el del servidor público que trabaja sin necesidad de ser amado, aguanta sin necesidad de ser comprendido y no confunde la firmeza con el ruido. Es exactamente el temperamento que la cultura política española lleva años expulsando de sus filas, sustituido por el tertuliano con cartera. Y es, me temo que sin discusión posible, el temperamento de Robles.
Los precedentes están a la vista de quien quiera verlos.
En la primavera de 2022, cuando el escándalo del espionaje con Pegasus incendió el Congreso y media bancada pedía cabezas, fue ella quien dio la cara en sede parlamentaria y pronunció la pregunta que otros no se atrevían ni a formular: «¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?». Se puede discutir la respuesta —yo mismo le pondría matices—; no se puede discutir el gesto de comparecer y defender al Estado a cara descubierta mientras otros administraban el silencio.
Este mismo año, en plena guerra contra Irán, fue su ministerio el que sostuvo —y ella quien explicó— el despliegue de la batería Patriot que lleva más de una década protegiendo el cielo turco desde Incirlik, del que me ocupé aquí al hacer las cuentas de lo que España paga en solidaridad ajena. Y este agosto, mientras el Gobierno del que forma parte compartía canciones y lecturas, ella no compartía nada: estaba, nunca mejor dicho, al pie del cañón. Supongo que en algún momento hará vacaciones, y pocas habrá más merecidas en el escalafón entero del Estado. Pero las hará, sospecho, como las hacen los de su oficio: con el teléfono encendido.
El Senado no es territorio enemigo
Queda el último acto, y es el que justifica que esta columna se escriba hoy y no la semana que viene.
El Partido Popular ha reclamado la comparecencia de varios ministros ante el Senado para explicar la crisis de Ceuta. Interior y Exteriores se han negado. Robles, en cambio, hizo saber por escrito su disposición a comparecer, y llegó a fijarse una fecha: el martes 18. La reacción de Moncloa fue un pequeño monumento a la época: «la decisión no está tomada», replicó la Presidencia, recordando que semejantes cosas no las decide la ministra sino el aparato. Y la propia Robles, preguntada en Ceuta, se replegó a un lacónico «estamos en Ceuta hablando del tema de Ceuta».
Permítaseme, desde la vieja casa común del Derecho, recordar lo elemental. El artículo 66.2 de la Constitución atribuye el control de la acción del Gobierno a las Cortes Generales, y las Cortes Generales son dos cámaras, no una y media.
El artículo 110 reconoce a las Cámaras —a las dos— la facultad de reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Que el Senado tenga hoy mayoría del principal partido de la oposición no lo degrada a territorio enemigo: lo convierte, precisamente, en el lugar donde el control parlamentario deja de ser un trámite entre amigos y se parece a lo que la Constitución quiso que fuera.
Comparecer ante los representantes del pueblo no es una concesión graciosa que el aparato de turno administra según convenga al ciclo de comunicación; es un deber institucional, y también —los viejos parlamentarios lo sabían— una oportunidad: quien tiene una gestión que defender la defiende mejor a pecho descubierto que parapetado tras el portavoz.
Por eso el gesto de Robles vale exactamente lo que valga su firmeza. Si el martes 18 se sienta en el Senado y responde —con su tono, que no es el de la bronca sino el de la sala de vistas—, habrá hecho más pedagogía constitucional en una tarde que muchos discursos solemnes en un año, y habrá marcado a sus colegas de gabinete el estándar que llevan semanas esquivando.
Si, por el contrario, el aparato logra frenarla, la lección será igual de nítida y mucho más triste: que en este Gobierno la ética de la responsabilidad se tolera sólo mientras no comprometa la estrategia de la madriguera. Quiero creer que quien lleva cuarenta y cinco años dando la cara —en los juzgados, en el Consejo, en el Congreso, en Ceuta— no va a dejar de darla precisamente ahora.
Para un demócrata, más allá de los ideales que cada cual persiga, es un alivio comprobar que todavía quedan servidores públicos de esta talla; y es una obligación decirlo cuando militan en la acera de enfrente, porque el aplauso cruzado es de las pocas cosas que aún desmienten a quienes sostienen que en España todo es trinchera.
Weber cerró su conferencia advirtiendo que la política se hace con la cabeza, pero no solo con la cabeza: hace falta pasión, mesura y la paciencia de taladrar tablas duras. Este verano, las tablas más duras de España estaban en Ceuta, y allí sigue una ministra taladrando sin banda sonora. El martes 18, las próximas tablas la esperan en el Senado.
