La plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, cuya titular es la magistrada María Luz Lozano Gago, ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.
Le investiga por supuesto delito de prevaricación omisiva, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, según informa el digital local Ceuta al día.
La apertura de diligencias previas no implica imputación ni, mucho menos, culpabilidad. Es la fase inicial en la que un juzgado decide investigar unos hechos para determinar si existen indicios de delito.
Pérez Triano continúa, por ahora, sin haber sido formalmente acusado más allá de este trámite de instrucción.
La denuncia que ha desencadenado el procedimiento fue presentada hace una semana ante el Juzgado Decano de Ceuta.
Manos Limpias sostiene que el delegado del Gobierno incurrió en una «imprudencia grave al no haber impedido la invasión de una parte del territorio nacional», pese a conocer —según el sindicato— las alertas previas de los servicios de inteligencia.
La acusación llega más lejos en su calificación: habla de un «delito contra la independencia y seguridad del Estado español».
El testimonio de Robles, en el centro de la denuncia
El fundamento probatorio de la denuncia se apoya, según explica el propio sindicato, en la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Manos Limpias sostiene que la ministra afirmó de forma «categórica e inequívoca» que se había avisado al delegado del Gobierno de Ceuta de la posible entrada masiva de inmigrantes.
En esa intervención parlamentaria, Robles explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el 29 de julio —víspera de los hechos— de que un contingente cercano a las 180.000 personas se preparaba para intentar entrar de forma irregular en España desde Marruecos, coincidiendo con la celebración del Día del Trono en el país vecino.
Lo que la denuncia no aclara —y que previsiblemente será el primer punto que examine la instructora— es la distancia entre recibir una alerta de inteligencia sobre un riesgo y disponer de la capacidad legal y material para neutralizarlo.
La prevaricación omisiva exige, según jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, una resolución arbitraria adoptada a sabiendas de su injusticia, y no basta con una gestión que a posteriori se revele insuficiente o incluso errónea.
